La evolución del ecosistema criptográfico en Estados Unidos sigue siendo un campo de batalla entre la innovación tecnológica y la regulación tradicional. En este contexto, Caitlin Long, fundadora y CEO del banco criptográfico Custodia Bank, ha lanzado duras críticas contra la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) por mantener políticas que, según ella, benefician exclusivamente a los grandes bancos en el sector de los stablecoins, a la vez que restringen la participación directa de otros actores en el mercado de las criptomonedas. A pesar de que la Fed ha anunciado recientemente la relajación de algunas directrices relacionadas con la colaboración de los bancos con el espacio cripto, Long ha subrayado que una política clave –emitida en enero de 2023 en conjunto con la administración Biden– permanece en vigor. Esta regulación limita severamente la participación bancaria directa con activos digitales y prohíbe a las entidades financieras emitir stablecoins en cadenas de bloques abiertas y sin permisos, conocidas como permissionless blockchains. Desde la perspectiva de Caitlin Long, esta preferencia clara por los stablecoins en cadenas autorizadas (permissioned stablecoins), emitidas por grandes instituciones financieras tradicionales, crea un entorno desigual.
Según explica, dicha política le otorga a estos bancos un adelanto significativo en el lanzamiento y control de monedas digitales privadas, mientras que el mercado más amplio sigue a la espera de que el Congreso apruebe legislación específica sobre stablecoins. El riesgo de esta situación radica en que la economía digital y financiera se fragmenta, consolidando aún más el poder en las manos de unos pocos bancos tradicionales, lo que podría limitar la competencia y la innovación disruptiva que las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) han promovido hasta ahora. Además, Long advierte que la postura restrictiva de la Fed también afecta la capacidad de los bancos para convertirse en participantes activos del mercado cripto más allá de la emisión de stablecoins. Por ejemplo, las normas vigentes impiden que estas instituciones actúen como operadores de mercado o realicen acciones de market making con activos como Bitcoin, Ether o Solana. Esa limitación reduce la profundidad y liquidez del mercado, lo que puede afectar la estabilidad y el desarrollo del sector.
Otro punto crítico al que hace referencia es el problema operativo que enfrentan los bancos al intentar ofrecer servicios de custodia de activos digitales. Bajo el marco regulatorio actual, los bancos deben cubrir los costos asociados con las tarifas de gas o gastos de transacciones en cadena (onchain), una práctica estándar para los custodios cripto, pero está severamente limitada por las políticas federales. Esta situación genera barreras técnicas y financieras que dificultan la entrada de bancos al negocio de la custodia segura de criptomonedas, un servicio esencial para la adopción masiva y la confianza en el ecosistema. Caitlin Long también destaca el juego mediático que, a su juicio, la Fed está llevando a cabo. En sus palabras, la institución gubernamental publicó un comunicado de prensa donde enumeró una serie de directrices que ya no aplican, pero omitió cualquier mención explícita sobre las regulaciones que aún mantienen vigentes, en particular la que restringe la participación directa de los bancos en activos cripto.
Esta omisión ha generado confusión y engañado a muchos expertos y observadores del sector. En oposición a esta visión, algunos ejecutivos del mundo cripto han celebrado el anuncio de la Fed como un avance positivo. Por ejemplo, Michael Saylor, conocido por su estrategia empresarial en Bitcoin, interpretó el movimiento como el momento en que los bancos quedan libres para comenzar a apoyar Bitcoin de manera más activa, lo cual podría indicar una apertura gradual de las instituciones financieras hacia el ecosistema digital. Sin embargo, las críticas no se limitan a Caitlin Long. La senadora Cynthia Lummis, reconocida por su apoyo a los activos digitales, también ha señalado que las acciones de la Fed representan solamente un compromiso superficial, una especie de “discurso vacuo” que no resuelve las restricciones fundamentales.
Lummis hizo mención puntual a un apartado de la política de la Fed, el Section 9(13), que continúa clasificando a Bitcoin y otras monedas digitales como activos “inseguros e insostenibles”, lo que contrasta con cualquier intención real de promover su integración. Esta tensión legislativa resalta la importancia de que el Congreso tome acciones decisivas en la regulación de stablecoins y criptomonedas en general. Según Caitlin Long, una ley federal clara podría reemplazar, aclarar o derogar las políticas restrictivas de la Fed, otorgando un marco legal unificado y equilibrado que fomente la innovación, proteja a los consumidores y garantice la competencia justa. En términos más amplios, el debate acerca de los stablecoins es crucial porque estas monedas digitales, respaldadas generalmente por activos fiat o garantías equivalentes, funcionan como puentes entre el mundo tradicional financiero y el emergente universo de las criptomonedas. Permiten la velocidad y eficiencia de las transacciones digitales con estabilidad en el valor, lo cual es fundamental para la adopción masiva y la integración financiera global.
Sin embargo, que aun prevalezca una política que favorezca solo a los grandes bancos pone en peligro ese equilibrio, al crear monopolios digitales donde unas pocas entidades controlan activos importantes para la economía digital, dejando a otros participantes marginados. El escenario actual en Estados Unidos aunque promueve un acercamiento hacia la integración cripto, aún mantiene importantes limitaciones y contradicciones. La postura de la Reserva Federal se percibe como un acto que busca proteger la hegemonía de las instituciones financieras tradicionales mientras los innovadores y startups del sector enfrentan barreras regulatorias, legales y operativas significativas. Además, la incertidumbre regulatoria afecta la confianza de inversionistas y usuarios, quienes requieren claridad para tomar decisiones en un mercado que ya es volátil por naturaleza. En este sentido, la acción del Congreso podría ser decisiva para definir un marco justo y equilibrado que permita la convivencia armónica entre la banca tradicional y los nuevos modelos de negocios basados en blockchain.
Las palabras de Caitlin Long, respaldadas por la experiencia de una líder dentro del sector bancario cripto, son un llamado urgente para repensar las políticas públicas que rigen la participación financiera digital. La crítica no solo apunta a la restricción vigente, sino también a la necesidad de poner fin a los privilegios desproporcionados que se otorgan a gigantes financieros mediante regulaciones asimétricas. A medida que más Estados adoptan iniciativas para regular y fomentar la innovación cripto, la presión sobre la Fed y el Congreso para ofrecer un marco sólido y equitativo en Estados Unidos aumentará. La comunidad cripto, legisladores y reguladores deberán encontrar un punto de equilibrio que permita tanto garantizar la seguridad financiera como aprovechar al máximo el potencial transformador de las tecnologías descentralizadas. En conclusión, la controversia generada por la política de la Reserva Federal de favorecer a los grandes bancos en el ámbito de los stablecoins refleja los retos y conflictos inherentes a la evolución de la economía digital.
El diálogo entre reguladores, actores del mercado y legisladores resulta más necesario que nunca para diseñar políticas inclusivas, transparentes y adaptadas a los tiempos modernos. Solo así se podrá construir un ecosistema financiero innovador, justo y sostenible para el futuro.
