En un movimiento que podría marcar un precedente significativo en la gestión pública de activos digitales, el estado de Arizona está impulsando dos proyectos de ley que buscan formalizar la incorporación de criptomonedas en las reservas estatales. Este avance representa no solo un paso audaz, sino también un reflejo del creciente interés y aceptación que las criptomonedas están ganando en el ámbito financiero gubernamental en todo Estados Unidos. El 24 de marzo de 2025, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Arizona aprobó dos iniciativas legislativas cruciales: el Proyecto de Ley 1373 del Senado, conocido como la Ley de Reserva Estratégica de Activos Digitales, y el Proyecto de Ley 1025 del Senado, enfocado exclusivamente en Bitcoin. Ambos proyectos apuntan a crear un marco regulatorio sólido para que el estado pueda destinar una parte de sus recursos financieros y activos incautados en criptomonedas a generar valor para la tesorería y el sistema de pensiones estatal. El proyecto 1373 del Senado propone la creación de un fondo formado principalmente por activos digitales decomisados en investigaciones judiciales, administrado bajo la supervisión del Tesorero estatal.
Esta iniciativa contempla una inversión responsable mediante un límite máximo del 10% del fondo a invertir anualmente en criptomonedas, buscando minimizar la exposición a la volatilidad del mercado. Sin embargo, incorpora la flexibilidad necesaria para operar con dichos activos, incluyendo la posibilidad de prestar criptomonedas siempre que no aumente el riesgo financiero para las finanzas públicas. Por otro lado, el proyecto 1025 del Senado está específicamente dirigido a Bitcoin. Este proyecto permitiría al departamento del Tesorero y al sistema de pensiones de Arizona destinar hasta un 10% de sus fondos disponibles en la inversión directa en Bitcoin. Una de las características más relevantes de esta propuesta es la exigencia de que las criptomonedas adquiridas estén almacenadas en una cuenta segura y segregada, bajo la custodia de la Reserva Federal, buscando garantizar la seguridad y trazabilidad de los fondos.
Ambas propuestas tienen ahora el respaldo principal del partido republicano, que tiene mayoría por 33 a 27 en la Cámara de Representantes estatal, lo que aumenta las probabilidades de su aprobación definitiva. No obstante, el panorama político permanece incierto debido a la posible intervención de la gobernadora Katie Hobbs, demócrata, quien se ha caracterizado por un alto porcentaje de vetos en leyes desde su gestión. Hasta el momento, no ha manifestado una postura clara sobre estas medidas relativas a criptomonedas, lo que añade un elemento de incertidumbre en torno a la voluntad ejecutiva para respaldar estas innovaciones financieras. Con estos proyectos, Arizona alinea su política financiera con una tendencia ascendente que han comenzado a explorar otros estados estadounidenses. Texas y Oklahoma, por ejemplo, también han presentado o avanzado en propuestas similares para establecer reservas en Bitcoin, reflejando un interés estatal creciente en aprovechar las características de las criptomonedas para diversificar activos y explorar nuevos modelos de valor.
El interés por asignar una parte limitada de los fondos públicos, ya sea procedentes de incautaciones o de recursos disponibles, en criptomonedas responde a múltiples objetivos. Por un lado, se trata de diversificar las fuentes de reserva y, por otro, de experimentar con nuevos instrumentos basados en blockchain que puedan ofrecer protección contra la inflación, mayor liquidez o mejores rendimientos a largo plazo. Este enfoque cuidadoso, con máximos establecidos para controlar el riesgo, busca equilibrar la innovación con la responsabilidad fiscal. Además, la adopción de criptomonedas a nivel estatal podría generar un impulso positivo para el ecosistema cripto local, fomentando la inversión, la innovación y la creación de marcos regulatorios claros. Este contexto podría atraer empresas relacionadas con blockchain, startups y capital de riesgo, fomentando la economía digital y nuevos empleos.
La propuesta de administrar activos digitales incautados judicialmente es un desarrollo particularmente interesante. Tradicionalmente, estos activos se mantienen estáticos hasta su liquidación o disposición, pero convertirlos en reservas productivas puede aportar valor extra a las arcas públicas. Sin embargo, esto requiere una gestión profesional y un marco legal sólido para evitar riesgos innecesarios o cuestionamientos sobre la administración de fondos públicos. La distribución de estos proyectos en un contexto político polarizado añade complejidad. El partido republicano apoya estas iniciativas como un paso hacia la modernización y diversificación financiera estatal, mientras que la gobernadora demócrata podría evaluar su impacto y riesgos antes de decidir si otorga su aprobación definitiva.
La decisión final tendrá un efecto duradero sobre el papel de las criptomonedas en la gestión pública tanto en Arizona como en otros estados que observan con atención este desarrollo. En suma, la estrategia que está tomando Arizona con sus proyectos de ley para reservas en Bitcoin y otros activos digitales representa una renovación en la gobernanza financiera estatal. Si se aprueban, estos proyectos no solo permitirán al estado experimentar con nuevas formas de gestión de activos, sino que también enviarán una señal potente a nivel nacional sobre la viabilidad y aceptación de las criptomonedas en las finanzas públicas. Esta evolución en Arizona forma parte de una tendencia más amplia donde las provincias y estados de Estados Unidos están explorando modelos para integrar activos digitales en sus carteras financieras. Tanto los beneficios potenciales como los riesgos están siendo cuidadosamente sopesados, dando paso a marcos regulatorios diseñados para potenciar oportunidades económicas sin comprometer la seguridad fiscal.
Finalmente, la atención que ha recibido esta iniciativa también pone en relieve el papel de la tecnología blockchain y las criptomonedas como elementos disruptivos en sistemas tradicionales, demostrando cómo las administraciones públicas pueden adoptar nuevas herramientas para fortalecer sus economías y gestionar mejor sus recursos. Arizona se perfila así como un pionero en esta integración, cuyo éxito o desafíos marcarán un referente para otras jurisdicciones que estén considerando movimientos similares en el futuro próximo.
