En la última década, OpenAI ha emergido como una fuerza fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada, particularmente en la búsqueda de la inteligencia artificial general (AGI, por sus siglas en inglés). Establecida en 2015 como una organización sin fines de lucro, OpenAI nació de la preocupación por el control privado y lucrativo de tecnologías que podrían transformar radicalmente la sociedad. Sin embargo, un reciente anuncio sobre un cambio estructural que convertiría a OpenAI en una entidad con fines de lucro ha generado una profunda polémica entre expertos, legisladores y la sociedad civil. El corazón del debate radica en la propuesta de reestructuración por la cual el control del desarrollo y despliegue de AGI pasaría de una entidad sin fines de lucro, cuya misión principal es garantizar que esta tecnología beneficie a toda la humanidad, a una corporación pública con fines de lucro (public benefit corporation o PBC). Este cambio implica un potencial desplazamiento de los principios filantrópicos que han regido la organización y que han sido la base para la confianza pública en su trabajo.
Destacados investigadores, abogados especializados en gobernanza corporativa y expertos en legislación en inteligencia artificial han firmado una carta abierta dirigida a los fiscales generales de California y Delaware, donde OpenAI está constituida. La carta expresa una preocupación unánime: que esta reestructuración pone en riesgo el propósito caritativo original de OpenAI y podría comprometer la seguridad y el acceso equitativo a AGI. Los firmantes subrayan que la estructura original de OpenAI, que combina un ente sin fines de lucro con un subsidiario de capital limitado orientado al lucro, fue diseñada para equilibrar la necesidad de atraer inversión y talento con la obligación ineludible de mantener el interés público en primer lugar. La entidad sin fines de lucro controla la gobernanza, impone límites a las ganancias y asegura que cualquier beneficio adicional se reinvierta para el bien común. Esta propiedad legal protege tanto a los beneficiarios directos —la humanidad en conjunto— como a las instituciones regulatorias encargadas de velar por su cumplimiento.
Los expertos advierten que la propuesta para transferir control a una PBC socava estas salvaguardas cruciales. La gobernanza dejaría de estar jurídicamente obligada a priorizar la seguridad y el beneficio global sobre la maximización de ganancias para accionistas. Como consecuencia, existiría el riesgo evidente de que presiones financieras y competitivas conduzcan a la aceleración irresponsable del desarrollo tecnológico, dejando de lado medidas esenciales para la seguridad y equidad en el acceso. En sus argumentos, los firmantes apelan a la responsabilidad fiduciaria y al marco legal de las organizaciones con propósito caritativo. Recordando que las leyes de Delaware y California exigen un compromiso firme y exigible con el propósito declarado de la entidad sin fines de lucro, señalan que la pérdida de control podría equivaler a un acto ultra vires, es decir, fuera del alcance permitido por los estatutos originales, y en perjuicio del interés público.
Este debate también cuestiona las explicaciones públicas ofrecidas por OpenAI. Aunque la organización aduce que la reestructuración es necesaria para simplificar la estructura de capital y atraer nuevas inversiones, los críticos señalan que estas razones no justifican la eliminación de las protecciones existentes. La simple búsqueda de ventajas competitivas o la facilitación del acceso a capital privado no debe nunca eclipsar la misión caritativa y la responsabilidad ética inherentes a la creación y control de una tecnología con impacto potencialmente transformador y global. Además, existen preocupaciones puntuales sobre el manejo de las relaciones con inversionistas e interesados en la organización. Se especula que algunas inversiones recientes podrían haber condicionado su desembolso a la aceptación de esta reestructuración, lo que podría generar conflictos de interés entre los gestores y el propósito social al que OpenAI está obligada.
La carta abierta también evidencia un riesgo económico y estratégico para quienes se beneficiaron inicialmente de la misión sin fines de lucro. Si los beneficios extraordinarios derivados del éxito en AGI se concentran en los accionistas y se retiran las cláusulas que limitan sus ganancias, la mayoría del valor creado podría desviarse de la humanidad hacia intereses privados. Enfatizan además que la propuesta de separar la entidad sin fines de lucro en una organización que enfoque sus actividades en salud, educación y ciencia, aunque noble y valiosa, no reemplaza ni justifica la pérdida del control sobre el desarrollo y la gobernanza de AGI, tecnología central en la misión original y de trascendental interés global. Para abordar estas preocupaciones, los expertos hacen un llamado a la acción a las autoridades regulatorias para que ejerzan su deber de proteger la misión caritativa y los intereses públicos. Solicitan investigaciones detalladas sobre los motivos que llevaron a la reestructuración, la participación y posibles conflictos de interés de los miembros del directorio, así como clarificaciones sobre las futuras estructuras de gobernanza y garantías en materia de seguridad y distribución equitativa.
Es fundamental que exista transparencia total respecto a cómo se mantendrán, o no, compromisos como el del "stop-and-assist" en la competencia de AGI, establecido en la carta fundacional de OpenAI, que prevé la suspensión de la competencia en favor de apoyar a proyectos alineados si se acercan a desarrollar AGI primero. El futuro de la inteligencia artificial general representa una oportunidad sin precedentes para la humanidad, con potencial para revolucionar economías, solucionar problemas complejos y ampliar las fronteras del conocimiento. Sin embargo, también conlleva riesgos significativos, relacionados con la seguridad, el control y la distribución justa de sus beneficios. En este contexto, la estructura corporativa y la gobernanza no son meros detalles formales, sino pilares fundamentales que pueden determinar el éxito o fracaso ético y social de esta revolución tecnológica. El debate en torno a OpenAI muestra la importancia de mantener un equilibrio justo entre innovación, inversión y responsabilidad pública.
Las decisiones que se tomen ahora impactarán no sólo en la trayectoria de OpenAI sino en la manera como la inteligencia artificial se integra en nuestras sociedades en las próximas décadas. La correspondencia de los expertos plantea un desafío crítico y urgente: reforzar los mecanismos que aseguren que AGI se desarrolle para el beneficio de todos, sin quedar supeditado a intereses comerciales o estratégicos que podrían poner en riesgo los principios que fundamentaron la creación de OpenAI. En última instancia, la gobernanza de OpenAI debe continuar reflejando su compromiso con un futuro en el que la inteligencia artificial general sea una herramienta para el bien común, accesible y segura, y no una mercancía exclusiva en manos privadas.
