El Estado de Minnesota ha dado un giro inesperado en su política ambiental con la aprobación de la ley HF2438, que representa un retroceso en sus esfuerzos contra el cambio climático y afecta directamente la promoción de medios de transporte sostenibles. Esta medida, aprobada por la Cámara de Representantes con una votación de 85 a 49, incluye un retraso significativo en los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de kilómetros recorridos por vehículos, recortes sustanciales para infraestructura de transporte público y activo, junto con un aumento abrupto en el impuesto anual para los vehículos eléctricos (VE). Estas decisiones han generado una oleada de críticas tanto de legisladores como de diversas organizaciones ambientalistas y sociales, que advierten sobre las consecuencias negativas para la lucha contra la emergencia climática y la calidad de vida en Minnesota. Para entender la magnitud de este retroceso, es fundamental recordar que en 2023 Minnesota aprobó una ley histórica que estableció metas claras para la reducción de emisiones y la disminución en el uso de vehículos particulares, incentivando así formas de transporte más limpias y sostenibles, como el uso de bicicletas y el transporte público. Esta ley, conocida popularmente como "Ley de Impacto Climático en Carreteras", marcó un precedente a nivel nacional al exigir que el Departamento de Transporte del estado (MnDOT) cumpliera metas estrictas de reducción de gases de efecto invernadero y los kilómetros recorridos por automóviles.
Sin embargo, el nuevo proyecto HF2438 postergó la implementación de estos objetivos claves por tres años y medio, hasta agosto de 2028, lo que según expertos es un paso atrás debido a que ignora la urgencia de la crisis climática que demanda acciones inmediatas y contundentes. Esta demora fue incluida dentro del presupuesto general de transporte, un hecho que ha desconcertado y molestado a quienes consideran que la lucha climática no debe estar sujeta a negociaciones presupuestarias o a concesiones políticas. La oposición a esta medida no se ha hecho esperar. Organizaciones como Sierra Club y numerosas agrupaciones locales han criticado enérgicamente la decisión, denunciando que el retraso en las metas climáticas significa prolongar la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la contaminación atmosférica, con impactos directos en la salud pública y el medio ambiente. Risa Hustad, presidenta del Comité de Uso del Suelo y Transporte de Sierra Club, calificó la ley como la peor propuesta de transporte desde el punto de vista climático y lamentó que el cuerpo legislativo haya abandonado uno de los mejores proyectos que se habían impulsado en 2023.
Además del retraso en los objetivos de reducción de emisiones, HF2438 contempla recortes drásticos en los fondos destinados al transporte público y activo. El presupuesto afecta a varias áreas clave como el tránsito en áreas rurales y metropolitanas, servicios especiales de transporte inclusivo, programas que permiten viajes gratuitos para personas con discapacidades certificadas, y la infraestructura para caminar y andar en bicicleta. Estas medidas castigan a programas que han sido esenciales para mejorar la movilidad sostenible y accesible, especialmente para comunidades vulnerables. El impacto económico diseñado para los propietarios de vehículos eléctricos es otro punto que ha generado amplias críticas. La tasa anual de registro para estos vehículos se ha incrementado en un 167 %, pasando de 75 a 200 dólares.
Esta subida considerable se presenta en un contexto donde los VE ya contribuyen de manera importante a través de mayores impuestos a la venta y generan menos desgaste en la infraestructura vial debido a que suelen circular menos kilómetros. Los defensores de los VE resaltan que gravar excesivamente a este tipo de vehículos desincentiva su adopción y contradice los objetivos a largo plazo para combatir el calentamiento global. El representante Larry Kraft, autor original de la ley de reducción de emisiones y uno de los legisladores que ha expresado su desacuerdo con el aumento desproporcionado del impuesto, propuso una enmienda para limitar el aumento y ajustarlo a la inflación, pero esta propuesta fue rechazada en una votación dividida estrictamente por líneas partidistas. Esta división refleja la batalla política que se vive en Minnesota respecto a la dirección que debe adoptar el estado en materia de transporte y medio ambiente. Al analizar el contexto político, es evidente que las diferencias partidistas han marcado la orientación de la ley HF2438.
Mientras que la mayoría de los legisladores republicanos votaron a favor de la propuesta, una parte significativa de los demócratas se opuso, aunque algunos decidieron apoyar el texto final. Esta fractura interna dificulta la posibilidad de un consenso robusto en torno a políticas ambientales y de transporte, lo que es esencial para enfrentar retos tan complejos y urgentes como el cambio climático. Desde una perspectiva social, los recortes en el financiamiento de programas de transporte público y activo pueden traducirse en una menor accesibilidad para miles de habitantes de Minnesota, especialmente aquellos que dependen del transporte público por razones económicas o de movilidad. La reducción en fondos para servicios especiales podría afectar a personas con discapacidades, niños y adultos mayores que necesitan opciones de movilidad adecuadas, generando exclusión y desigualdad. En términos ambientales, postergar los objetivos de reducción de GEI significa que Minnesota continuará emitiendo cantidades considerables de contaminantes que contribuyen al calentamiento global y a la contaminación del aire.
Esto implica no solo consecuencias globales, sino también efectos negativos locales, como el aumento de enfermedades respiratorias, olas de calor más intensas y la pérdida de biodiversidad. Además, al recortar la inversión en infraestructura para caminar y andar en bicicleta, se desalienta a la población a adoptar estilos de vida más saludables y sostenibles. La controversia desatada por HF2438 también ha provocado una movilización ciudadana considerable. Diversas organizaciones han convocado a protestas, campañas informativas y contacto directo con legisladores para exigir que se reviertan los retrocesos y se adopten medidas más ambiciosas en favor del clima. Esta respuesta social pone en evidencia la importancia que la población da a la protección ambiental y al desarrollo de comunidades más verdes y equitativas.
Mirando hacia el futuro, Minnesota enfrenta el desafío de equilibrar sus necesidades económicas y de transporte con la urgencia de mitigar el cambio climático. Para lograrlo, es necesario fomentar políticas que incentiven la movilidad sostenible, promuevan el uso de tecnologías limpias como los vehículos eléctricos y sostengan una infraestructura que facilite modos de transporte no motorizados. La experiencia reciente muestra que avanzar en este sentido implica enfrentamientos políticos y sociales complejos, pero también destaca la importancia de un compromiso conjunto entre gobiernos, comunidades y sectores privados. En síntesis, la aprobación de HF2438 representa un revés en las políticas climáticas y de transporte sostenible en Minnesota. El retraso en la implementación de objetivos clave, la reducción del financiamiento para programas de transporte público y activo, así como el aumento significativo en los impuestos para vehículos eléctricos, generan preocupación sobre la capacidad del estado para cumplir con sus metas ambientales y sociales.
La polémica medida ha puesto en evidencia tensiones políticas y sociales profundas y ha motivado una mayor vigilancia ciudadana y activismo en demanda de un rumbo más sostenible y justo. Queda claro que el futuro de Minnesota en materia ambiental dependerá de la presión y el compromiso continuado de todos los actores involucrados para revertir estos retrocesos y fortalecer la lucha contra el cambio climático.
