En abril de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos tomó la polémica decisión de disolver su unidad especializada en crímenes relacionados con las criptomonedas, conocida como el National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Esta medida ha provocado una fuerte reacción por parte de destacados senadores demócratas, encabezados por la crítica ferviente de la senadora Elizabeth Warren, quienes consideran que esta acción constituye un error grave que podría favorecer actividades ilícitas y minar la seguridad financiera del país. La unidad NCET fue creada con el propósito de investigar y perseguir delitos vinculados a los activos digitales, incluyendo delitos financieros, fraudes, lavado de dinero y otros crímenes cibernéticos que en la actualidad encuentran en las criptomonedas un terreno fértil para su operación. Sin embargo, el 7 de abril de 2025, Todd Blanche, subsecretario del DOJ, emitió un comunicado en el que afirmaba que el departamento no era un regulador de activos digitales, y anunció el cierre de la unidad de cripto delitos, marcando un cambio significativo en la política oficial. Este movimiento ha sido duramente criticado por el grupo liderado por Warren, quien junto con otros cinco senadores demócratas envió una carta oficial a Blanche el 10 de abril, expresando su profunda preocupación y solicitando una revisión inmediata de esta decisión.
En la misiva, los senadores califican la disolución del NCET como un “grave error” que podría facilitar la evasión de sanciones, tráfico de drogas, estafas y explotación sexual infantil a través de herramientas como los servicios de mezcla de monedas digitales, conocidos por permitir la obfuscación de transacciones en blockchain. Los senadores advierten que la desaparición de la unidad especializada abre una “ventaja libre” para lavadores de dinero y delincuentes cibernéticos, dado que los controles y las acciones legales contra el uso ilegal de criptomonedas perderán un enfoque centralizado y especializado. La decisión también genera una vulnerabilidad sistémica en el sector de activos digitales, aprovechada por actores malintencionados que operan con total impunidad bajo la nueva política. Más allá de las preocupaciones sobre la delincuencia financiera, los legisladores demócratas también expresaron dudas sobre la coherencia del DOJ en la aplicación de la ley, cuestionando la renuncia a procesar delitos relacionados con el incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), normativa clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilegal. Una dimensión adicional de la controversia es la sospecha de posibles conflictos de interés.
La carta dirigida a la Justicia sugiere que la decisión de disolver la unidad puede estar vinculada a los intereses comerciales en el sector cripto de la familia del expresidente Donald Trump. Según la información aportada, los Trump tienen participación en plataformas y proyectos de criptomonedas como World Liberty Financial y American Bitcoin, además del lanzamiento previsto de una stablecoin. El señalamiento apunta a que la decisión del DOJ podría haberse visto influenciada por un interés en proteger o favorecer a estas iniciativas privadas, lo que añadiría un componente político y ético a la polémica. Los senadores exigen transparencia y un informe detallado que explique el fundamento detrás del cierre de la NCET y la racionalidad de las decisiones adoptadas. Desde la perspectiva del DOJ, como expresó Todd Blanche, la administración actual busca distanciar al departamento de una táctica que califican como “una estrategia imprudente de regulación a través de la persecución”, en referencia a la sobrecarga regulatoria por medios judiciales en el espacio digital.
Este enfoque, según el subsecretario, no correspondería con el papel institucional del departamento, señalando más bien que la supervisión normativa debería estar a cargo de otras agencias especializadas en regulación financiera y tecnológica. Mientras tanto, esta postura ha generado alarma en el sector público y privado, con llamados a reforzar los controles y mecanismos de supervisión dentro del ecosistema digital, dada la rapidez con que evolucionan tanto las tecnologías como las tácticas empleadas por los delincuentes para explotar estas nuevas herramientas. Las criptomonedas y la tecnología blockchain han revolucionado las finanzas globales, aportando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad. Sin embargo, su creciente popularidad también ha atraído la atención de actores delictivos que aprovechan la naturaleza pseudónima y descentralizada de estos activos para realizar operaciones ilegales, que van desde fraudes sofisticados hasta actividades relacionadas con el narcotráfico y la explotación criminal. La transformación del National Cryptocurrency Enforcement Team en un destino incierto representa, según los demócratas, un retroceso en la lucha contra estos delitos digitales, y la desprotección podría acentuarse sin una unidad fuerte y especializada que entienda la complejidad y particularidad de estos crímenes.
En los foros legislativos y de ciberseguridad, la preocupación se centra en cómo equilibrar la innovación tecnológica con la protección legal, sin caer en la tentación de una regulación que ahogue el desarrollo, pero que tampoco permita que el sector sea un refugio para actividades ilícitas. La decisión del DOJ ha reavivado este debate, poniendo sobre la mesa la urgencia de encontrar mecanismos efectivos que conjuguen ambos objetivos. Expertos en seguridad digital y criminología han manifestado que la desaparición de la unidad no solo afectará la capacidad de Estados Unidos para combatir delitos financieros, sino que también enviar un mensaje peligroso a otros países que observan la postura estadounidense como un referente en la lucha contra el crimen digital. El impacto a nivel internacional no debe subestimarse, especialmente cuando el mercado de activos digitales es por naturaleza global y requiere de coordinación transnacional para evitar que los criminales migran de jurisdicción en jurisdicción para evadir controles. Frente a este escenario, la comunidad de legisladores demócratas ha solicitado no solo una audiencia y explicaciones concretas, sino también propuestas para la creación de un nuevo marco operativo que garantice que Estados Unidos mantenga una posición firme contra el crimen en el espacio digital y a la vez respete las nuevas normas y desafíos tecnológicos.
En resumen, la disolución del National Cryptocurrency Enforcement Team representa un momento crítico para la política estadounidense en materia de cripto vigilancia y seguridad financiera. La controversia que despierta en el Senado refleja la complejidad de las decisiones que enfrentan las autoridades en un mundo cada vez más digitalizado, donde la tecnología puede ser una herramienta para el progreso o un vehículo para el delito. La necesidad de un equilibrio sensato y transparente se ha vuelto más urgente que nunca, y las próximas semanas serán decisivas para conocer si el Departamento de Justicia reconsidera su posición o si la administración seguirá adelante con una estrategia que muchos califican como un retroceso en la batalla contra los crímenes relacionados con criptoactivos. Mientras tanto, el debate continúa ampliándose, con implicaciones que van más allá de las fronteras estadounidenses, afectando la seguridad y estabilidad del ecosistema financiero mundial.
