Dejar el país en el que has nacido y criado a tu familia es una de las decisiones más dolorosas y complejas que una persona puede enfrentar. Esta decisión se vuelve aún más angustiante cuando no es fruto de un impulso momentáneo, sino de un análisis profundo, experimento personal y la constatación de un declive político, social y moral que parece irreversible. Para muchas personas, desafortunadamente, Estados Unidos ha llegado a ese punto crítico. Desde hace años, la erosión de sus instituciones democráticas, el auge de políticas autoritarias y la creciente amenaza a los derechos fundamentales, especialmente los derechos de las comunidades transgénero y neurodivergentes, han impulsado a individuos y familias a buscar un futuro lejos de las fronteras que una vez consideraron hogar. Uno de los factores fundamentales que han propiciado esta crisis es la consolidación exitosa del poder en manos de un autócrata y su círculo más cercano.
En los últimos tiempos, se ha visto cómo el Ejecutivo ha absorbido atribuciones esenciales destinadas a garantizar el equilibrio de poderes, debilitando drásticamente el papel del Congreso y del sistema judicial. La transferencia unilateral del control presupuestario, la cooptación de instituciones clave como el Departamento de Justicia y la Policía Federal, junto con maniobras para neutralizar la independencia judicial, han configurado un escenario preocupante. Las garantías constitucionales que alguna vez protegieron al país frente a abusos de poder han sido erosionadas hasta un nivel alarmante. Este proceso autoritario no ha encontrado resistencia suficiente dentro del propio sistema político estadounidense. La oposición, fragmentada y en muchos casos paralizada, no ha logrado una postura clara y contundente para frenar esta deriva.
Algunos actores prominentes optan por estrategias de espera laboriosa y confianza en procesos electorales que, dadas las circunstancias actuales, parecen poco probables de restaurar un equilibrio democrático real. Otros gobiernos estatales, con excepción de muy pocas excepciones, han cedido ante presiones y amenazas presupuestarias, debilitando cualquier intento de resistencia coordinada. Esta falta de cohesión y respuesta unificada permite que el régimen continúe apoderándose del aparato estatal a un ritmo acelerado. Más allá de la concentración del poder, la calidad de vida en Estados Unidos está sufriendo un deterioro constante. La destrucción sistemática de agencias encargadas de velar por la seguridad alimentaria, la protección ambiental, la educación pública y la salud, entre otras, augura un futuro sombrío.
Instituciones básicas como el Departamento de Educación, la Agencia de Protección Ambiental y los sistemas de salud pública han visto reducciones dramáticas en sus capacidades, muchas veces substituidas por actores privados y sectores con conflictos de interés directos. Este colapso institucional afecta no solo el bienestar de la población, sino la propia viabilidad económica y social del país a largo plazo. Dentro de este contexto, existe una amenaza particularmente grave y alarmante para la comunidad transgénero. La persecución política, social y legal alcanzó niveles inéditos, con políticas explícitas diseñadas para marginalizar, criminalizar y, en última instancia, eliminar la visibilidad y derechos de las personas trans. Paralelismos históricos inquietantes con la persecución nazi a la comunidad judía en los años treinta apuntan a una persecución sistemática y acelerada.
Las medidas adoptadas incluyen la exclusión de personas trans de documentos oficiales, la prohibición en espacios públicos, la negación de tratamientos médicos y la amenaza constante de internamientos forzados en instituciones psiquiátricas bajo pretextos falsos y discriminatorios. Es importante destacar el rol que figuras públicas y corporativas con gran poder e influencia han tenido en avalar y promover este discurso y políticas. Algunos de los individuos con mayor control de recursos y acceso a bases de datos gubernamentales han emitido declaraciones explícitas que incitan al odio y a la violencia contra personas trans, elevando el riesgo real de medidas de exterminio y persecución directa. Este tipo de alianzas entre el poder político y el económico profundizan la crisis y sitúan a las minorías en situaciones de extrema vulnerabilidad. En medio de este caos, el silencio y la inacción de organizaciones políticas opositoras, medios de comunicación tradicionales y sectores académicos resultan desconcertantes.
La censura previa, la presión corporativa y el miedo a represalias han silenciado muchas voces críticas, impidiendo un debate abierto y una defensa efectiva de los derechos humanos. La libertad de expresión, uno de los pilares democráticos, está siendo sistemáticamente restringida mediante prácticas legales y administrativas que buscan intimidar y desactivar cualquier iniciativa opositora. La acumulación de estas circunstancias llevó a que mi familia y yo tomáramos la difícil decisión de abandonar Estados Unidos. No fue una respuesta impulsiva, sino una conclusión que resultó inevitable tras años de análisis profesional y vivencias personales. La amenaza no solo es política, sino existencial.
Somos una familia conformada por personas transgénero y niños neurodivergentes, quienes enfrentan un riesgo creciente de persecución y marginalización extrema. Permanecer implica exponerse a un futuro precario, inseguro y, potencialmente, peligroso. Buscar refugio en otros países no es solo una cuestión de sobrevivencia física, sino también una oportunidad para preservar nuestra dignidad, ejercer nuestros derechos y continuar nuestras vidas con esperanza y seguridad. Al trasladarnos, también aspiramos a contribuir desde fuera, dando voz a estas realidades, alertando a la comunidad internacional y luchando por la justicia desde espacios donde podamos hablar libremente y actuar con eficacia. Históricamente, la emigración de intelectuales, defensores de derechos humanos y disidentes políticos ha sido una estrategia vital durante épocas de represión.
Filósofos, académicos y activistas han encontrado en el exilio un medio para preservar ideas, proteger vidas y articular respuestas globales ante tiranías. Nuestra historia y el testimonio de numerosas comunidades nos enseñan que la supervivencia y la resistencia a menudo se construyen desde lejos, a través de alianzas globales y redes de apoyo internacional. El futuro de Estados Unidos se presenta incierto si persisten las dinámicas actuales. La posibilidad de una recuperación democrática auténtica está condicionada por factores que hoy parecen lejano, entre ellos la reconstrucción de instituciones, la reactivación de mecanismos de control y equilibrios efectivos y el regreso de una cultura política comprometida con la verdad y el respeto a la diversidad. Mientras tanto, la realidad nos obliga a actuar con pragmatismo y buscar alternativas que aseguren la protección de nuestras vidas y derechos.
Esta experiencia demuestra también la importancia de comprender la política y la sociedad desde múltiples perspectivas, reconociendo que los procesos de declive democrático y autoritarismo tienen impactos directos sobre personas concretas y comunidades específicas. La lucha por la supervivencia, la justicia y la libertad no puede ser abstracta ni limitada a discursos intelectuales: afecta la cotidianidad de familias, niños y adultos que deben tomar decisiones difíciles para salvaguardar su existencia. Finalmente, dejar Estados Unidos ha sido un acto de amor hacia mis hijos y el futuro que merecen. Es una despedida con profundo pesar por lo que se pierde, pero con la convicción de que la vida y la dignidad deben primar sobre las circunstancias adversas. Es también un llamado a la comunidad internacional para que observe, escuche y actúe ante señales tempranas de erosión democrática y persecución sistemática.
Aprender de la historia nos debe motivar a no repetir errores y a construir espacios seguros donde todas las personas puedan vivir sin miedo y con la plenitud de sus derechos garantizados.
