OpenAI, conocido como uno de los principales laboratorios de inteligencia artificial a nivel mundial, ha estado bajo el escrutinio público y regulatorio debido a una restructuración interna que ha generado numerosas controversias. La empresa anunció que su brazo lucrativo, actualmente gestionado como una LLC, está en proceso de transformación hacia una Corporación de Beneficio Público (PBC, por sus siglas en inglés), mientras que el organismo sin fines de lucro que la controla retendría lo que denominan “control nominal”. Este anuncio ha abierto un amplio debate sobre el verdadero alcance de ese control, las implicaciones para la misión original de OpenAI y el futuro de la Gobernanza en el desarrollo de inteligencia artificial avanzada (AGI, por sus siglas en inglés). La fundación y misión original de OpenAI giran en torno a asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad, evitando que se convierta en un instrumento de lucro exclusivo para pocos actores privilegiados. Sin embargo, el paradigma de estructuras mixtas —que combinan entidades sin fines de lucro con brazos comerciales— plantea desafíos significativos en cuanto a transparencia, objetivos y prioridades.
La decisión reciente de transformar la entidad lucrativa en una Corporación de Beneficio Público parece una estrategia para alinear intereses sociales con incentivos económicos, aunque la eliminación de límites a las ganancias cuestiona hasta qué punto los principios fundacionales se mantienen intactos. Uno de los principales aspectos que se pone en entredicho con esta maniobra es el tipo de control que ejerce realmente la organización sin fines de lucro sobre la nueva estructura PBC. Hasta ahora, el organismo sin fines de lucro disfrutaba de un control directo y firme sobre la toma de decisiones en OpenAI, con capacidad para manejar las operaciones diarias y asegurar que la ética y la misión prevalecieran sobre el lucro. Sin embargo, dentro de la nueva forma corporativa, el control podría limitarse a ser un gran accionista, lo que legalmente representa una posición menos firme en comparación con el control absoluto. Las acciones con derechos de voto especiales y otras herramientas podrían usarse para fortalecer este control, pero expertos y observadores advierten que esta podría ser solo una apariencia que esconde una pérdida real de poder.
La transición hacia una Corporación de Beneficio Público sin límites en las ganancias también significa que OpenAI podrá atraer capital de manera más tradicional, facilitando inversiones de grandes actores financieros que buscan retorno monetario. Esto genera tensiones entre la necesidad de financiar avances tecnológicos de gran escala —que requieren recursos monumentales— y el compromiso de que esos avances no queden cooptados por intereses lucrativos. La historia reciente del mundo tecnológico muestra cómo muchas startups que comenzaron con misiones sociales o revolucionarias terminan cediendo ante la presión de inversionistas que priorizan la rentabilidad a corto plazo. Las voces críticas dentro de la comunidad señalan que esta nueva estructura podría convertir a la entidad sin fines de lucro en un mero instrumento de marketing o en una fundación que compra servicios de inteligencia artificial a terceros, perdiendo así relevancia directa en las decisiones estratégicas y desviando recursos hacia actividades no esenciales para la misión original. Sin embargo, defensores del cambio argumentan que tener recursos económicos más robustos permitirá a la organización sin fines de lucro apoyar programas, iniciativas de seguridad y distribución equitativa de beneficios que anteriormente no podía financiar.
No obstante, el escepticismo persiste debido a que los detalles financieros y las condiciones específicas del acuerdo no han sido completamente transparentes. El diálogo con las oficinas de los procuradores generales de California y Delaware fue decisivo para que el organismo sin fines de lucro mantuviera, al menos nominalmente, el control de OpenAI. Esto no representa una admisión pública de la complejidad legal y ética que rodea este cambio, ya que el plan inicial fue cuestionado por potenciales riesgos, incluyendo acusaciones veladas acerca de que la conversión podría haber sido ilegal o que supuso una pérdida significativa para la entidad sin fines de lucro. La presión ciudadana y política ha demostrado ser un factor clave en que OpenAI haya tenido que realizar ajustes y comunicarse de forma más abierta con los organismos reguladores. Un punto central para comprender la gravedad del asunto es la capacidad del organismo sin fines de lucro para influir en decisiones cruciales como la liberación o retención de modelos avanzados de inteligencia artificial.
En la estructura actual, la organización sin fines de lucro tiene influencia directa sobre estos procesos, pero si esa influencia se limita a la condición de accionista con votos, aunque sean mayoritarios o con supervoto, podría ser insuficiente para detener desarrollos riesgoso o para imponer salvaguardias ante presiones comerciales. El cambio también refleja el dinamismo en el panorama de la inteligencia artificial, donde múltiples actores compiten por posicionarse como líderes en AGI. El modelo de ganancias limitadas, antes justificado por la expectativa de una carrera casi monopolística hacia una singularidad tecnológica, pierde sentido en un ambiente de oligopolio o competencia amplia. Por tanto, OpenAI se adapta para atraer inversiones, pero al hacerlo, abre la puerta a una mayor presión para maximizar beneficios y, en consecuencia, se generan dudas sobre si los valores fundacionales podrán preservarse en la práctica. Este escenario exige vigilancia constante.
No basta con proclamaciones de buena voluntad o declaraciones de control nominal: la implementación efectiva de mecanismos que aseguren que la inteligencia artificial desarrollada sirve al bien común es un reto mayúsculo. La disputa alrededor de OpenAI es un reflejo de debates más amplios sobre gobernanza tecnológica, ética corporativa y la influencia de los mercados financieros en innovaciones disruptivas que impactan a toda la humanidad. Otros actores del sector, como Anthropic y X.ai, adoptan estructuras similares de Corporación de Beneficio Público, lo que sitúa a OpenAI en un patrón emergente de balance entre misión social y beneficio económico. El éxito o fracaso en mantener ese equilibrio marcará un precedente para la regulación y desarrollo responsable de la inteligencia artificial en los próximos años.
Finalmente, la cuestión del liderazgo y gobernanza interna no puede desestimarse. La persona de Sam Altman, CEO de OpenAI, y su relación con la junta directiva del organismo sin fines de lucro, son factores esenciales en la definición de la estrategia y prioridades. Mientras exista presión para maximizar el retorno para accionistas y disminuir el peso del control del organismo sin fines de lucro, la comunidad debe exigir transparencia, responsabilidad y participación pública para prevenir que el futuro de la inteligencia artificial quede exclusivamente en manos de unos pocos. La lucha por determinar quién controla la inteligencia artificial avanzada es también una lucha por definir los valores que orientarán el progreso tecnológico. La historia de OpenAI es, por tanto, emblemática: una organización que emergió como idealista, confrontando la realidad del capitalismo moderno y la complejidad de gobernar tecnologías que pueden redefinir nuestro mundo.
Mantener la esperanza y el compromiso es fundamental para que esas tecnologías efectivamente beneficien a toda la humanidad, y no solo a intereses particulares.
