En un momento crucial para la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, el Senado se encuentra próximo a votar un polémico proyecto de ley que intenta crear un marco regulatorio para los stablecoins, aun cuando un grupo significativo de senadores demócratas ha retirado su apoyo al texto actual. Esta situación refleja la complejidad y los desafíos que enfrenta la legislación relacionada con los activos digitales, especialmente cuando intereses políticos, preocupaciones de seguridad y acontecimientos recientes en el mundo cripto se entrecruzan en el debate. Las stablecoins, o monedas estables, son una clase particular de criptomonedas que están diseñadas para mantener un valor constante, generalmente respaldadas por monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Su creciente popularidad debido a la estabilidad que ofrecen en medio de la volatilidad común en el mercado cripto ha motivado a legisladores a buscar una regulación clara que aporte seguridad jurídica, transparencia y protección para los usuarios y el sistema financiero en general. La legislación en cuestión, conocida como GENIUS Act, ha sido promovida principalmente por los republicanos con el objetivo de establecer un marco de supervisión para los pagos realizados con stablecoins.
Sin embargo, su camino ha estado marcado por tensiones internas, especialmente en el seno del partido demócrata, que inicialmente respaldaba la iniciativa pero que ahora expresa importantes reservas sobre el contenido final del proyecto. Nueve senadores demócratas que previamente apoyaban el proyecto emitieron una declaración pública señalando que no podrán votar a favor del texto en su forma actual. Manifestaron que el proceso hasta ahora había sido constructivo y abierto a modificaciones, pero que el documento que se presentará a votación no recoge los avances negociados ni incorpora mejoras esenciales que ellos consideran fundamentales. Entre sus principales preocupaciones destacan la necesidad de fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, regular a emisores extranjeros, garantizar la seguridad nacional y mantener la estabilidad del sistema financiero. También exigen mayor responsabilidad para quienes incumplan con los requisitos establecidos.
Entre los senadores que han expresado su desaprobación se encuentran figuras como Ruben Gallego de Arizona, Mark Warner de Virginia, Lisa Blunt Rochester de Delaware y Andy Kim de Nueva Jersey. Cabe destacar que varios de ellos participaron activamente en la comisión bancaria del Senado y habían apoyado la iniciativa en fases previas, lo que resalta aún más la seriedad de las objeciones planteadas. Ruben Gallego, en particular, ha sido muy claro al señalar que no se trata de un cambio de posición repentino sino del resultado de negociaciones frustradas. Según él, la versión del proyecto que se someterá a votación retrocede en muchas de las mejoras discutidas y no refleja los avances obtenidos. El desencuentro entre los demócratas y los republicanos se intensificó tras el anuncio del líder mayoritario del Senado, John Thune, quien decidió acelerar el proceso para llevar el proyecto a la votación en el pleno.
Esta rápida maniobra tomó por sorpresa a algunos legisladores demócratas que no habían tenido acceso al texto completo antes de su publicación. La situación desató constantes debates y una tensión palpable en las reuniones internas del partido demócrata, donde se evaluó el impacto político y legislativo de la medida. A esta presión se suma el contexto político más amplio, influenciado por las acciones recientes del expresidente Donald Trump y su familia en el sector criptográfico. Trump había prometido en su campaña convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas y ha impulsado proyectos relacionados con stablecoins a través de la empresa World Liberty Financial, que él mismo y sus hijos lanzaron. El anuncio de una operación multimillonaria pactada entre una firma emiratí y World Liberty Financial, que implicaría el uso de una stablecoin recién creada para realizar una transacción de dos mil millones de dólares con Binance, ha generado gran controversia.
La naturaleza de este acuerdo ha sido objeto de críticas por parte de varios demócratas, que señalan riesgos de corrupción y la posibilidad de que intereses extranjeros influyan indebidamente en el mercado cripto estadounidense. Senadora Elizabeth Warren, una de las voces más críticas del partido demócrata en esta pelea, ha sido contundente al calificar la operación vinculada a la familia Trump como un ejemplo claro de corrupción que no debería ser amparada por una legislación que facilitaría ese tipo de negocios. Warren ha manifestado públicamente su rechazo al proyecto de ley, instando a sus colegas a votar en contra del mismo para proteger la integridad del sistema financiero y la confianza pública. Asimismo, la representante Maxine Waters, líder demócrata en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, ha adoptado una posición contundente al anunciar que bloqueará una audiencia clave sobre la estructura del mercado criptográfico tras el rechazo de los republicanos a incluir salvaguardas que impidan que Trump se beneficie del sector. Waters ha anunciado que, en lugar de la audiencia oficial, los demócratas realizará una sesión paralela para investigar la influencia y vínculos del expresidente con la industria cripto, incluyendo el análisis de las operaciones de World Liberty Financial y su moneda digital de tipo meme.
La fractura dentro del partido demócrata y la oposición visible a esta legislación representan un serio obstáculo para los objetivos republicanos y del gobierno actual, que pretendían aprovechar el impulso para aprobar no solo la regulación de stablecoins sino también estructuras más amplias para el mercado de activos digitales antes del mes de agosto. El fracaso en consolidar un consenso podría postergar indefinidamente la creación de un marco legal en un sector que continúa expandiéndose rápidamente y que actualmente navega en aguas regulatorias poco claras. La importancia de la regulación de los stablecoins radica en su impacto potencial en la estabilidad financiera y en la economía global. Sin reglas claras, estos activos podrían ser usados como herramientas para actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero, evasión fiscal o financiamiento de actividades ilegales. Al mismo tiempo, una normativa demasiado restrictiva podría frenarlos y dificultar la innovación tecnológica y financiera que prometen.
