En un mundo donde la digitalización y las nuevas tecnologías transforman los sistemas financieros, las criptomonedas han irrumpido con fuerza en muchos países, incluido Pakistán. A pesar de ser uno de los mercados con mayor adopción a nivel global, la nación surasiática enfrenta un desafío considerable: más de 27 millones de usuarios de criptomonedas operan todavía sin un marco regulatorio que les permita ser gravados fiscalmente. Esta situación genera un vacío legal y fiscal que, además de afectar las arcas públicas, pone en riesgo a los propios inversores y limita la evolución ordenada del sector. El crecimiento del mercado cripto en Pakistán ha sido asombroso en los últimos años. Con un estimado de mercado que podría alcanzar los 1.
6 mil millones de dólares en 2024, la penetración de la tecnología blockchain y las monedas digitales ha cautivado tanto a jóvenes como a empresarios y tecnólogos que ven en estos activos una alternativa de inversión y herramienta financiera. Sin embargo, pese a esa adopción masiva, la ausencia de una estructura tributaria formal en torno a estos activos crea un escenario de incertidumbre y desafortunadamente también de pérdidas para el país. La responsabilidad recae fundamentalmente sobre la falta de acción regulatoria del Federal Board of Revenue (FBR), el organismo encargado de gestionar los impuestos en Pakistán. Durante numerosos meses, el FBR ha mantenido una postura de revisión y estudio, reconociendo que las criptomonedas son un fenómeno relativamente nuevo pero sin concretar políticas ni procedimientos claros para imponer impuestos sobre inmuebles digitales, ganancias por trading o inversiones en criptoactivos. Esta parálisis deja al mercado en una especie de limbo legal donde las transacciones prosperan fuera del alcance del estado.
Uno de los elementos más preocupantes es que existe voluntad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. Un caso destacado presentado ante el Federal Tax Ombudsman (FTO) ilustra esta situación: un inversionista interesado en regularizar sus ganancias por criptomonedas no pudo hacerlo debido a la falta de normativas concretas. El FTO, con su coordinador Saif-ur-Rehman y el propio Dr. Asif Mahmood Jah, presidente del organismo, han expresado su crítica hacia la inacción del FBR, haciendo un llamado al Gobierno para que se establezca un marco fiscal que contemple esta nueva realidad económica. La importancia de atender esta cuestión va más allá de los ingresos fiscales puros.
La tributación ordenada de los criptoactivos puede ayudar a legitimar el sector, brindar mayor protección a los usuarios y atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Un sistema transparente y legal para la declaración de ganancias en criptomonedas impulsa la confianza y crea un ecosistema más sólido y responsable, beneficioso para toda la economía. El retraso en la regulación también implica desafíos para el combate al lavado de dinero y la financiación ilícita. Sin un control efectivo y una legislación adecuada, las criptomonedas podrían ser utilizadas para actividades ilegales, dificultando la tarea de las autoridades y afectando la reputación internacional del país. Por ello, crear reglas claras para la tributación y fiscalización representa un paso clave para fortalecer tanto la seguridad financiera como la integridad del sistema.
En términos técnicos y legales, diseñar una política de impuestos para activos digitales implica definir qué tipo de operaciones serán gravadas, estudiar la aplicabilidad de impuestos sobre ganancias de capital o sobre transacciones, establecer mecanismos de reporte y auditoría, y crear incentivos para fomentar la formalización. Además, es fundamental que el FBR dialogue con los actores del sector: exchanges, inversores, expertos y desarrolladores para integrar puntos de vista y crear normativas adaptadas a la realidad local y al rápido movimiento tecnológico global. El impacto potencial de un marco regulatorio para la tributación de criptomonedas es enorme. Considerando que el volumen de usuarios llegará a más de 27 millones hacia finales de 2024, Pakistán podría sumar una fuente constante de ingresos tributarios que financien proyectos públicos, reduzcan déficits y refuercen servicios estatales esenciales. A la vez, permitiría al país posicionarse como un referente regional en la regulación cripto, atrayendo innovación y talento.
Sin embargo, hasta que esto ocurra, el mercado permanecerá en un estado de ambigüedad legal, con riesgos para todas las partes involucradas. Los inversores no cuentan con garantías ni mecanismos seguros para sus operaciones, mientras el estado deja de percibir ingresos que, en otros países con marcos regulatorios definidos, contribuyen significativamente a la economía. La espera prolongada puede también golpea la reputación internacional y la percepción de Pakistán como lugar para la inversión tecnológica. Por lo tanto, la necesidad de acción por parte del FBR y del Gobierno paquistaní es apremiante. La sugerencia del Federal Tax Ombudsman de incluir un apartado específico en el próximo Finance Bill destinado a la regulación y tributación de criptomonedas debe ser escuchada y concretada con urgencia.
Lo correcto sería adoptar un enfoque integral, que no solo se limite a la recaudación de impuestos, sino que también fomente educación financiera, proteja a los consumidores y promueva la evolución tecnológica responsable. En definitiva, el caso de Pakistán ilustra un fenómeno global: la revolución digital financiera avanza a un ritmo que las administraciones públicas muchas veces no pueden igualar. Pero solo con visión, actualización normativa y diálogo abierto entre autoridades y sector privado se podrá aprovechar plenamente el potencial que ofrecen las criptomonedas sin dejar a nadie fuera del sistema. Para Pakistán, el momento de actuar es ahora, antes de que esta oportunidad se convierta en un obstáculo para su desarrollo económico y tecnológico.
