En los últimos años, la minería de criptomonedas ha ganado una popularidad significativa a nivel mundial, impulsada por el aumento en el valor de activos digitales como Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales. Sin embargo, junto con este crecimiento ha surgido una preocupante problemática: el aumento exponencial de robos de electricidad relacionados con operaciones mineras ilegales, especialmente en países como Malasia. De acuerdo con datos proporcionados por Tenaga Nasional Berhad (TNB), la mayor empresa proveedora de electricidad en Malasia, los casos detectados de robo de energía vinculados a la minería de criptomonedas han aumentado un 300% en los últimos seis años, del 2018 al 2024. Este incremento subraya la necesidad de una respuesta integral para proteger la infraestructura energética y garantizar un consumo eléctrico justo y sostenible. Las estadísticas revelan que en 2018 hubo cerca de 610 casos de robo de electricidad asociados a estas prácticas ilícitas, cifra que escaló a 2,397 casos en 2024.
Estos números reflejan un crecimiento acelerado que coincide con el auge global de las transacciones criptográficas y la mayor penetración de la minería digital en la economía. Estos delitos no solo afectan la estabilidad de la red eléctrica nacional, sino que también representan pérdidas económicas millonarias que repercuten en los consumidores y en el desarrollo sostenible del país. Para contrarrestar esta situación, TNB ha fortalecido la colaboración con diversas entidades gubernamentales, incluyendo la Comisión de Energía, la Comisión Anti-corrupción de Malasia y las fuerzas policiales, en un esfuerzo conjunto orientado a identificar y desarticular las redes clandestinas de minería. Las operaciones conjuntas y las redadas a nivel nacional han permitido cerrar varios centros ilegales de minería, operados en lugares poco visibles como almacenes, locales comerciales alquilados e incluso viviendas residenciales. Estas organizaciones criminales suelen emplear sistemas de ventilación de alta potencia, aire acondicionado y aislamiento acústico para evitar ser detectadas, además de manipular ilegalmente los medidores eléctricos para evitar la contabilización del consumo energético.
El impacto económico de estos robos es considerable. Según el director del Departamento de Investigación Criminal de Bukit Aman, Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, las pérdidas de TNB debido al robo de energía alcanzaron aproximadamente 520 millones de Ringgit, equivalentes a unos 121 millones de dólares estadounidenses, la mayoría provenientes de operaciones de minería ilegal. Esta cifra resalta la magnitud del problema y la urgencia de implementar soluciones efectivas. Para mejorar la detección y monitoreo de estos ilícitos, TNB ha comenzado a desplegar medidores inteligentes, dispositivos que permiten registrar el consumo eléctrico diario y transmitirlo en tiempo real mediante ondas de radiofrecuencia. Esto facilita la identificación de patrones de consumo sospechosos en zonas concretas y agiliza la intervención.
A través del análisis continuo de estos datos, es posible detectar anomalías que indiquen un posible fraude o robo energético. Además, la empresa ha planteado la incorporación de inteligencia artificial y análisis predictivo para anticipar y localizar con mayor precisión estas actividades ilegales. La aplicación de tecnologías avanzadas representa un paso significativo en la modernización de la infraestructura energética y en la protección frente a actividades ilícitas que ponen en riesgo la estabilidad del sistema. En el ámbito legal, se han propuesto sanciones más severas bajo la Ley de Suministro Eléctrico, que contemplan multas de hasta un millón de Ringgit (equivalente a 232 mil dólares) y penas de prisión de hasta diez años para quienes manipulen o alteren las instalaciones eléctricas con fines ilícitos. Estas medidas buscan aumentar el efecto disuasorio y facilitar el enjuiciamiento de los responsables.
El fenómeno del robo de electricidad para minería ilegal no solo representa un problema económico, sino también un riesgo para la seguridad pública. Un caso reciente ocurrió en febrero de 2025, cuando la policía malaya descubrió una operación clandestina de minería de Bitcoin en una residencia particular que explotó debido a un cortocircuito causado por conexiones eléctricas ilegales. Esta situación pone en evidencia el peligro de incendios, explosiones y otros accidentes derivados de instalaciones no reguladas y sobrecargadas. La migración constante de las operaciones mineras ilegales entre distintos locales para evadir la vigilancia y las acciones policiales es otra práctica común que dificulta la erradicación definitiva del problema. La naturaleza móvil de estas redes hace imperativo el uso de tecnologías avanzadas y la cooperación entre autoridades locales para mantener un control actualizado y efectivo.
Por otra parte, el aumento de denuncias públicas indica una creciente conciencia ciudadana y un apoyo social que puede ser fundamental para combatir la minería ilegal. Entre 2020 y 2024, se recibieron cerca de 1,699 quejas relacionadas con el robo de electricidad para actividades criptográficas, lo que equivale a un promedio de 340 denuncias mensuales. Este fenómeno sugiere que la educación y sensibilización de la población son componentes esenciales en la estrategia contra este delito. El crecimiento explosivo de las criptomonedas y de la minería como actividad económica requiere un equilibrio cuidadoso entre aprovechar las oportunidades de innovación tecnológica y garantizar la legalidad y sostenibilidad de los recursos. Los desafíos que enfrenta Malasia con respecto a los robos de electricidad relacionados evidencian la necesidad de políticas públicas integrales, inversión en tecnologías de monitoreo y vigilancia, así como marcos legales actualizados y rigurosos.
En conclusión, el aumento del 300% en el robo de electricidad para minería ilegal de criptomonedas en Malasia en los últimos seis años es un fenómeno que impacta profundamente en la economía, seguridad e infraestructura energética del país. Las respuestas tanto tecnológicas como legales y sociales deben integrarse para hacer frente a esta amenaza de manera efectiva. La experiencia de TNB y las autoridades malayas sirven como ejemplo para otros países en desarrollo que experimentan un crecimiento similar en la minería criptográfica. La clave radica en implementar soluciones innovadoras y colaborativas que aseguren la estabilidad del suministro eléctrico, protejan a los consumidores y eviten que actividades ilegales comprometan el futuro energético y económico nacional.
