La reciente orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump representa un giro significativo en la política energética de Estados Unidos, enfocándose en revitalizar la industria del carbón para enfrentar las crecientes demandas energéticas generadas, en parte, por el avance de tecnologías como la inteligencia artificial. En un evento simbólico rodeado de mineros con cascos, Trump anunció su intención de “turboalimentar” la extracción de carbón, buscando duplicar la generación de electricidad mediante la eliminación de impedimentos regulatorios y la suspensión de planes de cierre de múltiples plantas eléctricas a carbón. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia que busca revertir las políticas ambientales implementadas durante la administración anterior, que promovían la transición hacia fuentes de energía renovables y la reducción de la huella de carbono del país. Trump, quien ha sido un reconocido crítico de las teorías sobre el cambio climático, ha impuesto una visión energética centrada en los combustibles fósiles, especialmente en una época en que Estados Unidos y el mundo enfrentan una creciente demanda de energía provocada por innovaciones tecnológicas y una economía digital en expansión. La audiencia que asistió a la firma de la orden ejecutiva fue en gran parte compuesta por trabajadores de la minería, representantes sindicales y líderes del sector energético tradicional.
Desde su perspectiva, el decreto busca fomentar la creación de empleos, revitalizar regiones históricamente dependientes de la minería del carbón y asegurar una mayor independencia energética nacional. Trump recalcó su compromiso en eliminar lo que denomina como "sesgo gubernamental contra el carbón", ordenando al Departamento de Justicia que identifique y combata regulaciones locales y estatales que considera perjudiciales para la industria. Además del enfoque en la minería del carbón, la orden destaca la importancia de extraer minerales críticos y tierras raras durante el proceso de minería, materiales esenciales para la fabricación de componentes tecnológicos y dispositivos vinculados a la inteligencia artificial, telecomunicaciones y sectores industriales avanzados. Esta conexión apunta a un intento de consolidar una cadena de suministro nacional, reduciendo la dependencia de importaciones y asegurando la soberanía tecnológica y económica del país. Sin embargo, esta política ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones ambientales y expertos en cambio climático, que advierten sobre los riesgos ambientales y de salud asociados al incremento en la producción y consumo de carbón, el combustible fósil más contaminante.
Lena Moffitt, directora de la ONG Evergreen, expresó su oposición acusando a la administración de usar la inteligencia artificial como un pretexto para favorecer a los intereses de la industria de combustibles fósiles, particularmente a los "donantes del sector fósil" que han financiado políticamente a ciertas facciones. El contexto energético actual en Estados Unidos muestra un panorama en transformación. En 2023, el carbón representó alrededor del 16 % del total de la electricidad generada, comparado con las energías renovables que superaron el 21 %. Esta caída en la producción de carbón se debe a múltiples factores incluyendo la competencia de energías más limpias, regulaciones ambientales estrictas y la reducción de costos de tecnologías renovables. La iniciativa de Trump pretende revertir esta tendencia y reactivar un sector en declive, lo cual podría tener implicancias relevantes en materia económica, ambiental y social.
A nivel regulatorio, la orden ejecutiva propone revisar y eventualmente modificar reglas que en 2024 exigían a las plantas eléctricas de carbón eliminar casi todas sus emisiones de carbono o cerrar, una política central del programa climático de la administración Biden que pretendía mitigar los efectos adversos del calentamiento global. La reversión de estas políticas implica un cambio en la postura del gobierno federal sobre el equilibrio entre desarrollo económico e impacto ambiental. En términos de energía, la justificación oficial para impulsar el carbón también está ligada a las crecientes necesidades de la inteligencia artificial y otras tecnologías que demandan una gran cantidad de electricidad. Si bien la inteligencia artificial es efectivamente una tecnología intensiva en consumo energético debido al funcionamiento de centros de datos y servidores, la dependencia en combustibles fósiles para cubrir esta demanda genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad a largo plazo y los compromisos internacionales con la reducción de gases de efecto invernadero. El impacto económico de la orden ejecutiva podría dinamizar regiones dependientes del carbón, generando empleos y aumentando la producción industrial.
Sin embargo, también plantea retos relacionados con la salud pública, la contaminación atmosférica y las emisiones de CO2, aspectos que podrían contrarrestar beneficios económicos si no se gestionan adecuadamente. En el plano internacional, el regreso a una política pro carbón en Estados Unidos puede complicar las negociaciones y compromisos climáticos globales al enviar señales contradictorias respecto al liderazgo del país en la lucha contra el cambio climático, especialmente en foros multilaterales y pactos internacionales. Por último, es importante considerar que la transición energética global está reservando un lugar creciente a fuentes renovables como la solar, eólica, hidráulica y tecnologías emergentes en almacenamiento y eficiencia energética. En este escenario, el impulso a la minería del carbón y la producción energética a base de carbón representan una estrategia conservadora y tradicional, que confronta el interés global por mitigar el cambio climático mediante la reducción progresiva de los combustibles fósiles. En conclusión, la orden ejecutiva de Donald Trump para fomentar la minería del carbón en Estados Unidos busca responder a necesidades energéticas inmediatas vinculadas a la inteligencia artificial y fortalecer sectores económicos en declive.
Sin embargo, esta medida también genera un amplio debate sobre las prioridades energéticas, ambientales y económicas del país, la sostenibilidad del modelo energético a futuro y el papel de Estados Unidos en la agenda global climática. Las implicaciones de esta decisión se seguirán analizando mientras nuevas políticas y tecnologías confluyen en el complejo panorama energético mundial.
