La lucha contra el fraude financiero dirigido a los ciudadanos mayores de edad en Estados Unidos recibió un importante avance con la reciente condena de un nacional nigeriano que operaba una sofisticada red de estafa internacional. Okezie Bonaventure Ogbata, de 36 años, fue sentenciado a 97 meses de prisión por su participación en un esquema fraudulento de herencias falsas que afectó a más de 400 víctimas en los Estados Unidos, causando pérdidas superiores a los seis millones de dólares. Este caso no solo marca un precedente en la persecución de delitos transnacionales sino que también pone en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan las personas mayores ante este tipo de engaños. Durante años, Ogbata y sus cómplices enviaron cartas personalizadas a residentes estadounidenses, especialmente enfocadas en adultos mayores, haciéndoles creer que tenían derecho a recibir una herencia multimillonaria dejada por un familiar fallecido en el extranjero. Las cartas fraudulentas simulaban provenir de representantes bancarios en España, con la intención de generar confianza y credibilidad.
Sin embargo, para obtener el supuesto dinero, las víctimas eran engañadas para que enviaran distintas sumas de dinero bajo el pretexto de cubrir gastos administrativos, impuestos y costos de entrega necesarios para evitar la intervención de autoridades gubernamentales. En muchos casos, los estafadores también utilizaron a antiguos víctimas en Estados Unidos como intermediarios para recibir los fondos y trasladarlos luego a los implicados, creando así una red compleja y difícil de rastrear. La confesión de Ogbata evidenció los mecanismos de la operación y la magnitud del fraude. Su declaración ante la corte reconoció que fue parte activa del engaño, que duró varios años y que impactó a un número considerable de personas, muchas de ellas de avanzada edad o con condiciones de vulnerabilidad. Esta situación subraya la necesidad de fortalecer la protección de los mayores frente a tácticas cada vez más elaboradas utilizadas por redes criminales internacionales.
Este proceso judicial contó con la colaboración y el esfuerzo coordinado de distintas agencias de Estados Unidos y socios internacionales. La investigación fue llevada a cabo por el U.S. Postal Inspection Service (USPIS) y Homeland Security Investigations (HSI), además de la contribución de las autoridades en Portugal, España y el Reino Unido, lo que demostró el valor del trabajo conjunto en la persecución de crímenes que traspasan fronteras. Una de las voces clave durante la gira de declaraciones fue la de Yaakov M.
Roth, Fiscal General Adjunto Interino de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien destacó la importancia de no tolerar la delincuencia transnacional que defrauda a los consumidores estadounidenses. Roth enfatizó que el departamento continuará persiguiendo a aquellos que atenten contra la seguridad financiera, particularmente de los adultos mayores, quienes suelen ser blancos preferidos por las redes de estafa. El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Hayden P. Byrne, también enfatizó el compromiso del sistema de justicia estadounidense para proteger a las poblaciones vulnerables y resarcir los perjuicios causados. Byrne afirmó que no habrá impunidad para los delincuentes que operen desde fuera del país y que busquen perjudicar a los ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, Steven Hodges, Inspector Postal Interino a cargo de la división de Miami, resaltó la trayectoria de su institución en proteger a los ciudadanos contra este tipo de delitos a través de investigaciones detalladas y cooperación interinstitucional. Destacó que la sentencia de Ogbata refleja años de trabajo conjunto y compromiso para erradicar estas prácticas fraudulentas. Fransisco B. Burrola, Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Arizona, reflexionó sobre el impacto humano de estas estafas, señalando lo inconcebible que resulta aprovecharse de personas que han dedicado toda su vida al trabajo y esfuerzo. Bulrola aseguró que continuarán trabajando estrechamente con socios nacionales e internacionales para garantizar que los responsables paguen por sus actos.
El proceso judicial estuvo en manos del Equipo de Protección al Consumidor de la División Civil del Departamento de Justicia, con Phil Toomajian como abogado principal y coordinador de litigios transnacionales, junto con los abogados Josh Rothman y Brianna Gardner, quienes dirigieron la acusación. El caso también dio visibilidad a la importancia de los recursos disponibles para prevenir estas estafas y asistir a las víctimas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos administra una Línea Nacional contra el Fraude a Personas Mayores, dirigida a personas mayores de 60 años o sus allegados que puedan estar enfrentando situaciones similares. Este servicio ofrece atención personalizada en varios idiomas para evaluar las necesidades de los afectados, brindar orientación sobre los pasos a seguir, conectar con agencias adecuadas y facilitar recursos para la recuperación. El fraude a personas mayores sigue siendo un problema alarmante en todo el mundo, con delincuentes que continuamente innovan sus métodos para engañar y robar.
