La regulación de las stablecoins en Estados Unidos atraviesa una crisis de confianza que podría poner en jaque la aprobación de normativas clave para el sector criptográfico. En el centro de esta controversia se encuentra la retirada del apoyo de importantes legisladores demócratas a la ley de stablecoins conocida como GENIUS Act, motivada por crecientes preocupaciones sobre la corrupción y la influencia del ex presidente Donald Trump y su firma World Liberty Financial (WLFI). El GENIUS Act, aprobado en una fase inicial del comité de banca del Senado, contaba con el respaldo de varios demócratas pro-cripto, incluyendo a Ruben Gallego, Mark Warner, Lisa Blunt Rochester, Andy Kim y Angela Alsobrooks, quienes votaron junto a republicanos a pesar de la oposición del senador Elizabeth Warren, conocida por su postura crítica hacia las criptomonedas. Sin embargo, recientemente cuatro de estos legisladores firmaron una declaración en la que expresan su incomodidad con el rumbo que está tomando el proyecto de ley y las insuficiencias en las medidas de regulación y supervisión propuestas. Entre las preocupaciones expuestas se encuentran la necesidad de fortalecer las disposiciones contra el lavado de dinero, mejorar el control sobre emisores extranjeros, resguardar la seguridad nacional y garantizar la solidez del sistema financiero estadounidense.
Estas demandas reflejan una creciente desconfianza en el texto actual que, a pesar de las enmiendas ya incorporadas, no logra mitigar los riesgos asociados a la falta de transparencia y posibles actos ilícitos. El telón de fondo de la crisis regulatoria lo marca la controversia en torno a la WLFI, la empresa vinculada a la familia Trump, que ha asegurado lucrativos acuerdos que han generado dudas sobre la legitimidad y ética de sus operaciones. Entre estos destaca el anuncio de una inversión de dos mil millones de dólares por parte de la firma MGX de Abu Dhabi, que utilizará la stablecoin USD1 de WLFI para liquidar su participación en Binance, una operación que ha sido objeto de críticas por su falta de claridad y posible conflicto de intereses. Este ambiente ha tensado aún más la relación entre los partidos, con figuras como la representante Maxine Waters, quien ha acusado abiertamente al ex presidente Trump y a su empresa de aprovechar su estatus para enriquecerse de manera cuestionable a través de proyectos cripto, incluyendo el lanzamiento del TRUMP memecoin. Waters ha sido particularmente vocal contra el proyecto de stablecoins, señalando que sin prohibiciones explícitas para que Trump y sus allegados mantengan negocios de esta naturaleza, no podrá apoyar ninguna ley que no garantice la integridad del sistema.
Las tensiones no solo se limitan al Senado, ya que en la Cámara de Representantes también se observan signos de fractura. La ausencia planeada de Waters y otros demócratas en audiencias clave sobre criptoactivos podría paralizar iniciativas regulatorias importantes, dado que las reglas requieren la participación de todos los miembros para que las sesiones sean válidas. Esta estrategia refleja un rechazo creciente hacia un marco regulatorios que muchos legisladores consideran insuficiente e incluso potencialmente peligroso. De fondo, analistas y expertos apuntan a que estas disputas pueden estar motivadas también por factores políticos y económicos. Algunos abogados especializados en regulación cripto sugieren que el abandono del apoyo democrático podría ser una maniobra de negociación para obtener mejores condiciones o la influencia de intereses económicos que desean reformular el proyecto actual en función de sus propias prioridades.
Donantes influyentes y plataformas como Coinbase han invertido grandes sumas en campañas y esfuerzos políticos, lo que añade una capa de complejidad a la toma de decisiones legislativas. La polémica WLFI, que ha recaudado más de 550 millones de dólares a través de la venta de tokens relacionados con Trump, enfrenta acusaciones de operar bajo prácticas poco claras y de priorizar las ganancias personales por encima de la regulación y la ética. Personalidades como Eric Trump han promovido la adopción de la stablecoin USD1 en acuerdos internacionales, destacando la comparación con otras regiones como la Unión Europea, cuya regulación más estricta es vista como un obstáculo para la innovación. Además, la inversión significativa del fundador de Tron, Justin Sun, en el proyecto TRUMP, y la paralización inesperada por parte de la SEC de investigaciones previas sobre prácticas cuestionables de Sun y su fundación, han alimentado el escepticismo y las preocupaciones sobre un posible favoritismo o conflictos de interés a niveles regulatorios y gubernamentales. Este caldo de cultivo ha dado lugar a discusiones públicas sobre la ética y la legitimidad del papel de Trump en el ecosistema cripto, incluyendo propuestas de destitución que, aunque poco probables de prosperar en un Congreso controlado por los republicanos, simbolizan la gravedad de las acusaciones y el impacto en la política legislativa.
Las respuestas oficiales por parte de WLFI han sido escasas, mientras que el propio Trump ha minimizado las críticas, negando beneficios personales y defendiendo que no debería renunciar a ganancias derivadas de sus propiedades, a pesar de la superposición evidente entre su cargo político y sus negocios. La conjunción de estos factores ha hecho que la posibilidad de un acuerdo bipartidista sobre una ley que regule las stablecoins y, de forma más amplia, el sector cripto en Estados Unidos, se aleje cada vez más. Los temas de corrupción, seguridad financiera y transparencia continúan siendo piedras angulares que separan a los partidos y generan un ambiente legislativo cada vez más fragmentado. El desenlace de esta situación tendrá consecuencias trascendentales para el futuro de las finanzas digitales en el país. Estados Unidos podría enfrentar retrasos significativos en la implementación de un marco legal claro y efectivo que permita el crecimiento del ecosistema cripto sin sacrificar la protección al consumidor ni la estabilidad del sistema financiero.
Mientras tanto, las desconexiones entre legisladores, las presiones políticas y los intereses económicos alrededor del sector crean un escenario incierto. Este contexto refuerza la necesidad de un debate público y transparente que aborde no solo los aspectos técnicos y regulatorios de las stablecoins sino también las implicaciones éticas y políticas de su adopción y supervisión. En resumen, la retirada del apoyo demócrata a la ley de stablecoins en medio de las preocupaciones sobre la influencia corrupta de Trump marca un momento crítico en la regulación cripto en Estados Unidos. El equilibrio entre innovación tecnológica, integridad financiera y gobernanza responsable se encuentra en juego, definiendo la dirección futura de la economía digital del país y la confianza del público en sus instituciones.
