Arizona está dando un paso significativo para incorporar las criptomonedas en su estructura financiera estatal a través de un proyecto de ley que se encuentra muy cerca de obtener la aprobación final. El proyecto Strategic Digital Assets Reserve Bill (SB 1373) ha superado una etapa clave tras ser aprobado por el Comité del Pleno de la Cámara el 17 de abril de 2025 y ahora espera una votación final antes de ser enviado a la gobernadora Katie Hobbs para su ratificación. Este avance refleja la creciente tendencia de estados dentro de los Estados Unidos que buscan legitimar los activos digitales y ampliar su uso dentro de la gestión financiera gubernamental. El SB 1373 propone la creación de un Fondo Estratégico de Reserva de Activos Digitales, configurado para gestionar activos digitales incautados en procedimientos judiciales relacionados con el crimen. La gestión y administración del fondo estarían bajo la responsabilidad del tesorero estatal de Arizona, quien tendría la autoridad no solo para custodiar los activos, sino también para invertir hasta un 10 % del saldo total del fondo en activos digitales cada año fiscal.
Además, el tesorero tendría facultades para prestar activos del fondo con el fin de generar rendimientos, siempre y cuando estas actividades no incrementen el riesgo financiero del fondo. La creación de este fondo abriría nuevas oportunidades para la inversión estatal en criptomonedas, buscando aprovechar el potencial de crecimiento y rentabilidad de estos activos digitales. No obstante, a pesar del progreso dentro del comité, el futuro inmediato del proyecto no es completamente seguro. La gobernadora Hobbs ha manifestado su intención de vetar cualquier legislación hasta que se aborde de forma adecuada el financiamiento para servicios de discapacidad, señalando que ha rechazado ya 15 proyectos de ley esta semana y ha ejercido su poder de veto en varias propuestas aprobadas por la Cámara. Paralelamente al SB 1373, se está avanzando en otra propuesta enfocada en activos digitales llamada Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act (SB 1025), que permitiría a la tesorería estatal y al fondo de jubilación invertir hasta un 10 % de los activos disponibles específicamente en Bitcoin.
Esta iniciativa también ha sido aprobada por el Comité del Pleno de la Cámara desde el 1 de abril y se encuentra en espera de una votación definitiva. La incursión de Arizona en este terreno coloca al estado como un referente en el movimiento emergente de reservas cripto a nivel estatal dentro de Estados Unidos. Otros estados, como Utah, han presentado legislaciones relacionadas con Bitcoin, aunque retiraron disposiciones específicas para reservas en Bitcoin durante su aprobación final. Mientras tanto, Texas y New Hampshire han visto avanzar proyectos similares en sus legislaturas, destacando que el Senado de Texas aprobó su proyecto de ley para una reserva de Bitcoin el 6 de marzo. Kentucky también ha avanzado significativamente, tras la firma del gobernador Andy Beshear de la Ley de Derechos de Bitcoin (House Bill 701), protegiendo a los usuarios y operaciones relacionadas con activos digitales.
Missouri se encuentra explorando opciones en este sentido con la revisión de su propia propuesta de reserva de Bitcoin por parte de un comité especial. Más allá del contexto legislativo, la atención sobre Bitcoin y otras criptomonedas sigue en aumento entre empresas públicas e inversionistas institucionales. Un informe reciente de Bitwise revela que las compañías en bolsa incrementaron sus tenencias de Bitcoin en un 16.1 % durante el primer trimestre de 2025, agregando más de 95,000 BTC y alcanzando un balance combinado de aproximadamente 688,000 BTC, con un valor estimado de 56.7 mil millones de dólares basado en un precio de cierre de 82,445 dólares por Bitcoin.
Este crecimiento refleja un interés sostenido en la criptomoneda más importante del mundo a pesar de la volatilidad que caracteriza a los mercados digitales. La cantidad de empresas que incorporan Bitcoin en sus balances también aumentó significativamente, pasando de 67 a 79 durante dicho trimestre, con 12 compañías realizando su primera compra de Bitcoin. Este auge en la adopción de activos digitales por parte de actores corporativos aumenta la relevancia de las iniciativas legislativas que buscan regular y promover el uso de estos activos desde un marco gubernamental. La propuesta en Arizona podría sentar precedentes importantes en la forma en que los estados manejan activos digitales incautados y gestionan su inversión, creando un modelo que otros podrían seguir. De lograrse la aprobación final y la firma de la gobernadora, Arizona no solo estaría ampliando la legitimidad de las criptomonedas sino también impulsando la innovación dentro de la gestión de fondos públicos.
La posibilidad de invertir una parte importante del fondo en criptomonedas abre debates sobre la diversificación de activos del estado y el equilibrio entre rentabilidad y seguridad financiera. Además, la función de prestar activos del fondo para obtener retornos añade un componente dinámico a la administración de recursos públicos, con la necesidad de establecer parámetros claros que minimicen riesgos. A nivel nacional, la creciente aceptación de Bitcoin y las criptomonedas continúa moldeando la política y la economía. Los estados que adoptan medidas para integrar estos activos demuestran una visión hacia el futuro, buscando captar beneficios financieros y tecnológicos. Sin embargo, esto también exige un marco regulatorio robusto y una supervisión estricta para evitar vulnerabilidades y abusos.
En conclusión, Arizona se encuentra en una posición estratégica para ser líder en la regulación y uso de activos digitales dentro del sector público. La aprobación del Strategic Digital Assets Reserve Bill y el Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act podrían marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan las criptomonedas desde el gobierno estatal. Esta evolución no solo beneficiaría a la economía local mediante una posible generación de ingresos y rendimientos, sino que también simboliza un paso hacia la modernización y adaptación a las nuevas tecnologías financieras que están redefiniendo los mercados globales. El desafío ahora será alcanzar consensos políticos y superar los obstáculos legislativos para que estas propuestas se conviertan en realidad, permitiendo a Arizona consolidar su posición a la vanguardia de la revolución digital en activos financieros.
