El gobierno del Reino Unido ha dado un paso significativo hacia la regulación de los activos digitales al introducir el proyecto de ley conocido como Property (Digital Assets etc) Bill en el Parlamento el 11 de septiembre de 2024. Esta legislación tiene como objetivo clasificar las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT) y los créditos de carbono digitales como propiedad personal bajo la ley inglesa y galesa. Esta iniciativa marca un hito, ya que es la primera vez que los activos digitales serán reconocidos explícitamente en la legislación de propiedad británica. La noción de clasificar estos activos digitales como propiedad personal implica la creación de una nueva categoría que se suma a las ya existentes: "cosas en posesión", como objetos físicos, y "cosas en acción", que incluyen deudas o acciones. Esta nueva clasificación reconoce la naturaleza singular de los activos digitales, que no encajan fácilmente en las categorías de propiedad tradicional.
Con esta medida, se busca otorgar a los activos digitales protecciones legales similares a las inmuebles, lo que podría transformar la forma en que se gestionan y se disputan los derechos de propiedad sobre ellos. Una de las principales motivaciones detrás de esta legislación es proporcionar un marco claro para los jueces que deben lidiar con casos complejos relacionados con los activos digitales. Desde disputas de propiedad hasta consideraciones en casos de herencia, la legislación ofrecería una respuesta estructurada a cuestiones legales que anteriormente resultaban difíciles de abordar. La ministra de Justicia, Heidi Alexander, subrayó la importancia de que la ley evolucione junto con las tecnologías emergentes, afirmando que esta legislación no solo refuerza la posición del Reino Unido como líder global en criptoactivos, sino que también aporta claridad a los asuntos legales complicados. La introducción del proyecto de ley es un reconocimiento directo a las recomendaciones del informe de la Comisión de Derecho de 2023, que sugirió clasificar los activos digitales como propiedad.
El informe enfatizó la necesidad de confirmar legislativamente el estatus de los activos digitales como objetos de derechos de propiedad personal. Además, propuso la creación de un panel de expertos que pudiera brindar orientación sobre los problemas técnicos y legales, confirmando que los derechos sobre los cripto-tokens se pueden transferir mediante el cambio de control, y recomendó desarrollar legislación específica para los arreglos de colateral en criptoactivos. Sin embargo, es importante destacar que el camino para que esta legislación se convierta en ley formal aún es largo. En su etapa actual, el proyecto de ley ha sido presentado en el Parlamento, lo que es una formalidad que se lleva a cabo sin debate. En este punto, el proyecto de ley carece de fuerza legal, ya que es esencialmente una propuesta para una nueva ley.
A partir de aquí, el proceso legislativo seguirá varias etapas: 1. Segunda lectura: Se llevará a cabo un debate general sobre los principios del proyecto de ley. 2. Etapa de comité: Se llevará a cabo un examen detallado del contenido del proyecto, así como posibles enmiendas. 3.
Etapa de informe: Se podrán proponer enmiendas adicionales. 4. Tercera lectura: Será la última oportunidad para el debate y enmiendas. 5. La otra cámara: El proyecto de ley pasará por etapas similares en la otra cámara del Parlamento.
6. Aprobación real: Si se aprueba en ambas cámaras, el proyecto recibirá el visto bueno de la Reina y se convertirá en ley. Cada etapa del proceso legislativo puede tardar meses o incluso más, dependiendo de la complejidad del proyecto y del nivel de consenso político. Es posible que el proyecto de ley pase tal como está, se modifique durante el proceso, o incluso que no logre convertirse en ley si no obtiene suficiente apoyo. Si se aprueba, el gobierno determinará cuándo entrarán en vigor las diferentes disposiciones de la ley, lo que podría hacerse en varias etapas.
A nivel global, los marcos normativos en torno a las criptomonedas y los activos digitales están experimentando cambios significativos, y el Reino Unido no está solo en sus esfuerzos por crear una estructura legal para estos activos. Muchos otros países y regiones, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Brasil, están desarrollando o han implementado regulaciones en este ámbito. Por ejemplo, la UE ha introducido regulaciones exhaustivas sobre activos cripto, mientras que Brasil ha designado a su banco central como el organismo supervisor de los criptoactivos. La iniciativa del Reino Unido para reconocer los activos digitales como propiedad personal está perfectamente alineada con la tendencia global hacia la creación de marcos legales más claros para las criptomonedas y otros activos digitales. A medida que el proyecto avanza en su proceso legislativo, es probable que se tenga en cuenta las experiencias y tendencias internacionales de otros países.
Esto podría contribuir a la creación de un enfoque más armonizado para regular los activos digitales a nivel global. Esta legislación no solo es importante para los inversores y empresas involucradas en el ecosistema de criptoactivos, sino que también tiene el potencial de influir en la percepción general de las criptomonedas en el Reino Unido. Al proporcionar un marco legal claro, el gobierno espera fomentar un mayor uso y confianza en los activos digitales, lo que podría estimular la innovación y el crecimiento económico en este sector en rápida evolución. En conclusión, la introducción del proyecto de ley Property (Digital Assets etc) Bill es un paso significativo hacia la regulación de los activos digitales en el Reino Unido. Este reconocimiento legal podría tener implicaciones profundas en cómo se gestionan y protegen los activos digitales en el futuro.
Aunque el proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de discusión, su avance es un indicador positivo de que el Reino Unido está preparado para adaptarse a las necesidades del moderno ecosistema digital y establecer un equilibrio entre la innovación y la protección legal. La comunidad cripto del Reino Unido observó con atención cómo se desarrollan las próximas etapas del proceso legislativo, con la esperanza de que estas medidas traigan claridad y seguridad a un paisaje digital cada vez más complejo.
