El complejo minero Loulo-Gounkoto en Mali ha sido escenario de una crisis significativa a raíz del conflicto entre Barrick Gold, una de las principales compañías mineras del mundo, y el gobierno maliense. Esta disputa, que se centra principalmente en acusaciones de incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de Barrick Gold, ha provocado cambios profundos en las operaciones y ha impactado directamente en la fuerza laboral de los contratistas asociados al proyecto. La suspensión de la exportación de oro y la confiscación de aproximadamente tres toneladas de este metal precioso por parte de las autoridades malienses son hitos que han marcado este enfrentamiento, el cual continúa generando incertidumbre en el sector. Barrick Gold ha operado durante años en el complejo Loulo-Gounkoto, una zona estratégica dentro de Mali para la extracción de oro. Sin embargo, desde noviembre del año anterior, la exportación de este recurso se ha detenido debido a las acusaciones formuladas por el gobierno local, que señalan que la compañía no habría cumplido con ciertas obligaciones tributarias.
Esta situación desembocó en la suspensión de las actividades principales en el complejo desde enero, afectando no solo a la compañía canadiense sino también a los numerosos subcontratistas que dependen de estas operaciones para su continuidad. Entre los contratistas afectados, Boart Longyear, a través de su subsidiaria BLY Mali, ha debido comunicar su liquidación debido a la suspensión del contrato con Barrick, lo que ha sido descrito como una situación "irremediablemente comprometida". Esta empresa empleaba a cerca de 98 personas en el complejo, trabajadores que ahora enfrentan la pérdida de su empleo en un contexto ya marcado por la fragilidad económica. La incertidumbre respecto a su futuro laboral es un reflejo del impacto que el impasse tiene sobre la cadena productiva local. Otro contratista, ETASI, dedicado al alquiler de equipos pesados, también ha respondido suspendiendo a todo su personal.
En marzo, ETASI contaba con 68 empleados en la zona, todos ellos afectados por la paralización de las actividades mineras. La suspensión de las operaciones ha significado que empresas que tradicionalmente abastecen de servicios a la minería ahora se encuentren en una situación precaria, lo que contribuye a la crisis económica dentro de la región. De manera similar, ATC, empresa operadora de construcción metálica, a través de una compañía de colocación laboral, ha emitido notificaciones de despido. Su número de empleados en el espacio minero cayó drásticamente, pasando de 45 en enero a apenas cuatro en marzo, lo que indica una fuerte contracción en los trabajos temporales y una reducción directa en la mano de obra. Esta dinámica pone en relieve cómo el conflicto impacta también en las empresas locales y subcontratistas que forman parte del entramado industrial asociado a las minas.
MAXAM, dedicada a los explosivos civiles y otra subcontratista clave, se encuentra en vías de declarar un cese temporal de actividades para la mayoría de su personal en Mali. Aunque internalmente se tiene un registro de 69 empleados, la afectación podría superar los 120 trabajadores, evidenciando así una expansión del efecto negativo de la disputa más allá de lo inicialmente previsto. La situación de MAXAM demuestra la profundidad del conflicto y cómo afecta incluso a las áreas técnicas vinculadas a la operación minera. Además, SGS, empresa con sede en Ginebra que brinda servicios de inspección, verificación y certificación, también enfrenta un cese temporal de actividades en la región. La incertidumbre respecto al futuro de sus operaciones tras la finalización del periodo de suspensión de tres meses confirma el clima de inestabilidad generalizado y la difícil perspectiva para las empresas internacionales que prestan servicios en Mali.
Una de las acciones más contundentes por parte del gobierno maliense fue el cierre de la oficina de Barrick en Bamako, capital del país, debido a las discrepancias por impuestos impagos, según las autoridades. Aunque esta medida ha interrumpido la presencia administrativa de Barrick en el país, los empleados directos de la compañía han continuado recibiendo sus salarios. Este hecho pone en evidencia un intento por mantener cierta estabilidad interna, mientras que la disputa con el gobierno se resuelve. La repercusión social es evidente, con alrededor de 40 empleados del complejo Loulo-Gounkoto transferidos temporalmente a la mina Kibali, ubicada en la República Democrática del Congo, y un total de 100 trabajadores malienses previstos para ser reubicados. Este traslado temporal es una estrategia de Barrick para preservar el empleo de su personal directo y evitar la pérdida total de talento y experiencia en el sector.
Sin embargo, para los trabajadores de las subcontratistas esta medida no ha podido ser replicada, dejando a la mayoría de ellos en situación de desempleo. Aunque en febrero Barrick Gold firmó un acuerdo con el gobierno de Mali con la intención de resolver el conflicto, este documento aún está pendiente de aprobación y ejecución por parte de las autoridades maliense, prolongando así la incertidumbre y el estancamiento de las operaciones. Este retraso en la validación del acuerdo destaca las dificultades políticas y legales inherentes a la demanda del Estado, así como los desafíos de las transnacionales para operar en contextos con regulación compleja y gobernanza inestable. El conflicto entre Barrick Gold y el gobierno maliense refleja una problemática mayor que afecta a la industria minera en varios países africanos. La extracción de recursos naturales, especialmente el oro, representa una fuente vital de ingresos y desarrollo económico, no solo para las empresas sino también para las naciones involucradas.
Sin embargo, las tensiones por la tributación, los contratos, y la distribución de beneficios pueden generar enfrentamientos que afectan la operación normal de estos proyectos y ponen en riesgo a miles de trabajadores y comunidades aledañas. Las consecuencias económicas se sienten rápidamente en Mali, especialmente en las regiones donde la minería es una actividad clave. La paralización de operaciones y los despidos en cadena entre los contratistas no solo reducen el ingreso familiar de muchos trabajadores, sino que también afectan la economía local al disminuir la demanda de bienes y servicios. Además, el cierre temporal de las actividades mina también tienen repercusiones en la recaudación fiscal para el gobierno, cuyo reclamo de impuestos impagados fue el detonante original del conflicto. Este escenario requiere una gestión cuidadosa y negociaciones eficaz para evitar un desgaste prolongado que no beneficie a ninguna de las partes y, sobre todo, que no cause daño irreparable a la población trabajadora y a la economía regional.
La búsqueda de un consenso que permita reanudar las actividades con un marco fiscal claro y justo podría ser la llave para desbloquear esta compleja situación. El caso del complejo Loulo-Gounkoto puede servir también como una lección sobre la importancia de establecer relaciones constructivas y de respeto mutuo entre gobiernos y empresas multinacionales. La transparencia en los contratos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la consideración de los impactos sociales son elementos esenciales para garantizar que la minería contribuya efectivamente al desarrollo sostenible de los países anfitriones. En conclusión, la disputa entre Barrick Gold y Mali ha generado un impacto profundo en el sector minero y en la fuerza laboral del complejo Loulo-Gounkoto, donde los despidos masivos en las empresas subcontratistas evidencian la magnitud de la crisis. La suspensión de operaciones, la confiscación de oro y el cierre de oficinas reflejan un contexto de tensión que amenaza con prolongarse mientras el gobierno y la compañía no logren un acuerdo definitivo.
El seguimiento de esta situación será clave para entender cómo evoluciona la relación entre inversión internacional y gobiernos africanos en el sector extractivo bajo condiciones de conflicto.
