La reciente propuesta de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) para prohibir que los inversores minoristas usen fondos prestados para comprar criptomonedas ha generado gran expectación en el ámbito financiero y tecnológico. Esta medida refleja la creciente preocupación por el incremento del endeudamiento vinculado a activos digitales como Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, los cuales son altamente volátiles y pueden causar pérdidas significativas a quienes invierten sin la experiencia o los recursos adecuados. El auge constante de las criptomonedas ha llevado a un aumento notable en la cantidad de personas que recurren al crédito, ya sea mediante préstamos bancarios o el uso de tarjetas de crédito, para financiar la compra de estos activos digitales. Según datos facilitados por la FCA, la proporción de inversores que adquirieron criptomonedas a través de fondos prestados aumentó del 6% en 2022 a un 14% en 2024, lo que representa más del doble en apenas dos años. Esta tendencia es alarmante y ha motivado a los reguladores a actuar para evitar que más consumidores asuman riesgos financieros desproporcionados.
La propuesta de la FCA no solo aborda la utilización directa de crédito, sino que también considera sancionar la práctica de servicios de préstamo y financiamiento de criptomonedas para el público en general. Plataformas de préstamos de criptomonedas, conocidas por ofrecer altos intereses y flexibilidad, enfrentan la posibilidad de ser restringidas o prohibidas para inversores minoristas. Esto incluye servicios similares a los prestados por Celsius antes de su quiebra, un caso emblemático que ilustró los riesgos de estos productos sin suficiente supervisión. La motivación central detrás de estas medidas es proteger al consumidor promedio, que muchas veces se ve arrastrado por la emoción del mercado y la expectativa de grandes ganancias rápidas sin medir los riesgos reales. La volatilidad inherente a las criptomonedas puede generar pérdidas abruptas y significativas.
Cuando estas pérdidas están compuestas por dinero prestado, la situación puede devenir en un endeudamiento imposible de manejar, afectando no solo las finanzas personales sino también la estabilidad económica general. Además del control estricto sobre el uso de crédito para comprar criptomonedas, la FCA pretende fortalecer la transparencia y seguridad dentro del sector cripto. La propuesta incluye obligar a las plataformas para que mantengan separados los fondos de los clientes de los propios fondos de la empresa. Esto busca evitar la utilización indebida de recursos y proteger los activos de los usuarios en caso de insolvencia o fraude. Asimismo, la regulación aspira a prohibir pagos por flujo de órdenes (order flow payments), una práctica que puede distorsionar la formación de precios y afectar la competencia en el mercado.
Este movimiento regulatorio se alinea con la estrategia más amplia del Reino Unido para posicionarse como un centro tecnológico y financiero de vanguardia a nivel mundial. En paralelo con estas restricciones en el crédito, el gobierno británico ha optado por flexibilizar otras normativas, como la exención de la obligación para emisores extranjeros de stablecoins de tener operaciones locales o licencias en el Reino Unido. Este enfoque busca atraer a grandes actores internacionales, fomentando la innovación mientras se mantienen las medidas de protección para los inversores menos experimentados. En el ámbito internacional, el Reino Unido no está solo en esta carrera por regular el mercado cripto. Recientemente, el Ministro de Finanzas británico mantuvo conversaciones con altos representantes financieros de Estados Unidos para coordinar marcos regulatorios que combinen la supervisión con el estímulo a la innovación legal.
Esta cooperación internacional es fundamental para enfrentar los desafíos que plantea un mercado globalizado y en constante evolución como el de las criptomonedas. La aparición de nuevos productos regulados, como el lanzamiento por parte de Kraken de un servicio de derivados de criptomonedas exclusivo para inversores profesionales bajo supervisión de la FCA, presenta una distinción clara entre el público objetivo y los niveles de riesgo aceptables. Mientras tanto, empresas fintech como Revolut apoyan las nuevas normativas a pesar de considerarlas exigentes, ya que confían en que reforzarán la confianza del consumidor y crearán un terreno más estable para el crecimiento futuro. Estas medidas han suscitado un amplio debate entre analistas, inversores y actores de la industria. Por un lado, se destaca la importancia de proteger a los consumidores de riesgos financieros excesivos y de prácticas poco transparentes.
Por otro, algunos critican la posible restricción excesiva de la libertad financiera para los adultos que toman decisiones informadas y están dispuestos a asumir riesgos. Esta tensión refleja la dificultad de encontrar un equilibrio entre innovación y seguridad en un entorno financiero tan dinámico como el de las criptomonedas. La FCA mantiene abierto un periodo de consulta pública hasta el 13 de junio de 2025, lo que invita a la industria y a la sociedad a participar en la formación definitiva de la regulación. Esta fase es crucial para ajustar detalles técnicos y considerar las implicaciones prácticas de las restricciones propuestas. En resumen, la intención del Reino Unido con esta medida es mitigar los problemas asociados al endeudamiento para la compra de criptomonedas, evitar crisis financieras personales y promover un mercado más transparente y confiable.
