La relación entre las políticas estatales de inmigración y la seguridad pública continúa siendo un tema de intenso debate en Estados Unidos, especialmente en estados del noreste como Nueva Hampshire y Massachusetts. Recientemente, la Policía Estatal de Nueva Hampshire firmó un memorando de entendimiento con la agencia federal de inmigración y control de aduanas conocida como ICE (Immigration and Customs Enforcement), una alianza que ha generado tanto apoyo como reacciones encontradas dentro de la región. La gobernadora de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, aprovechó la ocasión para destacar las diferencias entre la postura de su estado y la de Massachusetts, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer las políticas de seguridad relacionadas con la inmigración para proteger a las comunidades locales. Nueva Hampshire ha decidido implementar un acuerdo que permitirá a la policía estatal, así como a otros departamentos policiales locales y oficinas de alguaciles, colaborar de forma activa con ICE, facilitando la detención, interrogación y retención de personas basándose exclusivamente en su estatus migratorio. Esta medida se enmarca dentro del llamado Task Force Model o Modelo de Fuerza de Tarea que ICE ha promovido en varios estados del país para ampliar la participación de agencias estatales y locales en la lucha contra la inmigración ilegal dentro del marco legal.
El Task Force Model permite a las agencias identificadas como parte del acuerdo realizar actividades de cumplimiento migratorio en entornos no custodiados, es decir, fuera de centros de detención tradicionales, lo que representa una ampliación significativa en la facultad de estas agencias para colaborar con la política federal. Por supuesto, quienes forman parte de esta coalición deben recibir entrenamiento especializado antes de ejecutar cualquier acción bajo estas nuevas atribuciones, garantizando supervisión y cumplimiento de protocolos. La gobernadora Kelly Ayotte no dudó en destacar la relevancia de esta alianza en contraste con las políticas de Massachusetts, que ha adoptado una postura mucho más restrictiva respecto a la cooperación con ICE. En dicho estado, una decisión del Tribunal Supremo Judicial en 2017 limita severamente la capacidad de las fuerzas del orden locales para detener o retener a personas únicamente por cuestiones de inmigración, especialmente cuando estas personas serían liberadas en breve. Ayotte manifestó que Massachusetts, al adoptar políticas consideradas de “ciudad santuario”, ha permitido un aumento de criminalidad vinculada a la inmigración ilegal, así como una crisis financiera relacionada con los costos generados por la atención a migrantes.
Según sus declaraciones, Massachusetts ha invertido miles de millones de dólares en alojamiento y servicios para migrantes en lugar de destinar esos recursos a los residentes y ciudadanos en general, un modelo que ella busca evitar en Nueva Hampshire. Durante su campaña electoral, Ayotte utilizó la frase “No Mass up New Hampshire” para advertir sobre los riesgos de replicar lo que considera políticas migratorias problemáticas de Massachusetts. Su plataforma se centró en prohibir la existencia de ciudades santuario dentro de su jurisdicción, buscando mantener una línea firme en el cumplimiento de las leyes de inmigración federales. Esta posición ha resonado entre sectores preocupados por la seguridad local y la administración eficiente de recursos públicos. Más de 230 agencias en 24 estados ya han firmado acuerdos similares con ICE, lo que indica una tendencia creciente hacia la colaboración estatal y local en temas migratorios.
Sin embargo, Massachusetts permanece mayormente fuera de este modelo, con excepción del Departamento de Correcciones, que desde 2020 aplica un esquema conocido como Jail Enforcement Model. Este programa permite a oficiales de corrección identificar y procesar personas en custodia estatal que puedan estar sujetas a acciones migratorias, pero limita las acciones fuera de los centros penitenciarios. El debate sobre la cooperación con ICE involucra múltiples aristas, desde derechos civiles hasta seguridad pública y administración fiscal. Por un lado, defensores de la integración y protección de inmigrantes indocumentados argumentan que políticas de colaboración estricta pueden fomentar desconfianza hacia las fuerzas del orden, dificultando que comunidades vulnerables denuncien delitos o cooperen con investigaciones. Por otro lado, quienes apoyan medidas más firmes sostienen que mantener la integridad del sistema migratorio y proteger a las comunidades es una responsabilidad que requiere acciones coordinadas y claras.
