Estados Unidos, históricamente reconocida como una gran cuna de innovaciones tecnológicas, se encuentra hoy en una encrucijada crucial con respecto al sector de las criptomonedas y la tecnología blockchain. A pesar de su potencial para liderar la economía digital global, la nación está viendo cómo su renovado impulso cripto —apodado como 'renacimiento cripto'— se desvanece rápidamente, en gran medida debido a un entorno regulatorio indiferente y, en ocasiones, adverso. Mientras otros países aprovechan la oportunidad para posicionarse como refugios seguros y atractivos para emprendedores de blockchain, Estados Unidos pierde talento, inversión y protagonismo en esta carrera tecnológica, un hecho preocupante que requiere atención urgente y acción decidida. Desde hace años, el panorama legal en Estados Unidos para lanzar proyectos relacionados con criptomonedas ha sido un laberinto repleto de ambigüedades. La incertidumbre regulatoria genera miedo y desconfianza entre fundadores y desarrolladores, quienes se ven obligados a considerar jurisdicciones extranjeras con marcos más claros y flexibles, como Suiza, las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas.
Estos países han logrado construir ecosistemas favorables, ofreciéndoles a los creadores la posibilidad de establecer estructuras legales seguras, evitando así la preocupación constante de ser categorizados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) como emisores de valores —una clasificación que acarrea un sinfín de obligaciones legales y que, en la práctica, ahoga el crecimiento. Uno de los principales obstáculos que enfrentan los proyectos cripto en Estados Unidos es el uso continuado del antiguo test de Howey, un criterio judicial desfasado que determina la naturaleza de una inversión como valor o seguridad. Este test no fue concebido con el ecosistema blockchain en mente y resulta inadecuado para evaluar la complejidad y particularidades de los tokens cripto. Según este modelo, prácticamente cualquier proyecto que lance un token puede ser automáticamente considerado como un valor, lo cual pone a los innovadores en una situación muy delicada, ya que inevitablemente deben gestionar cierto nivel de centralización en las etapas iniciales de desarrollo hasta alcanzar un estado de descentralización plena. Este conflicto inherente genera un círculo vicioso dañino: para evitar ser considerados valores, los proyectos deben descentralizarse, pero sin una tokenización inicial adecuada y clara, la descentralización se vuelve prácticamente imposible.
En consecuencia, muchas iniciativas se ven obligadas a trasladar la emisión de sus tokens y ciertos procesos legales al exterior para evitar la presión regulatoria estadounidense. Esta práctica, aunque pragmática para la supervivencia empresarial, termina perjudicando la economía local y el posicionamiento de Estados Unidos como potencia tecnológica. La realidad es que, aunque el desarrollo, la investigación y la creación de talento ocurren en suelo estadounidense, la parte crucial del lanzamiento y la gestión legal de los tokens se externaliza, dejando a Estados Unidos en una posición secundaria en esta industria pujante. Además, el impacto negativo se extiende a los proveedores de liquidez y a las plataformas de intercambio de criptomonedas. Muchas exchanges centralizadas se rehúsan a listar tokens emitidos por entidades estadounidenses, y las exchanges descentralizadas también enfrentan presiones legales para no facilitar la liquidez para estos proyectos.
Esto limita gravemente la participación de fundos de inversión, market makers y usuarios, restringiendo el crecimiento natural del ecosistema. Frente a esta situación, las autoridades estadounidenses han mostrado, en ocasiones, posturas contradictorias. Aunque algunas administraciones han intentado mostrar una cara más amigable con las criptomonedas, ofreciendo un discurso de apertura y promesa, en la práctica no ha habido avances concretos que otorguen claridad y seguridad jurídica a los innovadores. El enfoque predominante sigue siendo el de "regulación por ejecución", caracterizado por acciones legales punitivas y demandas que generan temor y desconfianza, lo que ralentiza el desarrollo y empuja a los actores hacia el extranjero. Para que Estados Unidos pueda revertir esta tendencia y recuperar su liderazgo en la industria blockchain y cripto, es imprescindible que se lleve adelante una revisión y actualización profunda del marco regulatorio.
La solución radica en modernizar leyes obsoletas y diseñar una regulación específica para la naturaleza única de los criptoactivos, que reconozca la imposibilidad de alcanzar la descentralización total desde el momento cero del lanzamiento del token, pero que también garantice mecanismos para evitar el abuso o la concentración de beneficios en manos de actores internos durante la fase de crecimiento. Un nuevo enfoque regulatorio debería incluir la creación de una versión adaptada del test de Howey, una herramienta jurídica que permitiría a los proyectos gozar de un período de gracia para descentralizarse sin arriesgarse a ser catalogados inmediatamente como valores. De esta manera, se fomentaría la innovación tecnológica sin comprometer la protección del inversor y la integridad de los mercados. Asimismo, el gobierno federal debería establecer pautas claras, coherentes y consistentes que permitan distinguir con mayor certeza cuándo un token se considera un commodity, un valor o algún otro tipo de instrumento financiero. Esta claridad no solo debe beneficiar a los desarrolladores sino también a intermediarios, como las casas de cambio y proveedores de liquidez que actualmente evitan operar con tokens de origen estadounidense debido a la inseguridad jurídica.
Eliminar la estrategia de “regulación por ejecución” es vital para reconstruir la confianza en el ecosistema local. En su lugar, deben promoverse políticas públicas que acompañen y favorezcan a los nuevos emprendimientos, entendiendo las particulares características innovadoras y disruptivas de la tecnología blockchain, así como su potencial para transformar múltiples sectores de la economía, desde las finanzas hasta la cadena de suministro y el comercio internacional. El tiempo apremia. Cada día que transcurre sin soluciones efectivas, más proyectos se constituyen fuera de Estados Unidos, disminuyendo la capacidad del país para atraer inversión y retener talento tecnológico. Esto no solo es un problema económico, sino también geopolítico, ya que otras naciones fortalecen su posición estratégica en la nueva economía digital.
En definitiva, si Estados Unidos aspira a recuperar su rol como líder mundial en innovación cripto, debe abandonar las viejas prácticas regulatorias y tomar la iniciativa para desarrollar un marco legal actualizado, dinámico y que entienda las necesidades reales de la industria. Es necesario que los legisladores y reguladores estadounidenses colaboren estrechamente con los expertos del sector para forjar políticas inclusivas, prácticas y adaptadas a la revolución tecnológica en curso. Solo así, podrá detenerse el éxodo de proyectos y el desgaste del ecosistema cripto estadounidense, dando paso a un futuro donde la innovación y la regulación coexistan en equilibrio. El potencial está, la voluntad debe acompañar para que la grandeza tecnológica de Estados Unidos en el mundo cripto vuelva a brillar con fuerza.
