El mercado de criptomonedas no deja de sorprender al mundo, y recientemente una afirmación realizada por el Bitcoin Policy Institute (BPI) ha generado gran expectación entre inversores y analistas. Según líderes de este instituto, una adquisición masiva de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos, llegando a comprar un total de un millón de BTC, podría llevar el precio de cada Bitcoin a niveles históricos, acercándose incluso a la marca del millón de dólares por unidad. Este escenario plantea nuevas interrogantes sobre la influencia del Estado en el ecosistema cripto, el impacto económico y la evolución de Bitcoin como activo global. La propuesta no es una idea alocada ni un simple ejercicio teórico. De hecho, este planteamiento surge a raíz de una serie de movimientos regulatorios y estratégicos en los Estados Unidos, encabezados por el expresidente Donald Trump y reforzados con propuestas legislativas actuales.
Trump firmó una orden ejecutiva que establece la creación de una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales, con el objetivo de posicionar a Estados Unidos como una potencia en la esfera digital y financiera emergente. En este contexto, el BPI atiende a la manera en que el gobierno podría adquirir este inmenso volumen de BTC de manera "presupuestariamente neutra", utilizando ingresos no fiscales como tarifas arancelarias y regalías provenientes de recursos naturales o ventas de tierras federales. Para comprender la magnitud y las repercusiones de tal operación, es crucial analizar el impacto que una compra estatal de esta envergadura tendría sobre el mercado global de Bitcoin. Actualmente, la oferta total de Bitcoin es limitada a 21 millones de monedas, de las cuales una parte significativa ya está en circulación y en manos de inversores institucionales y minoristas. La adquisición de un millón de BTC por parte de un solo actor, especialmente un estado soberano como Estados Unidos, podría generar un shock sísmico en el mercado, aumentando la demanda de forma abrupta y provocando un alza espectacular en su precio.
Zach Shapiro, jefe de políticas del Bitcoin Policy Institute, sostuvo en un podcast exclusivo de Bitcoin Magazine que este nivel de compra transformaría la percepción global y valoración del Bitcoin, impulsando la cotización más allá de cualquier techo histórico conocido hasta la fecha. La noción de que el Bitcoin pueda llegar a valer un millón de dólares por unidad no es solo fruto del entusiasmo cripto, sino una consecuencia lógica de las dinámicas de oferta y demanda en un mercado con limitada liquidez para un activo tan cotizado. Por otro lado, Matthew Pines, director ejecutivo de BPI, agregó una dimensión estratégica a esta discusión. Pines hizo hincapié en que una mayor acumulación de Bitcoin dentro de las reservas del Estado no solo implicaría un beneficio económico directo, sino que también establecería un símbolo de fuerza e innovación tecnológica para Estados Unidos en la arena internacional. Tal posicionamiento incentivaría a otros países a seguir una estrategia similar, potencialmente configurando una nueva geopolítica basada en activos digitales y divisas descentralizadas.
Uno de los elementos más innovadores de esta propuesta es la metodología para financiar esta millonaria compra sin aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos estadounidenses. Pines mencionó que el gobierno podría destinar los ingresos provenientes de aranceles comerciales —que son tarifas aplicadas a las importaciones— para adquirir Bitcoin, lo que representaría un mecanismo “presupuestariamente neutro”. Esto significa que no sería necesario aumentar los impuestos ni recurrir a deuda adicional para financiar la operación. También se contemplan otros ingresos no tributarios, como regalías por concesiones petroleras o gasíferas y la venta de activos públicos como tierras federales o metales preciosos. Este planteamiento se alinea con la orden ejecutiva firmada por Trump el 7 de marzo, que establece un marco estratégico para la reserva digital del país.
Además, el senador Cynthia Lummis ha promovido el BITCOIN Act, una iniciativa legislativa para elevar las reservas estadounidenses por encima del millón de Bitcoin, fortaleciendo así el liderazgo del país en tecnología blockchain y activos digitales. Sin embargo, no todo es optimismo. La estrategia de usar ingresos arancelarios para adquirir Bitcoin ha sido objeto de debate y genera cierto grado de incertidumbre en los mercados internacionales. A partir del 2 de abril, la administración Trump impuso una tarifa base del 10 % en todas las importaciones, medida que provocó tensiones comerciales y reacciones adversas en diversos sectores económicos, creando un entorno volátil en los mercados globales y específicamente en el comercio internacional. Más allá de las consideraciones económicas y políticas, la potencial demanda masiva por parte del Estado pondría de manifiesto la creciente aceptación y legitimación de Bitcoin como reserva de valor y activo estratégico.
Hasta hace poco, Bitcoin era visto en muchos círculos gubernamentales como un activo volátil y especulativo; sin embargo, iniciativas como esta evidencian un cambio paradigmático en la percepción oficial y su inclusión en la planificación financiera y estratégica de una nación. Las implicaciones para los inversores individuales y empresas pueden ser enormes. Un aumento sustancial en el precio de Bitcoin incentivaría la entrada de más jugadores al mercado, creando ciclos alcistas y favoreciendo el desarrollo de infraestructura financiera vinculada a las criptomonedas. Asimismo, la consolidación de Estados Unidos como un “superpoder Bitcoin” podría estimular la innovación tecnológica, regulatoria y económica alrededor del ecosistema blockchain. No obstante, el escenario también requiere considerar los riesgos asociados, como la posible manipulación del mercado, la presión regulatoria y la necesidad de transparencia en la gestión de activos digitales a nivel gubernamental.
