En los últimos años, el papel de Elon Musk ha trascendido el ámbito empresarial para adentrarse en la política y la administración pública, en particular con la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental denominado 'Doge'. Este organismo especial, cuya denominación evoca el popular meme de Dogecoin, fue establecido con el objetivo de recortar el gasto público en Estados Unidos, en un contexto donde la deuda federal y el déficit presupuestario son motivo de preocupación para muchos sectores de la sociedad. Pero, ¿qué tan efectivo ha sido realmente Doge en lograr ahorros significativos para el gobierno federal? ¿Y cuáles son las implicaciones de su trabajo en la administración pública? El presente análisis aborda estas cuestiones con base en datos recientes, investigaciones periodísticas y opiniones de expertos en contratos públicos y finanzas gubernamentales. Desde su creación, Doge ha reclamado ser responsable de un ahorro estimado de más de 10 mil millones de dólares por semana desde la toma de posesión del presidente Trump, acumulando cifras cercanas a los 200 mil millones de dólares en recortes. Esta declaración, de entrada, resulta impactante y ha llamado la atención mediática global.
El propio Donald Trump mencionó a BBC que estos números continuaban creciendo rápidamente, lo que parecía indicar una revolución en la manera en que se gestionaba el gasto público. No obstante, un escrutinio más cercano demuestra que hay una complejidad considerable detrás de estas cifras. Una de las estrategias de Doge ha sido la cancelación de contratos, subvenciones y arrendamientos que fueron establecidos por administraciones precedentes. Además, han perseguido la reducción del fraude, la eliminación de gastos innecesarios y la merma del personal gubernamental con el propósito de optimizar la eficiencia y disminuir el gasto público. No obstante, la transparencia en cuanto a cómo se cuantifican y verifican estas supuestas economías ha sido un punto de controversia.
La página web oficial de Doge publica un total acumulado de ahorros, que se actualiza constantemente y que en el último reporte superaba los 160 mil millones de dólares. Sin embargo, menos del 40 % de estas cifras están desglosadas en ahorros individuales con evidencia clara. Esto significa que una mayoría significativa de los números no cuenta con respaldo documental accesible, lo que abre la puerta a cuestionamientos sobre la precisión y la veracidad de las afirmaciones, una situación que no ha pasado desapercibida para analistas y la prensa. Los medios estadounidenses han señalado errores contables severos. Por ejemplo, se detectó una declaración sobre un ahorro de 8 mil millones de dólares proveniente de la cancelación de un contrato de inmigración que, en realidad, tenía un valor total de 8 millones.
Este tipo de inexactitudes impactan la confianza pública y hacen que sea necesario un análisis más riguroso. El propio Elon Musk, a raíz de las dificultades y de la necesidad de concentrarse en sus otras empresas como Tesla, anunció que reduciría su participación directa en Doge, lo que probablemente influya en el rumbo futuro del departamento. Esto se suma a la incertidumbre sobre si será capaz de alcanzar objetivos más ambiciosos, como los propuestos inicialmente: un recorte de dos billones de dólares que luego fue reducido a la mitad, para finalmente plantear una meta de 150 mil millones de dólares en ahorro asociado a la reducción de fraude y desperdicio antes del final del año fiscal 2026. Analistas que examinaron los cuatro mayores ahorros listados con documentación por parte de Doge concluyeron que el monto reclamada de 8.3 mil millones de dólares está probablemente sobreestimado.
Djavid Drabkin, experto en contratos federales, explicó cómo la cifra máxima de un contrato muchas veces se manipula de manera errónea como si fuese un gasto ya efectuado cuando en la práctica representa un techo potencial y no un gasto real. Esto ocurre especialmente en contratos relacionados con investigaciones a largo plazo, donde los costos finales son inciertos. Un ejemplo emblemático es un contrato cancelado para una instalación en Texas destinada a albergar hasta 3,000 niños migrantes no acompañados. Doge puso como ahorro 2.9 mil millones de dólares pero, tras un análisis más detallado, se denunció que esta cifra se basa en proyecciones futuras que nunca se materializaron.
En realidad, el gasto evitado documentado fue cercano a 153 millones de dólares, principalmente por costos fijos mensuales desde que se anunció la terminación. Esta discrepancia ilustra la dificultad de contabilizar efectivamente el impacto real de los recortes propuestos. Otros contratos cancelados con grandes ahorros alegados pertenecen al Servicio de Impuestos Internos con una empresa de tecnología, o al Departamento de Defensa, pero la falta de registros claros y la ausencia de datos sobre gastos efectivamente realizados dificultan la verificación de las cifras. Asimismo, una cancelación de una subvención con Gavi, una organización internacional de salud, que Doge atribuye a un ahorro de 1.75 mil millones de dólares, no fue confirmada por la propia organización, que manifestó no haber recibido notificación de terminación del contrato.
Esto pone en tela de juicio la existencia real de ese ahorro. Estos detalles ilustran un panorama donde, aunque Doge puede haber generado recortes significativos, la magnitud precisa de las economías aún no puede ser confirmada de manera independiente y confiable. El desafío para cualquier iniciativa de reducción del gasto público, sobre todo cuando se intenta llevar a cabo en un contexto político y mediático complejo, es balancear la ambición con la transparencia y la responsabilidad fiscal. En resumen, el Departamento de Eficiencia Gubernamental Doge representa un esfuerzo innovador y audaz para combatir la burocracia y el gasto excesivo del gobierno federal. Sin embargo, su desempeño ha sido objeto tanto de admiración como de escepticismo.
