El acceso a medicamentos asequibles ha sido un tema recurrente y de gran relevancia en Estados Unidos durante las últimas décadas. El sistema estadounidense es conocido por tener los precios de medicamentos más elevados del mundo, situación que ha generado controversias, debates políticos y manifestaciones de pacientes y grupos de defensa de la salud. En medio de esta problemática, el expresidente Donald Trump anunció recientemente la intención de firmar una orden ejecutiva que establecerá un mecanismo para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos, equiparándolos con los costos que se pagan en otros países desarrollados. La propuesta que ha suscitado gran interés se centra en lo que se denomina "política del país más favorecido" o "international reference pricing", un método que se utiliza para fijar precios basándose en las tarifas que otros países pagan por los mismos productos farmacéuticos. Con esta medida, Estados Unidos buscaría eliminar la disparidad actual, donde, en promedio, el costo de un medicamento puede ser entre un 30% y un 80% más elevado que en naciones de alto ingreso.
Históricamente, el sector farmacéutico en Estados Unidos ha justificado los altos costos en función de la inversión necesaria para investigación y desarrollo, además de la complejidad de las regulaciones y la protección de patentes. Sin embargo, esta situación ha llevado a que millones de estadounidenses enfrenten dificultades para acceder a tratamientos esenciales, afectando la calidad de vida y, en algunos casos, la esperanza de vida. La orden ejecutiva anunciada busca implementar un sistema en el que Medicare, el programa federal de seguro médico para personas mayores y ciertas personas con discapacidad, pague por los medicamentos el mismo precio que el país que tenga el costo más bajo a nivel mundial. De acuerdo con declaraciones de Trump, esta iniciativa será un paso hacia la "justicia y la equidad" para los ciudadanos estadounidenses, quienes durante años han enfrentado precios desproporcionadamente altos en comparación con otros mercados. El impacto esperado de esta medida puede ser considerable.
Se proyecta una reducción significativa en el gasto anual en medicamentos, que en Estados Unidos supera los 400 mil millones de dólares. Esto no solo beneficiaría directamente a los pacientes y sus familias al disminuir los gastos de bolsillo, sino que también podría aliviar la presión financiera sobre el sistema de salud público y privado. No obstante, la propuesta ha encontrado resistencia en sectores vinculados a la industria farmacéutica. Diversos portavoces han señalado que la fijación de precios gubernamentales podría afectar la innovación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Argumentan que la reducción de ingresos limitaría la capacidad de inversión, lo que a largo plazo podría traducirse en menos avances en tratamientos médicos.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que un presidente estadounidense impulsa un esquema similar. Durante la primera administración de Trump, un intento similar fue bloqueado por tribunales, evidenciando las complejidades legales y políticas de implementar cambios profundos en la regulación farmacéutica del país. Adicionalmente, la medida anunciada también contempla ampliar el ámbito de aplicación más allá de los medicamentos que están sujetos a negociación bajo la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act) promulgada durante la administración Biden. Asimismo, se anticipa que la orden ejecutiva tendrá una vida útil y vigencia importantes, ya que responde a un problema crónico y que afecta a un gran porcentaje de la población estadounidense. Para comprender el potencial beneficio de esta política, basta comparar los precios de medicamentos para condiciones comunes en países como Canadá, Alemania o Francia frente a Estados Unidos.
Los sistemas de salud de estos países implementan mecanismos de control y negociación con las farmacéuticas que permiten mantener los precios a niveles más razonables y accesibles para su población. Por otro lado, la medida también podría fomentar una mayor transparencia en los precios y en las estrategias de fijación que utilizan las empresas farmacéuticas, aspecto que hoy en día es criticado por ser opaco y difícil de auditar. Al tener una referencia internacional clara, se pondrían límites objetivos que evitarían prácticas comerciales abusivas. En el entorno político y social, la reducción de los precios de los medicamentos es una demanda constante que trasciende líneas partidistas. Si bien las estrategias para lograrlo pueden variar, hay consenso en la necesidad de reformar aspectos clave del sistema farmacéutico que permitan mejorar la accesibilidad y reducir cargas económicas indeseadas para los ciudadanos.
Los pacientes crónicos, en particular, podrían ver grandes beneficios en esta política. Enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer, artritis y otras condiciones que requieren tratamientos prolongados y costosos, a menudo suponen un gasto mensual elevado que limita el cumplimiento terapéutico y afecta negativamente los resultados de salud. Finalmente, el anuncio de esta orden ejecutiva marca un hito en las políticas públicas relacionadas con la salud y el bienestar en Estados Unidos. Aunque enfrentará desafíos y controversias en su implementación, representa una señal clara de que la presión para controlar los precios de los medicamentos y asegurar una mayor equidad está ganando espacio en la agenda nacional. Los próximos meses serán clave para observar cómo esta iniciativa se traduce en acciones concretas y cuáles serán sus efectos tanto para los consumidores como para la industria farmacéutica y el sistema de salud en general.
