La seguridad vial es una preocupación creciente en Estados Unidos, donde el aumento de accidentes de tránsito por exceso de velocidad ha generado alarma entre legisladores, expertos y ciudadanos. En este contexto, el estado de Virginia ha dado un paso pionero al aprobar una ley que busca controlar la velocidad máxima en vehículos conducidos por infractores reincidentes, haciendo uso de tecnología avanzada denominada Asistencia Inteligente de Velocidad (Intelligent Speed Assist, ISA). Esta innovación tecnológicamente apoyada marca un cambio paradigmático en cómo se enfrentan las infracciones de velocidad extrema y abre una ventana de oportunidad para que otros estados adopten medidas similares. La ley vigente en Virginia faculta a los jueces para exigir la instalación de sistemas de ISA en vehículos de conductores que hayan sido detectados conduciendo a velocidades superiores a los 100 millas por hora. Esta tecnología funciona mediante el uso de GPS para determinar el límite de velocidad permitido en la vía y evitar que el vehículo supere un margen determinado sobre dicho límite.
A diferencia de las sanciones tradicionales, como multas o suspensión de licencia, que han demostrado tener un impacto limitado en modificar el comportamiento de los infractores, ISA actúa directamente sobre la capacidad mecánica del vehículo para acelerar. La Asistencia Inteligente de Velocidad se divide en dos categorías principales: los sistemas pasivos, que alertan al conductor mediante señales sonoras o táctiles cuando se excede la velocidad permitida, y los sistemas activos que directamente limitan la aceleración cuando se llega a un umbral de velocidad preestablecido. La legislación de Virginia opta por el sistema activo para los conductores reincidentes, garantizando así que reducirá de forma efectiva el riesgo de que estos individuos vuelvan a conducir de forma irresponsable y peligrosa. Este enfoque basado en tecnología tiene múltiples ventajas frente a los métodos de control tradicionales. Primero, evita la dependencia exclusiva en la intervención policial, que inevitablemente no puede detectar todos los casos de conducción excesiva debido a limitaciones de recursos y ubicaciones.
Segundo, rompe con la ineficacia de sanciones económicas o licencias suspendidas, ya que numerosos estudios han demostrado que muchos conductores sancionados continúan conduciendo de forma temeraria. Finalmente, ofrece un sistema objetivo y automático que reduce la discusión o intento de apelación frente a multas o multas. La problemática de los "super-speeders", o conductores que superan los límites de velocidad en más de 20 millas por hora, es un tema que trasciende Virginia. Solo en 2022, aproximadamente 12,000 personas perdieron la vida en accidentes causados por exceso de velocidad en Estados Unidos, representando cerca de un tercio del total de muertes en carretera en ese año. Ejemplos trágicos como el accidente en North Las Vegas, donde un conductor circuló a 103 millas por hora causando 9 muertes, evidencian la gravedad del problema y la necesidad urgente de implementar soluciones efectivas.
Es en este panorama donde la adopción de sistemas ISA tiene una fuerte justificación. Mientras que en Europa la Unión Europea ha decretado la instalación obligatoria de ISA pasivo en todos los vehículos nuevos desde el año pasado, en Estados Unidos la resistencia burocrática y política frenó hasta ahora una legislación equivalente a nivel federal. Sin embargo, la acción estatal impulsada por legisladores progresistas y también conservadores demuestra que en el terreno local se están abriendo caminos para innovar en leyes que salvan vidas. Virginia no es el único estado que ha movido ficha sobre este asunto: el Distrito de Columbia ya había sido pionero con un mandato similar para conductores extremos, y otros territorios como Arizona, California, Georgia, Maryland y Nueva York están considerando propuestas para implementar ISA en vehículos de infractores reincidentes. Esta tendencia bipartisan refleja la importancia y el consenso en torno a la necesidad de mejorar la seguridad vial sin politizar una cuestión que afecta directamente la vida y la integridad de las personas.
Las ventajas de restringir la velocidad de conductores reincidentes no solo se limitan a mitigar accidentes por alta velocidad, sino que también aportan beneficios colaterales en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora del flujo vehicular. Un auto que no pueda acelerar excesivamente contribuye a una conducción más uniforme y sostenible, impacto positivo que suma a los esfuerzos por ciudades y estados en cumplir con metas ambientales y de calidad de vida urbana. Una de las preocupaciones recurrentes en debates sobre ISA involucra la cuestión de la autonomía del conductor y la privacidad, dadas las capacidades de los dispositivos para monitorear y controlar la velocidad. Las leyes en Virginia y otros estados han incorporado excepciones razonables, como permitir un mecanismo de 'override' o anulación temporal de los límites de velocidad en situaciones de emergencia comprobadas, buscando equilibrio entre seguridad y flexibilidad para el usuario. El papel de las familias de víctimas y grupos de defensa de la seguridad vial ha sido fundamental para el avance de esta legislación.
Organizaciones como Families for Safe Streets han coordinado campañas, generado recursos informativos y brindado testimonios que impactan tanto a legisladores como a la opinión pública, posicionando la adopción de ISA como una medida ética y urgente para proteger a los más vulnerables en el tránsito. Asimismo, la relación entre la industria automotriz y los legisladores ha mostrado una dinámica más conciliadora en la medida en que las leyes buscan aplicarse solo a un segmento reducido de conductores de alto riesgo, en lugar de imponer normativas estrictas para todos los vehículos nuevos. Esta estrategia reduce el rechazo de los fabricantes, quienes ven en la implementación gradual una oportunidad para adaptarse tecnológicamente sin poner en riesgo sus modelos comerciales. Con esta legislación, Virginia no solamente está fortaleciendo las herramientas para reducir la siniestralidad vial, sino que también establece un modelo para otros estados que enfrentan retos similares. La posibilidad de que Washington, Georgia y otros territorios sigan sus pasos podría crear una red de seguridad tecnológica alineada con los avances internacionales en prevención de accidentes.