En este sentido, Nueva Hampshire, bajo la administración de Ayotte, apuesta por priorizar la colaboración con ICE para combatir la inmigración ilegal, enfatizando la necesidad de proteger a los residentes y evitar costos adicionales que podrían afectar el presupuesto estatal. La gobernadora señala que los gastos derivados del alojamiento y atención a migrantes pueden afectar la calidad de vida y los servicios disponibles para los ciudadanos. La disparidad entre las políticas de Massachusetts y Nueva Hampshire también refleja diferencias en las perspectivas políticas y sociales de ambos estados. Massachusetts ha sido históricamente más progresista en materia migratoria, adoptando medidas que limitan la colaboración con ICE para proteger a las comunidades inmigrantes. En contraste, Nueva Hampshire ha mostrado una tendencia más conservadora en este tema, priorizando el cumplimiento estricto de las leyes federales y la seguridad pública.
Este contraste ha llevado a un diálogo frecuente entre representantes de ambos estados, con críticas abiertas por parte de Ayotte hacia lo que califica una “crisis” en Massachusetts. La gobernadora ha utilizado ejemplos de gastos financieros y supuestos aumentos en crimen para argumentar que el modelo de Massachusetts no es sostenible ni beneficioso para las comunidades. Al analizar el impacto de estos acuerdos y políticas migratorias, resulta importante considerar también la perspectiva federal y la evolución del panorama político nacional. Durante los últimos años, se ha observado una fluctuación en el enfoque de Washington hacia la inmigración, desde políticas más estrictas y colaborativas con las fuerzas de seguridad locales hasta intentos de reformar aspectos del sistema migratorio para proteger mejor a las personas sin documentación. En este contexto, los estados actúan en función de sus realidades sociales, económicas y políticas, lo que explica que Nueva Hampshire y Massachusetts adopten rutas divergentes.
Además, la cooperación con ICE implica no solo cuestiones legales, sino también desafíos operativos, como la formación adecuada de las fuerzas del orden para evitar abusos y garantizar el respeto a derechos humanos. Un aspecto fundamental es la capacitación exigida a los agentes de policía y oficiales que forman parte del acuerdo con ICE en Nueva Hampshire. La formación se centra en conocer las limitaciones y responsabilidades que implica la participación en acciones migratorias, así como en asegurar que las detenciones se realicen dentro del marco legal para evitar posibles violaciones. Mientras tanto, la opinión pública se mantiene dividida. En algunos sectores, existe respaldo hacia las medidas que buscan reforzar la seguridad y enfrentar la inmigración ilegal como un problema que afecta la vida cotidiana y el presupuesto estatal.
En otros sectores, al contrario, hay preocupación por los efectos que estas políticas puedan tener sobre la confianza en la policía, los derechos de los inmigrantes y la cohesión social. La discusión en el legislativo de Massachusetts refleja esta división, con rechazos recurrentes a intentos de cambiar el fallo del Tribunal Supremo Judicial que limita la retención de personas basándose en detenciones migratorias civiles. Esta tensión política subraya las dificultades para encontrar un equilibrio entre seguridad, justicia y protección de los derechos humanos en temas migratorios. En conclusión, la firma del memorando de entendimiento entre la Policía Estatal de Nueva Hampshire y ICE representa un paso significativo en la cooperación estatal-federal para abordar la inmigración ilegal. La posición firme de la gobernadora Ayotte pone de relieve las diferencias marcadas con Massachusetts, un estado que adoptó un enfoque mucho más restrictivo y protegido hacia las comunidades inmigrantes.
Este caso refleja las complejidades y contradicciones que enfrenta la política migratoria en el país, donde las leyes federales, las realidades locales y las opiniones públicas deben entrelazarse para definir el futuro de la gestión migratoria. El seguimiento de estas medidas y sus consecuencias será clave para entender cómo evolucionan las políticas de inmigración en el noreste durante los próximos años.
