El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos trajo consigo una dinámica política y económica intensa, evidenciada durante sus primeros 100 días en el cargo. En esta etapa inicial, su administración implementó un sinfín de directivas ejecutivas, cambiando el panorama de manera significativa para los sectores comercial, financiero y, particularmente, para la industria de las criptomonedas. Las medidas adoptadas se centraron en aranceles comerciales agresivos, la incorporación oficial de Bitcoin en las reservas estratégicas del país y una reestructuración de las reglas regulatorias que muchos consideraban restrictivas para el desarrollo tecnológico y financiero. A continuación, se ofrece un panorama profundo sobre el impacto y las implicancias de estas decisiones en el contexto económico y cripto durante ese período crucial. Uno de los aspectos que marcó la pauta fue la imposición de aranceles significativamente elevados.
La administración de Trump decretó un gravamen general del 10% sobre las importaciones, acompañado de un arancel punitivo del 145% específicamente sobre productos provenientes de China. Esta medida provocó una reacción inmediata y contundente por parte de Pekín, que respondió con una contramedida arancelaria del 125%. Este choque comercial intensificó las preocupaciones inflacionarias dentro del mercado estadounidense y generó tensiones que afectaron no solo el comercio internacional sino también la confianza empresarial y del consumidor. La protección de la industria nacional y el intento por reducir la dependencia tecnológica y manufacturera con China fueron los motores detrás de estas decisiones, pero también pusieron a prueba las relaciones diplomáticas y económicas globales. En paralelo a esta política de comercio exterior, la administración dio un giro histórico a la gestión y reconocimiento de las criptomonedas.
Durante ese intervalo, el gobierno federal transfirió un volumen significativo de Bitcoin incautado, estimado en aproximadamente 12 mil millones de dólares, a una nueva reserva estratégica de Bitcoin. Este movimiento oficializó por primera vez la propiedad federal de activos en Bitcoin, posicionándolos como un activo comparable a metales preciosos como el oro y a instrumentos financieros tradicionales como los bonos del Tesoro. La promesa explícita de no volver a subastar estas monedas restantes reforzó la percepción de compromiso institucional con la estabilidad y valorización de esta reserva. Este gesto no solo representó un hito simbólico para el bitcoin, sino que también fue interpretado como una señal clara de que el gobierno federal estaba dispuesto a adoptar una postura más favorable y proactiva frente a los activos digitales, abriendo la puerta a una aceptación gradual y a un mayor grado de integración en la economía tradicional. Complementariamente, en materia regulatoria, se registraron acciones significativas para flexibilizar el tratamiento normativo hacia las criptomonedas.
El presidente firmó la derogación del Staff Accounting Bulletin 121 (SAB 121) emitido por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), una regulación anterior que había impuesto requerimientos de capital adicionales a los bancos, dificultando así su participación en la custodia de criptoactivos. Al eliminar este obstáculo, se facilitó el acceso de instituciones financieras tradicionales a los mercados de criptomonedas, incentivando una mayor participación y liquidez en este sector. Asimismo, el Congreso y la administración colaboraron para anular una norma del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que habría catalogado a los intercambios descentralizados como intermediarios o brokers, lo cual habría complicado su operativa mediante la imposición de nuevas obligaciones fiscales y regulatorias. Este renovado enfoque se consolidó con el nombramiento de Paul S. Atkins como presidente de la SEC, un excomisionado conocido por su postura favorable a la innovación y a un marco regulatorio que promueva la competitividad global.
Atkins anunció públicamente el objetivo de convertir a Estados Unidos en el lugar más seguro y propicio del mundo para invertir y operar en negocios, incluyendo los relacionados con activos digitales. Su liderazgo supuso un cambio de rumbo que buscaba eliminar barreras regulatorias que obstaculizaban el desarrollo del sector cripto, al tiempo que garantizaba mecanismos adecuados para la protección del inversor y la integridad del mercado. Estas transformaciones regulatorias, junto con la inclusión notable del bitcoin como activo federal y la imposición de aranceles comerciales, generaron amplias repercusiones para la industria financiera y cripto. La reconfiguración del entorno normativo permitió atraer a grandes instituciones financieras, tradicionalmente reacias, a gestionar y custodiar activos digitales, favoreciendo la integración del ecosistema tradicional con la nueva economía digital. A su vez, la tensión comercial global y el temor creciente a la inflación hicieron que algunos inversores buscaran refugio en activos considerados como reservas de valor, entre ellos el oro y el bitcoin, cuyos perfiles de almacenamiento de valor y escasez relativa los convierten en opciones atractivas en tiempos de incertidumbre macroeconómica.
No obstante, las políticas de aranceles también generaron efectos secundarios complejos. El aumento de los costos de importación encareció los bienes de consumo y materias primas, impactando las cadenas de suministro y, en muchos casos, trasladándose a los precios finales para los consumidores. Este fenómeno impulsó debates acerca del equilibrio entre proteger la producción nacional y evitar presiones inflacionarias que afecten el poder adquisitivo de la población. En este sentido, el bitcoin apareció como una opción alternativa frente a monedas fiduciarias sujetas a depreciación y a un incremento inflacionario basado en políticas monetarias expansivas. La estrategia de fortalecer y oficializar la reserva estratégica de Bitcoin también tuvo un efecto simbólico y tangible sobre la percepción global del activo digital.
Al ubicarlo formalmente dentro de un portafolio estatal, se reconoció su valor y legitimidad, mitigando en parte la volatilidad derivada de la incertidumbre regulatoria que históricamente había pesado sobre las criptomonedas. Este reconocimiento favoreció la confianza de inversores institucionales y facilitó la adopción gradual de soluciones basadas en blockchain en distintos sectores económicos y gubernamentales. En conjunto, el arranque del segundo mandato presidencial de Trump se caracterizó por un enfoque directo en el uso del poder ejecutivo para moldear rápidamente políticas que impactan sectores clave de la economía, como el comercio internacional y la innovación financiera. La preferencia por decretos y memorandos frente a la promulgación tradicional de leyes permitió acelerar cambios significativos y adaptar el entorno a las prioridades estratégicas del gobierno. Aunque estas medidas provocaron controversias y desafíos en la arena internacional y nacional, también demostraron la capacidad y voluntad de la administración para reordenar estructuras y marcos regulatorios en beneficio de ciertos sectores emergentes.
