En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha traído numerosas innovaciones en la manera en que las personas compran y venden activos digitales. Entre estas innovaciones se encuentran los cajeros automáticos de Bitcoin, diseñados para facilitar la compra y venta de criptodivisas mediante efectivo o tarjetas. Sin embargo, detrás de esta aparente comodidad surge una preocupante problemática que afecta con mayor fuerza a un sector vulnerable: las personas mayores. En Maryland, una demanda legal contra Athena Bitcoin, una empresa que opera más de 3,000 cajeros automáticos en Estados Unidos y varios países de América Latina, revela cómo estos cajeros están siendo usados de manera predominante para perpetrar fraudes contra personas mayores y comunidades de bajos recursos. Esta demanda judicial supone un llamado de atención sobre la necesidad de proteger a los adultos mayores de estafas financieras facilitadas por las tecnologías digitales emergentes.
La denuncia fue interpuesta por Diane Reynolds, una mujer de 75 años residente en Leisure World, una comunidad para personas mayores en Silver Spring. Reynolds perdió 13,000 dólares tras caer en una estafa que la llevó a realizar depósitos en un cajero automático de Athena Bitcoin. Los detalles del caso evidencian tácticas de engaño con llamadas telefónicas que simulan ser representantes de instituciones financieras y gubernamentales, amenazando con la pérdida de los fondos del usuario para coaccionarlos a utilizar estos cajeros automáticos para “proteger” su dinero mediante la conversión a Bitcoin. Lo que Dion Reynolds vivió no es un caso aislado. La demanda señala que la empresa Athena Bitcoin sabe o debería saber que sus cajeros automáticos son utilizados principalmente para transacciones relacionadas con fraudes contra personas mayores.
La compañía tiene más de 130 cajeros en Maryland ubicados en áreas con alta concentración de personas de bajos ingresos y adultos mayores, y cobra comisiones por transacción elevadas, llegando normalmente al 20-25%. Según el testimonio de los abogados que representan a Reynolds, estos cargos superan considerablemente las tarifas aplicadas en otras plataformas de criptomonedas y representan una manera más en que los adultos mayores desplazan su capital hacia entidades poco transparentes. A lo largo de la demanda, se acusa a Athena y a su proveedor Genesis Coin (quien vendió los cajeros a Athena) de no implementar medidas básicas que podrían prevenir el fraude. Entre estas medidas se incluyen límites en transacciones de alto valor, retenciones temporales para depósitos importantes realizados por clientes primerizos, análisis de actividad sospechosa con herramientas tecnológicas y la emisión de recibos de transacciones que facilitarían la investigación por parte de las autoridades. La omisión de estas prácticas, según la demanda, se debe a que disminuirían la rentabilidad de la empresa, evidenciando una preferencia por la obtención rápida de beneficios a costa de la protección al consumidor.
Era inevitable que este tipo de denuncia generara ecos en los medios especializados y en la opinión pública, especialmente considerando que el aumento de estafas vinculadas a cajeros automáticos de Bitcoin ha sido documentado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC). Los datos oficiales apuntan a pérdidas por más de 110 millones de dólares en 2023 en todo el país, representando un incremento exponencial en los últimos años. Además, este caso en Maryland se suma a una litigación similar en Nueva Jersey, donde también se busca consejo colectivo para proteger a víctimas de estafas que usaron cajeros de Athena Bitcoin. La demanda presentada en febrero por Reynolds busca alcanzar el estatus de acción colectiva para agrupar a las personas afectadas desde el año 2020 y busca que la compañía responda no solo por daños económicos sino también imponga medidas correctivas y de control para evitar futuros abusos. Un aspecto que resalta en esta crisis es la combinación de factores que convierten a las personas mayores en blanco fácil de estas estafas.
Por un lado está la finalidad supuestamente segura y rápida de los cajeros Bitcoin, por otro, la falta de conocimiento profundo sobre tecnologías digitales y criptomonedas. Los estafadores aprovechan la desconfianza natural hacia el sistema financiero tradicional y la urgencia generada por falsas amenazas vinculadas a cuentas bancarias. El discurso del “transferir el dinero para protegerlo” se vuelve convincente y la imposibilidad de reversión en pagos de criptomonedas amplifica las pérdidas sin posibilidades de reclamación. Mientras las instituciones, tanto públicas como privadas, parecen reaccionar lentamente a esta problemática, destacan las voces de legisladores como Vaughn Stewart, representante estatal de Maryland, quien participa activamente en la defensa de Reynolds y el impulso de políticas más estrictas contra el abuso financiero de adultos mayores. Stewart destaca que ninguna persona instruida en inversión en criptomonedas usaría los cajeros automáticos, dada la desproporcionadamente alta comisión, lo que ratifica el carácter marginal o predatorio de este canal de compras.
Las implicaciones legales de la demanda son diversas. Por un lado, se citan violaciones a la Ley de Maryland para Frenar la Explotación Financiera de Adultos (SAFE Act), además de transgresiones a leyes de protección al consumidor y responsabilidad por productos defectuosos. La petición incluye también medidas de carácter declarativo e injuntivo, que buscan obligar a Athena Bitcoin a implementar protocolos que eviten el abuso. En paralelo, la sociedad civil y expertos en temas tecnológicos hacen un llamado a desarrollar una educación financiera inclusiva y adaptada para adultos mayores, que les permita identificar y evitar riesgos vinculados con las criptomonedas y las nuevas modalidades de estafa digital. La proliferación de cajeros automáticos en zonas desfavorecidas, sin supervisión adecuada, se muestra como un caldo de cultivo ideal para que delincuentes cometan fraudes, contando con la pasividad o falta de acción de las empresas operadoras.
En suma, el caso de Athena Bitcoin y Diane Reynolds no solo refleja un problema puntual, sino un fenómeno emergente en el que la innovación tecnológica en finanzas debe ir acompañada de políticas públicas efectivas y responsabilidad empresarial para proteger a la población más vulnerable. La jurisprudencia que surja de este tipo de litigios marcará un precedente importante para la regulación futura de los cajeros automáticos de criptomonedas y la lucha contra el abuso financiero de adultos mayores. Mientras tanto, es crucial que los usuarios estén atentos y denuncien cualquier sospecha de fraude, y que autoridades y operadores digitales trabajen en conjunto para crear entornos más seguros y transparentes. En última instancia, la revolución digital y financiera solo tendrá éxito sostenido si se basa en la confianza, la inclusión y la justicia para todos los participantes, sin dejar de lado a quienes más necesitan protección y apoyo.
