Durante años, los estados de Oregon y Washington han sido considerados líderes indiscutibles en políticas progresistas de lucha contra el cambio climático, especialmente en lo que concierne al impulso de las energías renovables. Ambos estados establecieron ambiciosas metas para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y lograr una matriz energética completamente limpia en las próximas décadas. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones y compromisos, los avances reales en el despliegue de energía renovable en el noroeste estadounidense han sido sorprendentemente insuficientes. Mientras otros estados, incluso con gobiernos menos proclives a políticas ambientales, aumentan considerablemente su capacidad en renovables, este corredor del Pacífico se encuentra atrapado en un laberinto burocrático y estructural que dificulta la expansión esperada. Una de las razones fundamentales que explican este retraso está relacionada con el sistema de transmisión eléctrica que es responsable de transportar la energía generada desde los parques eólicos y solares hasta los usuarios finales.
En el noroeste, una gigante federal conocida como la Administración de Energía de Bonneville posee y gestiona la mayoría de las líneas de alta tensión necesarias para llevar esa electricidad a las zonas urbanas. Este organismo, creado en la era del New Deal para administrar la enorme red hidroeléctrica de presas en la región, funciona hoy bajo una estructura única en el país: es una entidad federal autónoma y autofinanciada que no cuenta con representación estatal ni local directa en su toma de decisiones. Esta configuración ha generado un cuello de botella significativo en la aprobación y despliegue de nuevos proyectos energéticos renovables. Desde 2015, se han presentado cientos de solicitudes para conectar proyectos eólicos y solares a la red gestionada por Bonneville, pero apenas una de ellas ha recibido la aprobación correspondiente para avanzar hacia la construcción. En contraste, estados como Texas o el Medio Oeste, que cuentan con operadores de red con estructuras menos rígidas y más ágiles, han aprobado y puesto en marcha una gran cantidad de proyectos renovables, incluso triplicando la capacidad de generación eólica en algunos casos frente a Oregon.
La infraestructura de transmisión en la región es además antigua, con líneas que en muchas áreas tienen cerca de un siglo de antigüedad. Las mejoras y expansiones en este sistema han sido prácticamente inexistentes en las últimas tres décadas, e incluso en los últimos cinco años apenas se ha construido una milla adicional de líneas de alta tensión. Esta situación limita la capacidad del noroeste para integrar nuevas fuentes de energía limpia en su red eléctrica, siendo un freno para la transformación energética prometida. A pesar de los múltiples estudios y advertencias sobre la necesidad urgente de modernizar y expandir las redes de transmisión, los legisladores de Oregon y Washington no han logrado poner en marcha mecanismos efectivos que superen el dominio y las limitaciones impuestas por Bonneville. Intentos por crear autoridades estatales que financien y gestionen actualizaciones en la infraestructura no prosperaron en las legislaturas locales.
Por su parte, la Administración de Bonneville, apegada a una política financiera conservadora, ha mostrado reticencia a endeudarse para ampliar la red, dadas sus obligaciones previas con deudas antiguas y su enfoque en evitar construir líneas que puedan quedar inutilizadas o subutilizadas. Este enfoque ha impuesto costos elevados y riesgos financieros que deben asumir los desarrolladores de proyectos renovables. Los empresarios que proponen nuevas plantas tienen que hacer grandes depósitos iniciales para poder siquiera iniciar el proceso de interconexión, además de afrontar costos crecientes para financiar la construcción de subestaciones y líneas necesarias, lo que a menudo desalienta la inversión privada y retrasa aún más las iniciativas limpias. La paradoja de esta situación es evidente: mientras los gobiernos estatales del noroeste establecen objetivos ambiciosos para alcanzar la neutralidad de carbono y adoptar energía 100 % limpia, el principal organismo responsable de facilitar la infraestructura para esos proyectos actúa como un freno que dilata procesos críticos por años. Este desencuentro ha provocado una dependencia creciente de importaciones de electricidad de fuera de la región, a veces a precios elevados y en condiciones climáticas adversas, ocasionando dificultades para los consumidores y poniendo en riesgo la estabilidad y asequibilidad del suministro eléctrico.
El caso del desarrollador David Brown ejemplifica la complejidad y frustración que enfrentan actualmente los negocios ligados a las energías renovables en el noroeste. Su proyecto solar en el sur de Oregon, que podría abastecer a más de 100,000 hogares, lleva años esperando la aprobación para conectar la planta a la red de Bonneville. Desde 2020, Brown ha pasado por múltiples estudios de interconexión, cuyo costo estimado para construir la infraestructura necesaria escaló de 23 a más de 200 millones de dólares en pocos años, debido a factores como problemas en la cadena de suministros y aumentos en los costos laborales. Estas demoras y costos extremos ponen en duda la viabilidad de sus planes y reflejan un problema sistémico que afecta a centenares de proyectos más en estado de limbo. Mientras tanto, otros estados han adoptado modelos de gestión eléctrica más flexibles y con mayor capacidad de financiamiento.
Texas, por ejemplo, ha implementado una red propia con menor requerimiento previo de inversiones por parte de los desarrolladores, apostando a conectar proyectos masivamente y resolver los ajustes posteriores en la red. Esta estrategia, junto con desembolsos significativos para mantenimiento y expansión, ha permitido al estado convertirse en el mayor productor de energías renovables del país, superando ampliamente al noroeste en capacidad instalada y generación efectiva. La falta de avances en la expansión y modernización de las infraestructuras de transmisión del noroeste no solo afecta a la competitividad y economía regional, sino que compromete seriamente las metas climáticas que los estados de Oregon y Washington se habían propuesto alcanzar. La imposibilidad de conectar nuevos proyectos renovables a la red eléctrica retrasa la transición energética necesaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el impacto ambiental. Expertos en energía y legisladores han resaltado que para superar este estancamiento es imprescindible que las autoridades estatales y federales trabajen conjuntamente en una reforma profunda del sistema.
Esto implica otorgar mayor control local sobre la gestión de la red, asegurar inversiones consistentes en infraestructura y diseñar mecanismos de financiamiento inclusivos que no castiguen indebidamente a los desarrolladores. En paralelo, es necesario fomentar una cultura de planeación energética a largo plazo, que contemple las necesidades futuras derivadas del auge de tecnologías limpias, la electrificación de sectores y el crecimiento demográfico y económico de la región. Sin esta visión estratégica y coordinada, el noroeste seguirá enfrentando altos costos energéticos, riesgos de apagones y la pérdida de oportunidades para generar empleos verdes e innovación. En conclusión, aunque Oregon y Washington prometieron ser el corazón de la revolución verde en Estados Unidos, los retos estructurales ligados a la administración de la red de transmisión y la falta de inversión adecuada han frenado el progreso en energías renovables. La experiencia demuestra que no basta con enarbolar metas y decretar mandatos ambiciosos; también se requiere resolver las barreras infraestructurales y burocráticas que limitan la transformación.
Solo con un compromiso decidido para modernizar la red eléctrica y facilitar la integración de nuevos proyectos la región podrá cumplir con sus promesas climáticas y recuperar su liderazgo en energías limpias dentro del país.