La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) está intensificando sus esfuerzos contra los emisores de stablecoins, y una de sus últimas acciones se dirige directamente a Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Con el creciente número de regulaciones y escrutinio en torno a las criptomonedas, el regulador ha dejado clara su postura de que algunas stablecoins pueden clasificarse como valores, lo que podría cambiar significativamente el panorama del mercado de criptomonedas. La SEC alega que Binance está detrás de BUSD, su stablecoin, y sostiene que ha operado como un valor desde su creación.
Esta acusación se produce meses después de que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ordenara a Paxos, la entidad que administraba BUSD, que cesara sus operaciones. Esta medida de la SEC no solo afecta a Binance, sino que también establece un precedente que podría poner en peligro a otros emisores de stablecoins en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En su queja, la SEC destaca que Binance y una entidad conocida como “Trust Company A” se asociaron para emitir BUSD. Supuestamente, Binance convenía en que recogería los fondos de los clientes para la compra de BUSD y que Trust Company A utilizaría esos fondos en oportunidades que generaran ingresos. Lo crucial aquí es que la SEC no se detiene a evaluar si esas oportunidades eran seguras, como la inversión en bonos del Tesoro, o más arriesgadas en el campo de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Se centra únicamente en el hecho de que dicha operación era “generadora de ganancias” y que ambas entidades “compartían equitativamente los ingresos netos obtenidos de las reservas subyacentes de BUSD”. La SEC también alega que Binance ofrecía pagos "similares a intereses" a los usuarios de EE. UU. que compraban BUSD, así como a aquellos que participaban en programas de rendimiento creados por Binance. Según la SEC, estos pagos a los clientes se financiaban con una parte de los retornos provenientes de las oportunidades generadoras de ganancias que administraba Trust Company A.
Esta estructura plantea la preocupación de que los titulares de BUSD, en esencia, estaban realizando una inversión en una empresa común, dependiendo de los esfuerzos de gestión de Binance y Trust Company A para obtener beneficios. La situación se complica aún más, ya que la SEC está armada con el análisis de Howey, un marco legal que determina si un esquema o acuerdo es un "contrato de inversión", una categoría de valores recogida en la Ley de Valores de 1933. Según este análisis, un esquema se considera un valor si un comprador invierte dinero, este dinero se destina a una empresa común, el comprador espera ganancias y esta expectativa se basa en los esfuerzos de gestión de otros. En el caso de BUSD, los compradores hicieron inversiones al comprar la stablecoin, sus fondos se utilizaron en un “esquema común” dirigido por Trust Company A, y Binance prometió pagos a los tenedores de BUSD, por lo que la SEC determina que esto constituye un valor. Aunque Binance, hasta la fecha, ha adoptado una postura desafiante y confía en que sus operaciones no constituyen la emisión de valores, el caso es significativo no solo para la empresa sino para todo el sector de las stablecoins.
La SEC ha dejado claro que, en su visión, las stablecoins pueden considerarse valores y que las empresas que operan en este espacio deben estar preparadas para enfrentarse a la regulación. Además de la posible clasificación de stablecoins como valores, la SEC tiene otros enfoques regulatorios disponibles. Podría argumentar que una stablecoin representa una acción en una empresa abierta bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940. Esta idea se vuelve más convincente cuanto más se asemeje una stablecoin a las acciones de un fondo del mercado monetario, que típicamente mantiene el valor de sus acciones fijado 1:1 al dólar estadounidense. Otra línea de razonamiento podría sugerir que una stablecoin que respalda un conjunto de activos del mundo real podría considerarse un valor respaldado por activos bajo la Regulación AB.
Esta diversidad de enfoques regulatorios resalta un cambio potencial en la forma en que las stablecoins son percibidas y tratadas legalmente. La implicación es clara: los emisores de stablecoins deben ser proactivos en la creación de estructuras que cumplan con las regulaciones existentes o arriesgarse a enfrentarse a acciones disciplinarias. Un punto crucial en este debate es el hecho de que gran parte del mercado de stablecoins tiene algún tipo de conexión con los Estados Unidos. Un informe de la Reserva Federal publicado en diciembre de 2022 destacó que las stablecoins colateralizadas con activos fuera de la cadena, que a menudo requieren gestión central, constituyen la “mayor parte del mercado de stablecoins”. Por lo tanto, muchos emisores y compradores operan desde o dentro de EE.
UU. Esto le da a la SEC un vasto margen de maniobra para ejercer su autoridad sobre actores internacionales que venden sus stablecoins dentro del territorio estadounidense. En este contexto desafiante para las stablecoins, algunos actores en la industria están buscando alternativas. Por ejemplo, la propuesta de ley de stablecoin “McWaters” se presenta como un camino más optimista hacia la regulación, ofreciendo una posible vía para los emisores que podría evitar la serie de acciones de ejecución de la SEC. Esta legislación busca establecer un marco regulatorio claro que permita a los emisores de stablecoins operar dentro de un entorno de cumplimiento y seguridad legal.
