En un movimiento legislativo significativo, el Senado de Estados Unidos ha revisado y ampliado la Ley GENIUS S.1582 con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y la supervisión de stablecoins extranjeras que operan en territorio estadounidense. Esta actualización legislativa incluye a emisores de stablecoins como Tether, con sede fuera de EE.UU., pero con amplia presencia y uso por parte de usuarios estadounidenses, lo que marca un punto de inflexión para la regulación de activos digitales en el país.
La revisión de la Ley GENIUS surge en un contexto en el que las criptomonedas y, en particular, las stablecoins han ganado mayor protagonismo en los mercados financieros globales. Estos activos digitales, diseñados para mantener un valor estable en comparación con monedas fiduciarias tradicionales, se han convertido en piezas centrales del ecosistema DeFi (finanzas descentralizadas), permitiendo una rápida transferencia de valor y acceso a servicios financieros sin la intermediación típica de instituciones bancarias. No obstante, la rápida evolución y adopción de las stablecoins también ha generado preocupaciones sobre la seguridad, la privacidad y el potencial uso ilícito de estos activos, especialmente en materia de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. Por esta razón, el Senado de EE.UU.
ha decidido ampliar el marco regulatorio para asegurar que las stablecoins, incluso aquellas emitidas por entidades extranjeras, cumplan con requisitos estrictos de cumplimiento AML cuando sean utilizadas por ciudadanos o residentes en el país. Uno de los puntos clave de la reforma legislativa es la extensión de la jurisdicción estadounidense sobre empresas emisoras de stablecoins, incluyendo a gigantes del sector como Tether, cuya sede se encuentra fuera de EE.UU. La ley establece que, si bien una compañía pueda estar ubicada en otro país, si sus stablecoins son utilizadas en Estados Unidos, debe sujetarse a las regulaciones y supervisión estadounidense. Esta ampliación de alcance representa un desafío tanto legal como operativo para las entidades emisoras, que deberán adaptarse a normativas más rigurosas y procesos de supervisión más exhaustivos.
La definición de proveedores de servicios de activos digitales también se ha ampliado significativamente con la revisión de la Ley GENIUS. Además de las plataformas de intercambio tradicionales, ahora se incluyen desarrolladores de software, validadores de blockchain y administradores de wallets de autocustodia. Este enfoque reconoce la complejidad y descentralización del ecosistema blockchain moderno, en el que muchas funciones clave las realizan actores distribuidos que no encajan en los modelos regulatorios clásicos. Esta ampliación tiene una consecuencia directa sobre el sector DeFi, ya que muchas aplicaciones y protocolos que operan en este ámbito dependen de desarrolladores y validadores que, hasta ahora, funcionaban en un espacio relativamente libre de regulación directa. La imposición de requerimientos AML a estos actores puede suponer un incremento considerable en los costos y complejidades operativas, lo que podría frenar la rápida innovación propia de DeFi o empujar a estos servicios hacia jurisdicciones con regulaciones más laxas.
Por un lado, la legislación busca crear un entorno más seguro y confiable, donde las actividades ilícitas vinculadas a stablecoins sean detectadas y prevenidas eficazmente. Por otro lado, existe el riesgo de que una regulación demasiado estricta inhiba el crecimiento de tecnologías disruptivas y frene la competencia en el sector financiero digital. Tether, como una de las stablecoins más ampliamente utilizadas en el mundo, se encuentra en una posición particular. La reforma legislativa parece beneficiarla al otorgarle un marco claro y oficial bajo la ley estadounidense, lo que podría ofrecer una legitimidad mayor y tranquilidad para inversionistas e instituciones financieras. Sin embargo, la mayor supervisión y los requisitos de cumplimiento AML también implican que Tether tendrá que operar con una transparencia y rigor que aumentan sus costos y riesgos regulatorios.
Además, la unidad de supervisión encargada será más integral y multidimensional. No solo supervisará la emisión y transacciones de stablecoins, sino también el código y el software que permiten la emisión y transferencia de estos activos, un aspecto especialmente relevante para las stablecoins y criptomonedas basadas en contratos inteligentes. Esta visión integral es acorde con la naturaleza digital y distribuida de los activos y plataformas blockchain, y representa una evolución en el enfoque regulatorio. Esta reforma también refleja la atención creciente que Estados Unidos presta a la competencia global en las finanzas digitales. La regulación internacional de activos digitales es un espacio en rápida evolución donde países buscan equilibrar la innovación tecnológica con la protección contra riesgos financieros y delitos.
Al extender la jurisdicción sobre emisores extranjeros, el gobierno estadounidense pretende mantener su liderazgo en el ámbito financiero digital y asegurar que las reglas del juego sean claras para todos los participantes que operan dentro de su mercado. La perspectiva para los usuarios y empresas dentro del ecosistema DeFi y de stablecoins es, en consecuencia, un escenario ambivalente. Por un lado, una mayor claridad regulatoria y controles puede fomentar la confianza y atraer inversiones institucionales que hasta ahora han mostrado cautela ante la incertidumbre legal. Por otro lado, estos controles pueden dificultar el acceso abierto y descentralizado que caracteriza a muchas aplicaciones DeFi y que ha sido elemento clave de su popularidad y expansión. Los debates en torno a la regulación de stablecoins también incluyen preocupación por la privacidad y la soberanía financiera.
La supervisión extendida implica un mayor monitoreo de las transacciones y actividades de los usuarios, lo que puede tensionar principios de autonomía financiera y privacidad digital que han sido valores centrales en la cultura criptográfica. Encontrar un equilibrio entre seguridad, cumplimiento normativo y protección de datos será un desafío fundamental en la aplicación de esta ley. En términos prácticos, es previsible que las empresas y desarrolladores en el espacio DeFi tengan que implementar procesos más rigurosos de 'conoce a tu cliente' (KYC) y reportar actividades sospechosas con más detalle. Esto puede significar cambios en la arquitectura técnica y en las políticas internas para asegurar la conformidad con los nuevos estándares, incrementando la necesidad de asesoría legal y tecnológica especializada. Asimismo, la ampliación de la supervisión puede generar un efecto de consolidación en el mercado, donde sólo las entidades con suficiente capital y capacidad para adaptarse a los requerimientos regulatorios puedan competir eficazmente, dejando menos espacio para proyectos más pequeños o emergentes con recursos limitados.