En 2025, el entorno regulatorio y operativo del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha experimentado una transformación sin precedentes con la llegada del plan DOGE, una iniciativa impulsada por Elon Musk y aplicada bajo la administración directa del expresidente Donald Trump. Esta estrategia ha provocado la salida abrupta de altos oficiales encargados de la política fiscal sobre criptomonedas. En particular, Seth Wilks y Raj Mukherjee, quienes lideraban los programas de cripto en el IRS, han sido removidos a través de lo que se conoce como renuncias diferidas, colocándolos en licencia pagada con una desvinculación gradual. Este cambio es justo parte de una ola más amplia de recortes y reestructuraciones en el IRS que involucra a más de 20,000 empleados, con consecuencias profundas para la regulación y aplicación tributaria en el sector de activos digitales. Seth Wilks, quien se desempeñaba como director ejecutivo de estrategia y desarrollo de activos digitales, y Raj Mukherjee, director ejecutivo de la oficina de activos digitales, no eran funcionarios gubernamentales comunes.
Ambos llegaron al IRS con extensa experiencia en el sector privado de criptomonedas, provenientes de firmas de renombre como TaxBit, Binance.US y ConsenSys. Desde su incorporación en febrero de 2024, estos expertos eran pieza clave en la renovación del enfoque fiscal que el IRS requería para adaptarse a la rápida evolución del ecosistema cripto. Entre sus responsabilidades destacaba la implementación del formulario 1099-DA, lanzado en el verano anterior, diseñado para facilitar a los contribuyentes reportar ingresos y transacciones relacionadas con activos digitales. Sin embargo, el plan DOGE ha alterado radicalmente esta agenda.
DOGE, que significa Department of Government Efficiency (Departamento de Eficiencia Gubernamental), representa una automoción de eficiencia y reestructuración masiva que no solamente reduce la plantilla del IRS, sino que también redefine sus prioridades y métodos de operación en materia tecnológica y tributaria. La eliminación de Wilks y Mukherjee ilustra un giro fuerte hacia una agenda que busca aligerar la carga burocrática y reducir lo que la administración Trump considera un exceso de personal heredado de la etapa de Biden. La anuencia política y el respaldo del Congreso han reforzado estas transformaciones. Una muestra clara fue la anulación, mediante la Ley de Revisión del Congreso (Congressional Review Act), de la regla destinada a regular con mayor rigurosidad a los brokers de finanzas descentralizadas (DeFi), iniciativa en la que ambos oficiales cripto habían estado trabajando. Este movimiento fue ratificado por Trump, allanando el camino para un marco regulatorio más laxo y menos interventor en las finanzas cripto, acorde con la visión del actual gobierno de priorizar la eficiencia y la reducción de burocracia sobre la ampliación del control fiscal.
Más allá de la caída de estos dos funcionarios, la reestructuración del IRS alcanza figuras de alto rango, como la salida de Melanie Krause, comisionada interina del IRS, y otros altos cargos que decidieron retirarse tras el controversial acuerdo para compartir información tributaria con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión, promovida por la administración Trump, se encuentra en el centro de un debate intenso, habida cuenta de que el IRS tradicionalmente ha protegido la confidencialidad de los datos de los contribuyentes. El cambio ha generado resistencia interna y la pérdida de talento con amplia trayectoria. El recorte masivo de más de 20,000 empleados, junto con la cremación de los principales oficiales de regulación cripto, plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la política tributaria para criptoactivos. La administración Biden había apostado por ampliar el IRS como estrategia para combatir la evasión fiscal, especialmente en sectores emergentes como el digital.
La nueva directriz DOGE, sin embargo, busca estrechar la estructura y limitar la vigilancia activa sobre activos digitales, lo que podría impactar en la forma en que el fisco estadounidense aborda la compleja fiscalidad cripto. Este giro también repercute en la confianza y la relación que el sector cripto mantiene con las instituciones gubernamentales. La rápida llegada de expertos provenientes del sector privado al IRS había generado expectativas de un reglamento más claro, adaptado a los desafíos tecnológicos del criptoespacio. Su salida repentina podría traducirse en una mayor incertidumbre regulatoria y aumentar la volatilidad de los mercados digitales, dados los signos de flexibilización y menos controles que ahora parecen imperar. En el plano económico, la política de austeridad y eficiencia implementada por DOGE busca optimizar la funcionalidad administrativa, pero también pone en perspectiva la influencia que las decisiones políticas tienen en la evolución del ecosistema cripto nacional.
Además, la administración actual enfatiza la privacidad y el servicio al cliente como prioridades, según declaraciones oficiales del Secretario del Tesoro Scott Bessent, aunque el hecho de compartir datos con ICE señala ciertas contradicciones en las políticas internas. En conclusión, la implementación del plan DOGE y la remoción forzada de los máximos responsables de la política cripto en el IRS representan una jugada estratégica que desplaza el paradigma regulatorio vigente y redefine la relación entre el gobierno y el sector digital. Los cambios afectan la estructura interna del IRS, modifican la política fiscal sobre activos digitales y generan un nuevo horizonte de incertidumbre y recalibración para los contribuyentes y actores del mercado cripto. A medida que la administración Trump y DOGE continúan moldeando el futuro del IRS, el sector cripto estadounidense deberá adaptarse rápidamente a un sistema menos centralizado en la vigilancia y más orientado hacia la reducción de cargas administrativas, cambiando así la dinámica de la regulación a mediano y largo plazo.
