Empresas chinas que cobran por simular un empleo: ¿una práctica oculta en el mercado laboral?

En los últimos años, una práctica poco conocida y controvertida ha comenzado a llamar la atención dentro del dinámico panorama laboral chino. Se trata de un fenómeno en el cual ciertas empresas solicitan a los individuos una pequeña cuota para simular que tienen un empleo formal, generando un empleo ficticio que cumple funciones específicas mucho más allá de lo conocido tradicionalmente. Esta práctica tiene una complejidad social y económica que merece una profunda reflexión para entender sus orígenes, cómo funciona y qué consecuencias trae tanto para los trabajadores como para el entorno empresarial. En un contexto donde la competencia por trabajos formales aumenta y el sistema de seguridad social suele estar ligado a la formalidad del empleo, contar con un contrato laboral o al menos con la evidencia de estar empleado puede marcar la diferencia en varios aspectos de la vida de los ciudadanos. La necesidad de mostrar estabilidad laboral para acceder a servicios, créditos, viviendas o incluso para cumplir con ciertos requisitos gubernamentales ha incentivado el surgimiento de este tipo de servicios.

Empresas especializadas ofrecen, por una cantidad de dinero relativamente baja, un contrato falso que certifica que una persona está empleada, aunque en realidad no realice ninguna actividad productiva o sea solo un mero formalismo. Este fenómeno tiene raíces en la burocracia y el sistema laboral chino, donde el respaldo de un empleador puede garantizar acceso a prestaciones importantes como el seguro de salud, pensiones y otros beneficios sociales que dependen directamente del estatus contractual. Al simular un empleo, quienes recurren a estas empresas pueden mantener una fachada de estabilidad que les permite, por ejemplo, obtener préstamos bancarios o cumplir con las normativas de residencia, conocidas como hukou, que a menudo exigen pruebas de empleo formal. Las empresas que cobran por esta simulación actúan como intermediarios ofreciendo un servicio que para muchos es una necesidad, pero que para otros representa un fraude o una manipulación a los sistemas establecidos. La cuota que se cobra es pequeña en comparación con otras inversiones financieras que alguien debería hacer para mantener la apariencia de empleo real.

Además, estas compañías suelen garantizar que el contrato falso pueda ser verificado de forma oficial ante las autoridades laborales, aumentando la credibilidad del documento. Este modelo, aunque visible en ciertos casos, no está exento de riesgos para los involucrados. Por un lado, quienes compran estos contratos enfrentan el peligro de ser detectados realizando una práctica ilícita, lo que podría acarrear consecuencias legales y la pérdida de los beneficios obtenidos a partir del contrato falso. Además, mientras el trabajador aparente estabilidad, no obtiene una experiencia real ni contribuye de forma auténtica al mercado laboral, lo que puede afectar sus perspectivas reales a futuro. Para las empresas, este sistema puede ser un medio para capitalizar la necesidad social, pero también puede erosionar la confianza del mercado.

Las organizaciones que recurren a estas prácticas pueden dañar su reputación, y si se descubre que participan en estas simulaciones, enfrentar sanciones legales o ser objeto de investigaciones gubernamentales. Por otra parte, se vuelve una herramienta para cubrir requerimientos regulatorios sin realmente promover empleo genuino o desarrollo profesional. Desde una perspectiva más amplia, la existencia de estas prácticas expone tensiones importantes en el sistema laboral y social en China. Muestra la brecha entre la formalidad laboral y las necesidades de la población, así como las presiones que enfrentan individuos para adaptarse a las normas pese a la falta de oportunidades laborales reales. Así, la simulación del empleo es un síntoma de problemas estructurales que incluyen el desempleo oculto, la limitada protección social para trabajadores informales y la rigidez de ciertos sistemas burocráticos.

Por otro lado, este fenómeno puede ser analizado como un reflejo de cómo la innovación y la economía digital han generado nuevas formas de empleo y nuevas formas de sortear obstáculos legales y sociales. Las empresas que ofrecen contratos falsos aprovechan el sistema digital para acelerar trámites, brindar documentación oficial y funcionar como un puente entre las demandas sociales y las restricciones burocráticas. Sin embargo, la legalidad y ética de esta innovación es cuestionable y ha abierto debates dentro de la sociedad china y en foros internacionales. El vídeo que ha ganado popularidad recientemente muestra testimonios y evidencia de esta práctica, explicando el proceso a detalle y señalando cómo las personas contactan con estas empresas para comprar su certificado de empleo. En muchos casos, el proceso es sencillo, con pagos electrónicos y un contrato enviado de manera digital, lo que facilita el acceso masivo a este tipo de servicios.

Esta viralización también ha puesto en alerta a las autoridades, quienes han comenzado a investigar y a implementar medidas para combatir la proliferación de estas simulaciones. El impacto social que causan estos contratos falsos no puede subestimarse. Por un lado, pueden dar oportunidad temporal a personas que necesitan demostrar estabilidad para acceder a ciertos servicios. Pero a largo plazo, esta forma de falsificación puede profundizar la informalidad laboral, dificultar el acceso a empleos reales y contribuir a la evasión fiscal o al fraude en sistemas de seguridad social, afectando la capacidad del Estado para financiar prestaciones. En términos económicos, esta práctica también distorsiona los datos oficiales de empleo, haciendo difícil medir con precisión las tasas reales de desempleo o subempleo.

Esto puede inducir a políticas públicas insuficientes o mal orientadas, debido a que las estadísticas no reflejan la realidad laboral auténtica. Así, el uso de contratos falsos complica la gestión eficiente y justa del mercado laboral. Desde el punto de vista legal, las autoridades chinas tienen la potestad de sancionar tanto a las empresas que venden estos servicios como a las personas que los adquieren. Sin embargo, la dificultad radica en la vigilancia digital y en la capacidad de identificar y desarticular estas redes, sumado a que muchos de estos contratos cumplen requisitos formales mínimos, lo que dificulta su detección inmediata. Además, la presión social y mediática ha llevado a que se abra un debate sobre la necesidad de reformas en el sistema laboral y social para evitar que las personas se vean forzadas a recurrir a estas prácticas ilegales para sobrellevar su situación.