En una medida que ha generado fuertes controversias y preocupación entre científicos, expertos en cambio climático y el público en general, la administración Trump ha decidido poner fin a la actualización y mantenimiento de la conocida base de datos de desastres meteorológicos y climáticos costosos en Estados Unidos. Esta base de datos, gestionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), ha sido una herramienta clave desde 1980 para registrar y analizar el impacto económico de diferentes eventos naturales extremos, desde huracanes hasta tormentas de granizo, permitiendo así un seguimiento riguroso de las tendencias y la evolución de la gravedad de estos fenómenos. La desaparición de esta base representa un serio golpe a la capacidad del país para monitorear objetivamente el costo financiero de los desastres vinculados al clima y limita la visibilidad pública y académica sobre cómo el cambio climático está afectando la frecuencia y magnitud de dichos eventos. Durante más de cuatro décadas, la base de datos ha servido como registro exhaustivo que aporta cifras concretas sobre pérdidas, sumando más de 2.945 billones de dólares derivados de 403 desastres con un costo superior a los mil millones cada uno.
En promedio, entre 1980 y 2024, ocurrieron aproximadamente nueve desastres de esta magnitud por año. Sin embargo, en los últimos cinco años, este promedio se incrementó drásticamente a 24 eventos anuales, alcanzando un récord de 28 desastres en 2023. Estas cifras evidencian no sólo la creciente vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos sino también un posible reflejo de los efectos desestabilizadores del cambio climático sobre los patrones climáticos del país. Además, esta base ofrecía un valor incalculable por su metodología estandarizada y por reunir datos exclusivos provenientes de fuentes tanto públicas como privadas, incluidas compañías de seguros y reaseguradoras, datos que no suelen estar disponibles para el público o los investigadores independientes. Este último punto es crucial porque muchas aseguradoras y entidades financieras basan sus análisis de riesgo en cifras internas que rara vez divulgaban con transparencia.
Al condicionar así la continuidad de la base de datos, se deja un vacío significativo en la capacidad para construir análisis comparativos sólidos y de largo plazo sobre la evolución de riesgos climáticos a nivel regional y nacional. En el contexto actual, donde el debate sobre la relación entre el cambio climático y los desastres naturales es cada vez más relevante, la eliminación de esta herramienta limita gravemente el acceso a información objetiva y actualizada, contribuyendo a la opacidad en un asunto de gran interés público y privado. A pesar de que NOAA señaló en su web que la base no se centraba en atribuir los eventos directamente al cambio climático, numerosos expertos han indicado que el aumento en la frecuencia y severidad de ciertos fenómenos extremos sí está vinculada —al menos en parte— con el calentamiento global provocado por la actividad humana. De hecho, estudios científicos y reportes de aseguradoras internacionales, como Swiss Re, han confirmado tendencias ascendentes en pérdidas aseguradas debido a eventos climáticos severos, con un crecimiento anual proyectado de entre el 5% y el 7%. Esta realidad refleja la creciente amenaza que representa el cambio climático sobre la infraestructura, la economía y la vida de millones de estadounidenses.
Desafortunadamente, la retirada de esta base de datos es solo una pieza dentro de un panorama más amplio de disminución de recursos y personal en entidades clave dedicadas al monitoreo ambiental y climático, incluyendo recortes presupuestarios directos y planes para cerrar divisiones enteras de investigación y laboratorios de clima y meteorología. Esta estrategia de reducción presupuestaria está alineada con una política general del gobierno Trump de minimizar o eliminar programas asociados con el término “clima”, aún cuando estas iniciativas sean vitales para entender y mitigar los impactos derivados del calentamiento global. La decisión de no solo archivar sino acabar con la actualización de la base limitará severamente el acceso a información precisa y comparable que ha sido vital para investigadores, legisladores, medios de comunicación y el público en general. Sin un mecanismo oficial y confiable para cuantificar y seguir el costo económico de los desastres naturales, la capacidad de formular políticas públicas adecuadas, de preparar a las comunidades en riesgo y de asignar recursos de manera eficiente se ve mermada. Además, se dificulta la formulación de estudios científicos que requieran un seguimiento histórico robusto para validar modelos de predicción y evaluar el impacto del cambio climático en diferentes regiones.
Pese a los recortes y la cancelación de programas, comunidades científicas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado continúan buscando vías para compensar esta deficiencia, aunque replicar la base de datos resulta prácticamente imposible sin acceso a los datos privados y metodologías estándar que la NOAA integraba. Esta fragilidad en el sistema de información aumenta la opacidad y puede perjudicar el desarrollo de estrategias efectivas para prevenir pérdidas futuras y planificar la adaptación al clima cambiante. En conclusión, la eliminación de la base de datos de desastres climáticos representa un retroceso significativo en la transparencia, la planificación y la capacidad de respuesta frente a fenómenos extremos en Estados Unidos. La decisión no solo limita la vigilancia del impacto económico a nivel nacional, sino que también afecta la comprensión global de cómo el cambio climático está alterando el riesgo y la gestión de desastres naturales. En un momento en que la crisis climática exige cada vez más información confiable y accesible para mitigar daños y proteger a la población, la reducción de recursos y la eliminación de herramientas esenciales parecen contradecir las necesidades y expectativas públicas.
La continuidad y el fortalecimiento de las iniciativas que monitorean el costo real de los desastres meteorológicos deberían ser una prioridad para cualquier administración comprometida con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos ante los desafíos del siglo XXI.
