En los últimos años, el impacto ambiental de la minería de Bitcoin ha sido un tema de gran debate y preocupación a nivel global. Recientemente, un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Harvard puso en el foco la relación entre la minería de Bitcoin en Estados Unidos y la contaminación por partículas finas, alertando sobre los riesgos para la salud pública en gran parte del país. Sin embargo, esta investigación ha generado una fuerte reacción entre expertos en energía, quienes califican el estudio como “profundamente defectuoso” y cuestionan la metodología, los datos y las conclusiones presentadas. Este debate plantea importantes interrogantes sobre la objetividad y precisión en la evaluación del impacto ambiental de esta actividad y las implicaciones para la regulación de la industria criptográfica. El estudio en cuestión, publicado en la revista Nature Communications, sostiene que las instalaciones de minería de Bitcoin consumieron aproximadamente 32,3 teravatios-hora de electricidad entre mediados de 2022 y mediados de 2023.
Según el análisis, esta cifra es un 33% mayor al consumo eléctrico total de la ciudad de Los Ángeles durante el mismo período. Además, afirman que alrededor del 85% de esta energía proviene de fuentes fósiles, lo que incrementaría la contaminación del aire con partículas finas, afectando a aproximadamente 1,9 millones de estadounidenses. Los autores del estudio, liderados por la Dra. Francesca Dominici y Gianluca Guidi del T.H.
Chan School of Public Health de Harvard, alertaron sobre la naturaleza mayormente no regulada de la minería de Bitcoin en Estados Unidos. Destacaron que estas operaciones representan un desafío emergente y significativo para la salud ambiental y las regulaciones de contaminación del aire a nivel estatal y federal. Su análisis identifica varias “zonas calientes” de contaminación asociadas a la minería en regiones como Nueva York, el corredor Houston-Austin, el noreste de Texas y la frontera entre Illinois y Kentucky. Según ellos, estas concentraciones elevadas de contaminantes podrían desencadenar graves riesgos para la salud pública, especialmente en comunidades ubicadas aguas abajo de las fuentes contaminantes. Sin embargo, la recepción de esta investigación ha sido muy polémica.
Daniel Batten, inversionista en tecnología climática y experto en sostenibilidad energética con amplia experiencia en minería de Bitcoin, criticó duramente el estudio a medios de comunicación especializados. Batten señaló que el trabajo peca de sesgo y que parece haberse construido con la conclusión preconcebida de que la minería de Bitcoin es intrínsecamente dañina. Reprochó que se usaron métodos de contabilidad de emisiones poco convencionales, específicamente la utilización de emisiones marginales en lugar de emisiones estándar, sin transparentar adecuadamente las limitaciones y supuestos de esta aproximación. La metodología en cuestión se basa en el modelo desarrollado por WattTime, una organización sin fines de lucro que monitorea qué plantas de energía aumentan o disminuyen su producción en respuesta a cambios en la demanda eléctrica en tiempo real. En teoría, asignar emisiones marginales permitiría identificar qué fuentes de energía responden específicamente al consumo adicional generado por la minería de criptomonedas.
No obstante, Batten y otros críticos señalan que la aplicación del modelo WattTime a un análisis anualizado y a largo plazo es polémica, ya que es un sistema propietario que no permite un escrutinio académico riguroso ni la reproducción de resultados. Esta falta de transparencia pone en duda la validez de las estimaciones presentadas. Además, Batten cuestionó el uso de una base bibliográfica que depende en buena medida de artículos periodísticos y pocas fuentes académicas revisadas por pares. La selección de solo 34 instalaciones mineras para el estudio fue catalogada como arbitraria, asegurando que ignora numerosas otras operaciones existentes que podrían arrojar resultados diferentes. Esta selección selectiva de datos sería un claro ejemplo de sesgo de confirmación, una crítica recurrente en estudios sobre minería de Bitcoin desde hace años.
El debate no se limita solo a Batten. La Digital Assets Research Institute (DARI), una organización independiente dedicada a investigar los impactos ambientales y sociales de activos digitales mediante metodologías rigurosas y basadas en datos, también emitió una respuesta formal. En ella, DARI expresó preocupaciones similares respecto al uso selectivo de información, la incorrecta atribución de emisiones y el uso inadecuado de cálculos marginales de emisiones. La organización enfatizó que existen investigaciones más equilibradas y completas que abordan el impacto ambiental de la minería de Bitcoin, y lamentó que el estudio de Harvard contribuya a generar una visión distorsionada y exagerada sobre el tema. La controversia refleja una dinámica más amplia entre investigaciones negativas y positivas sobre la relación entre minería de Bitcoin y sostenibilidad.
Mientras que algunos estudios, como el criticado de Harvard, destacan riesgos ambientales y salud pública, otros trabajos revisados por pares evidencian potenciales aportes beneficiosos de la minería a la transición energética. Batten menciona que desde 2022 al menos veinte estudios académicos dejaron claro que la minería puede apoyar la integración de energías renovables al actuar como un mecanismo de demanda flexible, ayudando a estabilizar la red eléctrica y evitando el uso de plantas de gas de pico, lo que resulta en reducción neta de emisiones. Estos trabajos destacan también cómo la minería contribuye a acelerar proyectos de microredes solares y eólicas, a reducir emisiones de metano en vertederos y a evitar costosas actualizaciones de infraestructura energética, posicionándose como un jugador importante dentro de la ingeniería energética sostenible. El debate también incluye aspectos técnicos. El estudio de Harvard sugiere que la mayoría de las máquinas utilizadas en minería podrían emplearse para otras actividades de computación intensiva, como centros de datos para inteligencia artificial o computación de alto rendimiento (HPC).
Batten contradice esta afirmación, citando estudios previos que demuestran que, en efecto, las operaciones de minería tienen un menor impacto ambiental comparativo y contribuyen más efectivamente a la descarbonización eléctrica que otros tipos de usos similares. Este conflicto académico se da en un momento político delicado. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha promovido una estrategia para convertir al país en una potencia mundial de minería de Bitcoin, incluso firmando órdenes ejecutivas para fortalecer la producción nacional de carbón, material que justamente es señalado por el estudio de Harvard como uno de los principales culpables de la contaminación atribuida a la minería. Curiosamente, Harvard enfrenta presiones políticas por parte de la administración federal, que ha congelado miles de millones en fondos y ha cuestionado derechos institucionales de la universidad, generando un contexto político tenso para estas discusiones científicas. En síntesis, esta controversia sobre el impacto ambiental de la minería de Bitcoin refleja los desafíos inherentes a medir y entender la compleja intersección entre tecnología, energía y salud pública.
Mientras que algunos estudios resaltan riesgos reales que deben atenderse con regulaciones apropiadas, otros expertos advierten sobre el uso de metodologías poco transparentes y sesgos que pueden afectar la credibilidad científica y desinformar al público. Para quienes siguen el desarrollo del ecosistema criptográfico y la evolución de políticas ambientales, estos debates subrayan la importancia de investigaciones equilibradas, metodologías robustas y transparencia en la divulgación. La minería de Bitcoin no solo es una actividad económica sino también un fenómeno tecnológico y energético que puede influir en las estrategias globales de sostenibilidad. La clave reside en construir un análisis basado en evidencias sólidas que permita tomar decisiones informadas, promoviendo una industria responsable que considere tanto sus beneficios como sus responsabilidades hacia el medio ambiente y la sociedad.