En abril de 2025, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, se presentó nuevamente en una corte federal en Washington, D.C., ante un caso histórico que podría cambiar para siempre el panorama de las grandes tecnológicas. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha iniciado un proceso legal contra Meta, acusándola de prácticas monopolísticas tras las adquisiciones de Instagram y WhatsApp, acciones que según la entidad gubernamental asfixiaron la competencia potencial en el mercado de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Este juicio marca un momento crucial en la historia de la regulación tecnológica en Estados Unidos.
Desde hace más de cuatro décadas no se veía un intento similar de división forzosa de una corporación gigante del sector privado, siendo el precedente más cercano la desintegración de AT&T en los años 80. La industria, los reguladores y el público global observan con atención el desarrollo de esta batalla legal que tiene en juego la estructura futura no solo de Meta, sino también de todo el ecosistema digital. El proceso comenzó hace casi seis años con una exhaustiva investigación por parte de la FTC que terminó en la presentación formal de la demanda en diciembre de 2020. En ella se acusa a Meta de adquirir deliberadamente sus principales competidores emergentes para preservar su monopolio en el mercado de las redes sociales y la publicidad digital. Se afirma que las adquisiciones de Instagram en 2012 y WhatsApp en 2014 constituyen movimientos estratégicos para eliminar amenazas competitivas antes de que pudieran consolidarse.
Uno de los elementos de prueba más destacados es un correo electrónico interno del propio Zuckerberg en el que revela su preocupación sobre la rápida alza de Instagram, calificándola como “realmente aterradora” y justificando por qué pagar una cantidad elevada por la compañía era una decisión necesaria para Meta. En la corte, Zuckerberg ha minimizado esos comentarios, argumentando que eran parte de la evaluación preliminar antes de la aceptación definitiva de las adquisiciones. Desde la óptica de la FTC, estas maniobras demuestran un patrón claro de conducta destinada a aplastar la competencia. La fiscalía argumenta que Meta prefirió comprar a rivales emergentes en lugar de competir auténticamente en el mercado, subrayando que tal práctica daña la innovación y perjudica a los consumidores al limitar las opciones y concentración del poder de mercado. Por su parte, Meta defiende que sus adquisiciones han impulsado el desarrollo y crecimiento de estas plataformas, beneficiando a millones de usuarios alrededor del mundo al ofrecer servicios gratuitos y mejorados.
La defensa ha insistido en que la competencia para Meta no se limita solamente a otras redes sociales tradicionales como Facebook o Instagram, sino que incluye plataformas chinas como TikTok, YouTube y otras aplicaciones de mensajería, argumentando que el mercado es mucho más dinámico y diversificado de lo que la FTC pretende mostrar. El juicio también destaca la dimensión política que envuelve a la disputa. Zuckerberg ha hecho esfuerzos significativos para influir en las decisiones regulatorias, incluyendo visitas frecuentes a la Casa Blanca y contribuciones considerables a fondos vinculados a la administración presidencial, en este caso al gobierno de Donald Trump. Cambios en las políticas de moderación de contenido y la adquisición reciente de una propiedad multimillonaria en Washington son interpretados como movimientos estratégicos para posicionarse cerca del centro de poder político y minimizar la presión regulatoria. Sin embargo, la actual dirección de la FTC, encabezada por Andrew Ferguson, nombrado durante la administración Trump pero con una postura firme contra monopolios tecnológicos, reafirma su compromiso para evitar que conglomerados como Meta continúen acumulando excesivo poder de mercado.
En este contexto, la agencia ha dejado claro que no retrocederá en su persecución a las prácticas que consideran dañinas para la competencia y el consumidor. El impacto económico de esta demanda es inmenso, puesto que Meta representa actualmente un gigante en publicidad digital con un valor estimado cercano a $1.4 billones de dólares. Dividir la empresa implicaría la separación de dos de las plataformas digitales más influyentes del mundo, lo cual podría alterar el equilibrio del mercado tecnológico y redistribuir el poder dentro del sector. La importancia de este caso trasciende a Meta y sus ejecutivos, pues pone sobre la mesa el debate sobre el papel de la regulación en la era digital.
La concentración de poder, la privacidad de los usuarios, la competencia y la innovación son temas que han estado en el centro del escrutinio político y social a nivel global. En un mundo cada vez más interconectado y dominado por plataformas digitales, establecer límites claros a las grandes corporaciones se vuelve crucial para evitar abusos y garantizar entornos justos para nuevos actores emergentes. Además, el caso genera un precedente que podría sensibilizar a otros países en sus propias regulaciones contra grandes empresas tecnológicas. La expansión global de Meta coloca a la compañía como un actor fundamental que debe cumplir con normativas que cada vez se tornan más exigentes en distintos mercados alrededor del mundo. Mientras el juicio avanza, los expertos en economía digital, derecho antimonopolio y política pública analizan con interés cada movimiento y argumento presentado en el tribunal.
Se espera que esta confrontación legal siente las bases para futuros enfoques regulatorios y posiblemente fuerce a las gigantes tecnológicas a reconsiderar sus estrategias de adquisición y expansión. El desenlace no solo definirá el destino de Meta, sino que constituirá un punto de inflexión en cómo la sociedad y los gobiernos manejan la influencia y el predominio de las tecnológicas en el siglo XXI. Si la FTC logra su objetivo y logra desarticular algunas de las piezas que constituyen el imperio digital de Zuckerberg, se abrirá un capítulo renovado para la competencia y la innovación, marcando una nueva era en la relación entre el poder corporativo y la vigilancia estatal. Hasta entonces, Mark Zuckerberg continuará siendo una figura clave y vigilada de cerca, enfrentando no solo desafíos legales sino también el escrutinio público sobre las prácticas empresariales de una de las compañías más poderosas y omnímodas del mundo digital moderno.
