La implementación de cámaras corporales en las fuerzas del orden ha sido una herramienta fundamental para promover la transparencia, la responsabilidad y la confianza pública. Esto fue particularmente visible en departamentos a nivel estatal y local, y posteriormente se extendió a las agencias federales. La Agencia de Control de Drogas (DEA) no fue la excepción. En un inicio, esta entidad respaldó con entusiasmo la adopción de cámaras corporales como un medio para mejorar la rendición de cuentas y proteger tanto a agentes como a civiles. Sin embargo, apenas cuatro años después de iniciar su programa de cámaras, la DEA ha dado un giro inesperado al abandonar por completo esta tecnología, generando controversia y cuestionamientos sobre las consecuencias de esta decisión.
En abril de 2025, un correo interno del Departamento emitido a los empleados de la DEA confirmó que el programa de cámaras corporales había sido terminado de manera definitiva. Esta decisión, que no fue comunicada públicamente por la agencia, se fundamentó en la necesidad de alinearse con una orden ejecutiva firmada por la administración Trump, la cual revocó el mandato impuesto en 2022 que exigía a todos los agentes federales el uso de cámaras corporales durante sus operativos. El cambio sorprendió a muchos, especialmente considerando que otras agencias dentro del Departamento de Justicia, como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), continúan obligando a sus agentes a portar esta tecnología. El abandono de las cámaras corporales por parte de la DEA plantea una serie de interrogantes sobre la transparencia y la seguridad tanto para los agentes como para el público. Desde la perspectiva de expertos en la materia, las cámaras corporales representan una herramienta valiosa para documentar interacciones, resolver disputas y reducir el uso excesivo de la fuerza, además de servir como evidencia crucial en investigaciones judiciales.
Por ejemplo, David DeVillers, exfiscal federal, señaló que la mayoría de las veces que revisó grabaciones de cámaras corporales, estas sirvieron para exonerar a los agentes de acusaciones infundadas, evidenciando su importancia en salvaguardar la integridad de los oficiales. El origen del mandato para el uso de cámaras corporales en las agencias federales se remonta al año 2021, en respuesta directa a la oleada de protestas nacionales e internacionales tras la muerte de George Floyd. La administración Biden promovió con fuerza la expansión y adopción de esta tecnología a nivel federal, considerando que era una medida necesaria para restaurar la confianza entre las agencias policiales y las comunidades vulnerables. La DEA, en aquel entonces, expresó públicamente su respaldo a la iniciativa, describiendo las cámaras corporales como una vía para lograr una “transparencia mejorada” y aportar más seguridad en las operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en enero de 2025, cuando la administración Trump llegó al poder y revocó múltiples órdenes ejecutivas de su predecesor, incluyendo la que requería el uso obligatorio de cámaras corporales.
Esta acción derivó en que agencias federales como ICE (Inmigración y Control de Aduanas) decidieran también abandonar el equipo, evidenciando una tendencia hacia la reducción de medidas que habían sido introducidas para fortalecer la supervisión y control en la aplicación de la ley. Uno de los puntos que más llaman la atención respecto a la retirada de la DEA es que la política de uso de cámaras aún estaba en desarrollo. La última versión pública, fechada a diciembre de 2022, estipulaba que los agentes solo debían portar las cámaras en circunstancias específicas, tales como arrestos planeados o registros con orden judicial. Además, su uso estaba limitado al territorio estadounidense, y no se requería durante operaciones internacionales. Por otro lado, se establecían protocolos detallados para la gestión, almacenamiento y revisión del material audiovisual, especialmente en casos donde hubiera uso de la fuerza.
La inversión realizada en este programa tampoco fue menor. En 2021, la justicia federal asignó un contrato millonario a Axon, empresa líder en el mercado de tecnologías de cámaras corporales, para suministrar equipos y softwares especializados. El acuerdo representó una jugosa inversión que todavía mantiene fondos pendientes de dispersión, lo que revela que la DEA estaba comprometida en estructurar un plan de implementación a gran escala, incluyendo la solicitud de recursos adicionales para contratar personal y abogados para supervisar el uso y procesamiento del material generado. El cambio de rumbo no solo tiene repercusiones presupuestales, sino que también afecta la percepción pública sobre la transparencia de una agencia que opera en un ámbito crítico para la seguridad nacional. Expertos en supervisión externa de la policía han insistido en la importancia de mantener este tipo de tecnología que, más allá de prevenir abusos, sirve como un recurso de enseñanza para mejorar las prácticas policiales.
Para Cameron McEllhiney, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Supervisión Civil de las Fuerzas del Orden, la eliminación de cámaras corporales representa un retroceso en el compromiso con la responsabilidad y la seguridad comunitaria. Desde un enfoque más amplio, estudios realizados por organizaciones especializadas han mostrado que el uso generalizado de cámaras corporales produce una disminución en las quejas contra agentes, aunque no está del todo claro si esto responde a un cambio en el comportamiento policial o a una reducción en reportes infundados. Sea como sea, la existencia de registros objetivos y contemporáneos a las intervenciones policiales aporta una capa de objetividad que fortalece el sistema de justicia y genera confianza tanto en funcionarios como en ciudadanos. El abandono de las cámaras corporales por parte de la DEA también dificulta la colaboración con agencias estatales o locales. Se conocen casos donde departamentos policiales se negaron a unirse a tareas conjuntas con cuerpos federales para evitar restricciones sobre el uso de sus propias cámaras, lo que demuestra que la falta de uniformidad en el uso de estas tecnologías puede crear obstáculos operativos y de coordinación.
Finalmente, la decisión de la DEA ejemplifica las tensiones que existen entre diferentes administraciones federales respecto a políticas de transparencia y control en la aplicación de la ley. Mientras una administración puede impulsar medidas para fortalecer la vigilancia ciudadana y proteger derechos, otra puede replegarse adoptando enfoques menos abiertos, influenciada por prioridades políticas o cuestionamientos sobre la eficacia y costos de estas tecnologías. Este episodio evidencia cómo las tecnologías diseñadas para incrementar la responsabilidad y la confianza pública pueden quedar subordinadas a cambios políticos, afectando no solo la imagen de las agencias involucradas sino también la protección y seguridad de comunidades enteras. A medida que la DEA se distancia de las cámaras corporales, crece el debate sobre el futuro de estas herramientas y sobre qué balance debe existir entre la seguridad nacional, la privacidad de los agentes y los derechos civiles de la ciudadanía en un contexto cada vez más complejo y demandante.
