El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), entidad responsable de proteger a los consumidores en el ámbito financiero en Estados Unidos, ha decidido retirar la apelación en un litigio judicial que se centraba en su Manual de Actos o Prácticas Injustas, Engañosas o Abusivas, comúnmente conocido por sus siglas en inglés UDAAP. La decisión, anunciada en mayo de 2025, marca un punto de inflexión en la regulación financiera bajo la nueva dirección del organismo y marca un cambio significativo respecto a la política implementada durante la administración Biden. El caso judicial se originó luego de una actualización impulsada en marzo de 2022 por el exdirector Rohit Chopra que pretendía ampliar la facultad del CFPB para investigar conductas discriminatorias en bancos bajo el paraguas de la autoridad UDAAP. Esta actualización buscaba permitir que los examinadores del CFPB pudieran identificar y combatir conductas discriminatorias que no siempre estaban claramente contempladas dentro de las leyes de préstamos justos, pero que podían vulnerar los estándares federales contra prácticas injustas o abusivas. Sin embargo, esta expansión generó rechazo en varios grupos comerciales y asociaciones bancarias, quienes denunciaron que dicha actualización fue implementada de manera abrupta y sin seguir los procesos legales adecuados bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act).
Consideraron que esta estrategia excedía la autoridad legal del CFPB y podría derivar en una sobre-regulación perjudicial para la industria financiera. Por ese motivo, presentaron una demanda que culminó en una batalla legal de tres años que llegó al Tribunal del Quinto Circuito. Entre los demandantes se destacaron nombres relevantes como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Longview, la Asociación Estadounidense de Banqueros, la Asociación de Banqueros de Consumidores, la Asociación de Banqueros Independientes de Texas, la Asociación de Negocios de Texas y la Asociación de Banqueros de Texas. Todos ellos junto con el CFPB firmaron un acuerdo conjunto para retirar con prejuicio la apelación en este caso, lo que significa que el organismo no podrá volver a presentar el mismo reclamo relacionado con esa actualización específica. Chris Furlow, CEO y presidente de la Asociación de Banqueros de Texas, expresó su satisfacción ante esta decisión, resaltando el reconocimiento tácito de que la gestión anterior del CFPB no respetó los procedimientos legales necesarios y llevó a un exceso regulatorio.
Según sus declaraciones, la nueva dirección del CFPB está corrigiendo el rumbo y cerrando un capítulo de regulaciones consideradas como arbitrarias e ilegales. De igual forma, Rob Nichols, CEO de la Asociación Americana de Banqueros, celebró la resolución y destacó que, si bien apoyan la aplicación justa de las leyes contra la discriminación, la anterior expansión del CFPB sobrepasó sus límites legales. La decisión de retirar la apelación representa un paso positivo para lograr un equilibrio entre la protección al consumidor y la seguridad jurídica para las entidades financieras. El origen de la autoridad del CFPB para controlar prácticas financieras injustas o engañosas data de la Ley Dodd-Frank de 2010, promulgada tras la crisis financiera de 2008-2009. Esta ley otorgó al CFPB la capacidad para imponer sanciones a firmas financieras que violaran prohibiciones federales históricas contra actos injustos, engañosos o abusivos.
En ese contexto, la inclusión del término "abusivo" amplió notablemente el alcance regulatorio para prevenir conductas que afectasen directamente a los consumidores. No obstante, la disputa actual ha servido para definir con mayor claridad los límites de la interpretación y aplicación de esas normativas, asegurando que cualquier cambio regulatorio importante debe cumplir rigurosamente con los procedimientos administrativos y contar con la debida justificación jurídica. El desenlace de este caso refleja también la dinámica política y regulatoria que existe en Estados Unidos en torno a la supervisión financiera. Los cambios en la dirección del CFPB suelen conllevar modificaciones en su enfoque y prioridades, y en esta ocasión, el giro hacia una posición más prudente y cuidadosa con los límites legales truncó una ampliación que generó desacuerdos a nivel judicial y corporativo. Desde una perspectiva sectorial, este desenlace alivia la incertidumbre legal que venían experimentando las instituciones financieras, particularmente las entidades bancarias de Texas, que se habían manifestado con vehemencia en contra de la política originalmente implementada.
Además, refuerza la necesidad de un diálogo continuo entre reguladores, instituciones financieras y grupos de defensa del consumidor para definir marcos regulatorios claros y efectivos. En el panorama más amplio de la protección al consumidor, la retirada de la apelación no significa un debilitamiento en la supervisión de las prácticas discriminatorias o abusivas. Más bien, implica que la autoridad del CFPB debe fundamentarse dentro de los márgenes legales establecidos y utilizar procesos transparentes para garantizar el cumplimiento de las normas sin someter a las entidades a riesgos regulatorios arbitrarios. Esta resolución también puede ser interpretada como un mensaje a futuras administraciones sobre la importancia de adoptar políticas regulatorias basadas en la legalidad y la transparencia. A su vez, muestra que el equilibrio entre la protección del consumidor y la seguridad jurídica es fundamental para mantener la confianza en el sistema financiero y evitar enfrentamientos prolongados que puedan afectar la estabilidad del sector.
En definitiva, la decisión del CFPB de desestimar su apelación en este caso judicial pone fin a una etapa controvertida en la aplicación de sus poderes bajo la autoridad UDAAP. Contrasta con los intentos previos de expandir sus capacidades de supervisión sin suficiente respaldo legal y prepara el terreno para una regulación financiera más equilibrada, fundamentada en el respeto al marco normativo y en la colaboración multisectorial. El futuro del CFPB y su rol en la protección de los consumidores financieros dependerá ahora más que nunca de su habilidad para diseñar políticas que sean, a la vez, firmes en la defensa de los derechos de los usuarios y respetuosas con los límites legales, promoviendo así un entorno financiero justo, transparente y sostenible para todos los actores involucrados.
