En los últimos años, Bitcoin ha experimentado una apreciación impresionante, convirtiéndose en uno de los activos digitales más valiosos y reconocidos a nivel mundial. Desde su creación en 2009, su precio ha escalado con una volatilidad característica, pero con una tendencia alcista que ha captado la atención tanto de inversores particulares como de gobiernos y reguladores fiscales. Ante este escenario, surge una pregunta crucial: ¿serán los hodlers de Bitcoin, esos inversores que optan por mantener sus criptomonedas a largo plazo sin vender, la razón detrás de una mayor adopción mundial de impuestos sobre la riqueza? El concepto de hodling, un término derivado del error tipográfico intencional de «hold», refleja una mentalidad de resistencia ante la volatilidad y una apuesta por el crecimiento a largo plazo del valor de Bitcoin. Desde 2013, Bitcoin se ha revalorizado más de 600.000%, lo que significa que muchos de estos poseedores acumulan ganancias significativas simplemente por mantener sus activos digitales.
Sin embargo, el sistema tributario vigente en muchos países establece que la tributación sobre las ganancias de capital ocurre solo en el momento de la venta o realización del activo. Esto plantea un desafío fiscal para las autoridades: ¿cómo gravar las grandes fortunas digitales que no se venden pero crecen en valor anualmente? La idea de un impuesto sobre la riqueza toma fuerza en este contexto. A diferencia de los impuestos sobre la renta o sobre las ganancias de capital, el impuesto sobre la riqueza grava el valor total de los activos de una persona, ya sea en efectivo, inversiones, propiedades u otros bienes, descontando las deudas. Este impuesto es recurrente y se aplica independiente de que el titular gestione o no sus activos. La finalidad principal es aumentar los ingresos públicos y reducir la desigualdad económica, enfocándose en quienes poseen mayor riqueza, lo que podría incluir a los hodlers de Bitcoin, dada la magnitud de su patrimonio acumulado.
Países como Bélgica, Noruega y Suiza han incorporado impuestos sobre la riqueza desde hace décadas, pero grandes economías como Estados Unidos, Australia y Francia han sido tradicionalmente reticentes a esta modalidad fiscal. Sin embargo, esta tendencia parece estar cambiando, especialmente motivada por la creciente importancia de los activos digitales en las carteras personales. En diciembre de 2024, una propuesta legislativa en Francia impulsada por la senadora Sylvie Vermeillet planteó catalogar a Bitcoin como un activo «improductivo», lo que implicaría gravar anualmente sus ganancias, incluso sin haber realizado ninguna venta. Este enfoque representa una especie de impuesto sobre ganancias no realizadas (unrealized capital gains tax), un concepto que hasta ahora parecía poco probable pero que está ganando terreno. A medida que Bitcoin y otras criptomonedas continúan su expansión, otros países pueden seguir el ejemplo francés, interesándose en aprovechar las ganancias latentes acumuladas en estos activos.
Los expertos en inversiones, como Cathie Wood de ARK Invest, proyectan que el valor de Bitcoin podría llegar a 1.5 millones de dólares para 2030, lo que amplifica la tentación para los gobiernos de implementar mecanismos tributarios que aseguren ingresos consistentes provenientes de estas enormes fortunas digitales. Además, la experiencia histórica demuestra una tendencia clara: la adopción global de impuestos sobre las ganancias de capital ha sido paulatina pero constante. Estados Unidos estableció este impuesto en 1913, el Reino Unido le siguió en 1965 y Australia lo adoptó en 1985. Por ende, es razonable pensar que la fiscalización de las ganancias no realizadas en criptoactivos puede estar en camino, especialmente vía impuestos sobre la riqueza.
Alemania, por ejemplo, aunque eliminó su impuesto sobre la riqueza en 1997, podría reconsiderar su postura. Recientemente, en 2024, Alemania liquidó parte de un BTC incautado a un valor inferior, perdiendo ganancias potenciales cuando el precio subió rápidamente meses después. Esto evidencia una oportunidad fiscal que los gobiernos podrían querer recuperar. La perspectiva de dejar de lado impuestos sobre la riqueza digitales podría significar un ingreso fiscal perdido, especialmente en economías que están comenzando a reconocer la importancia de los activos criptográficos. No obstante, gravar la riqueza digital también implica riesgos para los gobiernos.
La movilidad internacional de los individuos con alto patrimonio es un factor determinante. Los millonarios y multimillonarios tienen la capacidad de trasladar su residencia fiscal a países con cargas impositivas más bajas o nulas, como Emiratos Árabes Unidos o algunos paraísos fiscales. Por lo tanto, una política agresiva en cuanto a impuestos sobre la riqueza puede tener el efecto contraproducente de fomentar la fuga de capitales y talentos hacia jurisdicciones más amigables, debilitando la base impositiva local. En el contexto estadounidense, se observa un músculo creciente en cuanto a la regulación y aceptación del Bitcoin. La firma del presidente Donald Trump de una orden ejecutiva para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin sugiere un reconocimiento oficial y una posible integración del activo en la estructura económica del país.
Este gesto puede interpretarse como un apoyo a la mentalidad de hodlers y un indicio de que, en vez de imponer un impuesto excesivo, Estados Unidos podría buscar formas de incorporar Bitcoin en su sistema financiero sin desalentar la tenencia a largo plazo. Por el contrario, otros países pueden optar por medidas más estrictas, impulsados por la necesidad de diversificar sus fuentes de ingresos y controlar la evasión fiscal. La discusión en torno a los impuestos sobre la riqueza en el contexto de las criptomonedas está al rojo vivo y podría dar lugar a reformas significativas en la política fiscal global en la próxima década. Para los hodlers de Bitcoin, estas potenciales nuevas obligaciones fiscales representan un desafío importante. La idea de pagar impuestos sobre ganancias latentes puede ser vista como una amenaza a la estrategia de inversión pasiva y de acumulación, además de complicar la gestión fiscal personal debido a la complejidad de valorar activos volátiles y en constante cambio.
Sin embargo, también abre la puerta a un debate necesario sobre la equidad y la sostenibilidad fiscal en un mundo cada vez más digitalizado. En conclusión, la acumulación masiva de riqueza digital por parte de los hodlers de Bitcoin está poniendo a los gobiernos en alerta, motivando un replanteamiento sobre cómo gravar estos activos para aumentar ingresos y promover la justicia social. La creciente presión para implementar impuestos sobre la riqueza en criptomonedas refleja una tendencia hacia la actualización y modernización de los sistemas fiscales para adaptarse a una economía global cada vez más digital y diversa. Si bien esta transformación puede traer beneficios en términos de recaudación, también plantea retos considerables tanto para las autoridades como para los inversores, marcando una nueva era en la relación entre fiscalidad y activos digitales.
