La reciente orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en abril de 2025 para acelerar los permisos de minería en aguas internacionales ha puesto en alerta a científicos, ambientalistas y a la comunidad internacional. Esta medida, que permite la exploración y extracción de minerales en el fondo marino sin respetar completamente los acuerdos multilaterales existentes, podría abrir una nueva y conflictiva etapa en la gestión de los océanos, poniendo en riesgo décadas de consenso global sobre protección marina. La minería en aguas profundas se refiere a la extracción de recursos minerales de los fondos oceánicos a grandes profundidades, usualmente en zonas remotas y poco exploradas como la Clarion-Clipperton, un área del Pacífico que contiene nodos polimetálicos ricos en níquel, cobalto, cobre y manganeso. Estos minerales son fundamentales para el desarrollo de tecnologías limpias, incluyendo baterías para vehículos eléctricos y soluciones energéticas sostenibles, lo que explica la creciente presión por su explotación. Sin embargo, la explotación de estos recursos conlleva serias advertencias de las comunidades científicas y ambientales.
La fragilidad de los ecosistemas oceánicos en grandes profundidades es extrema, y los daños que podría causar la minería son aún poco conocidos, pero potencialmente devastadores. Algunos estudios indican que la recuperación de ambientes marinos alterados por la minería puede tardar hasta medio siglo o más, lo que implica una consecuencia irreversible para especies desconocidas y probablemente valiosas para la biodiversidad y la ciencia. El problema central radica en la forma en que Estados Unidos ha decidido proceder. A diferencia de la mayoría de los países que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regulan la minería en aguas internacionales a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos no ha ratificado este tratado y busca avanzar unilateralmente mediante la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esta acción rompe con el principio de cooperación global que ha marcado la gestión de los océanos durante décadas.
Esta decisión ha sido duramente criticada por expertos como Jeff Watters, vicepresidente de Asuntos Externos de Ocean Conservancy, quien señala que la postura estadounidense podría generar un efecto dominó que desestabilice la gobernanza internacional de los espacios marinos. Además, menciona que la minería submarina no es la única alternativa para obtener minerales esenciales y que se debe apostar por políticas que fomenten el reciclaje y la innovación tecnológica para disminuir la demanda exacerbada. Por otro lado, la empresa The Metals Company, que ha solicitado permisos para explotar nodos minerales en la mencionada zona del Pacífico, sostiene que la minería submarina es menos invasiva que la extracción en tierra y necesaria para acelerar la transición hacia economías bajas en carbono. Sin embargo, esta afirmación es cuestionada por quienes alertan sobre la magnitud y el impacto a largo plazo de intervenir ecosistemas poco conocidos y extremadamente lentos en su regeneración. El ecosistema marino profundo alberga especies que han evolucionado en condiciones extremas de presión, oscuridad y bajas temperaturas.
Ejemplos como el pulpo dumbo y las medusas casco evidencian la diversidad y singularidad de la vida en estas profundidades. La interrupción de estos hábitats podría implicar la pérdida de formas de vida desconocidas, muchas de ellas con potenciales beneficios científicos, médicos o biotecnológicos aún por descubrir. Otro aspecto preocupante es la posible generación de plumas de sedimento durante la minería, que afectarían a organismos filtradores y alterarían la cadena alimentaria marina. Estos sedimentos pueden desplazarse kilómetros y generar un daño extendido más allá del área inmediata de extracción, comprometiendo la fauna superficial y profunda y dificultando la recuperación ambiental. Desde una perspectiva legal y geopolítica, la actuación de Estados Unidos podría abrir ‘la caja de Pandora’ en términos de conflictos en alta mar, donde la falta de canales multilaterales claros para la regulación y supervisión podría llevar a tensiones entre estados y actores privados.
El principio de los bienes comunes globales que identifica a los océanos como patrimonio compartido de la humanidad está siendo puesto a prueba. Es importante destacar que la explotación de los recursos marinos debe estar equilibrada con la protección ambiental y la sostenibilidad. El océano no solo provee alimentos y recursos materiales, sino que juega un rol fundamental en la regulación climática a través de ciclos como el del carbono. Daños inadvertidos en estos procesos podrían agravar la crisis climática global. Frente a este panorama, la comunidad internacional sigue debatiendo la conveniencia y condiciones para permitir o prohibir la minería en aguas profundas.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos mantiene un diálogo robusto sobre regulaciones estrictas y la necesidad de adoptar un enfoque precautorio ante un extractivismo que aún debe demostrar su viabilidad ambiental. Esta discusión también refleja una preocupación más amplia sobre el equilibrio entre desarrollo económico, innovación tecnológica y conservación ambiental. El desafío consiste en encontrar alternativas que atiendan la demanda de materias primas sin sacrificar ecosistemas irremplazables y sin socavar la cooperación global que ha permitido avances en la protección marina. Finalmente, la reacción social y cultural hacia la protección de los océanos es un motivo para la esperanza. Documentales, movimientos ciudadanos y creciente conciencia ambiental impulsan a gobiernos y empresas a replantear prácticas extractivas y buscar soluciones más respetuosas con el planeta.
La incidencia ciudadana será clave para que las políticas públicas y privadas respondan a la urgencia de mantener la salud de los océanos para las generaciones futuras. La minería en el lecho marino representa la frontera final en la exploración y explotación humana, pero también un punto de inflexión para la cooperación internacional y la preservación del medio ambiente. La decisión de Estados Unidos de acelerar los permisos sin consenso global pone en evidencia los riesgos de priorizar intereses nacionales sobre el bien común planetario, invitando a reflexionar sobre la verdadera sostenibilidad y responsabilidad en la interacción con nuestros océanos.
