En los días previos a su toma de posesión en 2025, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la creación de su propia criptomoneda, un evento que ha encendido debates profundos sobre la ética, la legalidad y la transparencia en el mundo digital y político. Se trata de un meme coin, un tipo de activo encriptado que ha ganado popularidad por su volatilidad y su naturaleza especulativa, pero que también está rodeado de riesgos y dudas sobre su legitimidad y posibles usos indebidos. La criptomoneda de Trump, denominada $Trump, se suma a un fenómeno creciente dentro de las finanzas digitales donde figuras públicas y empresas lanzan tokens digitales, a menudo con fines comerciales y promocionales, pero cuya regulación aún es escasa y poco clara. El hashtag meme coin se refiere a monedas digitales inspiradas en memes o fenómenos virales de internet, conocidas por su alta volatilidad y carácter especulativo. Sin embargo, cuando un personaje con influencia política considerable introduce este tipo de activos en el mercado, las alarmas se disparan en cuanto a la posibilidad de que estas transacciones puedan ser usadas para ocultar o facilitar actividades no éticas o incluso ilegales.
Legalistas y expertos en criptomonedas han expresado serias preocupaciones. El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, señaló que la criptomoneda puede convertirse en una herramienta para actividades ilícitas. En un mensaje publicado en la red social X, acusó al expresidente de operar un esquema de sobornos indirectos donde cualquier director ejecutivo o incluso un oligarca extranjero podría enviar dinero en secreto a través de esta moneda digital a cambio de favores políticos. Por su parte, el senador Bernie Sanders consideró que la moneda crea una línea directa para contribuciones que benefician directamente a la familia Trump, lo que plantea dudas sobre posibles violaciones a las leyes de financiamiento político. El campo legal sostiene que aunque no hay evidencia concreta que pruebe que estas irregularidades estén ocurriendo, sí existe un marco teórico sólido que apunta a que la naturaleza anónima y descentralizada de las criptomonedas puede facilitar la evasión de los controles habituales que existen a la hora de financiar campañas o recibir donaciones políticas.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, se defendió afirmando que los activos de Donald Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos y negó la existencia de conflictos de interés. Sin embargo, reportes periodísticos indican que a diferencia de su presidencia anterior, donde vendió sus acciones para evitar beneficios financieros directos, esta vez no ha tomado medidas para desvincularse financieramente de sus negocios, incluyendo su participación multimillonaria en una empresa de redes sociales. La esencia de la preocupación radica en el funcionamiento intrínseco de las criptomonedas. Estos activos digitales pueden ser comercializados sin intermediarios como bancos y utilizan la tecnología blockchain para validar las transacciones. Esta tecnología crea un registro público pero criptográficamente seguro y distribuido a nivel mundial.
Pese a eso, las identidades de los inversores pueden permanecer ocultas bajo capas de anonimato, lo que dificulta rastrear la procedencia y destino del dinero. Expertos como Frank Emmert, profesor universitario especializado en derecho digital y blockchain, sostienen que estas monedas pueden facilitar donaciones que superen los límites legales establecidos para ciudadanos y corporaciones estadounidenses e incluso permitir contribuciones ilegales de extranjeros, considerado un delito electoral en EE. UU. aunque, enfatiza, no hay pruebas de que esto haya ocurrido específicamente con la criptomoneda de Trump. Por su parte, el ex asesor en ética para la presidencia de George W.
Bush, Richard Painter, mostró su preferencia porque los funcionarios electos eviten involucrarse en el comercio de criptomonedas debido a su potencial para ser usadas en sobornos o en transacciones gubernamentales con intereses extranjeros. Desde un punto de vista técnico, las meme coins como $Trump y $Melania, esta última lanzada por la exprimera dama Melania Trump, carecen a menudo de un valor real o utilidad funcional fuera de la especulación. Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, las meme coins son terrenos fértiles para fraudes y presentan riesgos significativos para los inversionistas debido a su extrema volatilidad. El lanzamiento de $Trump evidenció estos movimientos especulativos: su valor pasó de 7 a 75 dólares en apenas un día para luego bajar nuevamente a niveles mucho más bajos. Las estructuras propietarias de estas monedas revelan que la mayoría de los tokens están controlados por empresas vinculadas directamente a la familia Trump, lo que facilita el control y administración de estos activos desde sus escenarios de poder.
Otro proyecto importante asociado a la familia Trump es DT Marks DEFI LLC, que posee un 60% de participación en World Liberty Financial, una plataforma descentralizada de finanzas que permite a los usuarios ganar y tomar prestado en criptomonedas. Estas inversiones en plataformas DeFi agregan una capa adicional de complejidad en términos regulatorios y de potenciales conflictos éticos. En cuanto a la regulación, la ley estadounidense limita las donaciones a campañas políticas a 3,500 dólares por persona y prohíbe que extranjeros sin residencia permanente participen en financiamiento de políticos. Sin embargo, los expertos advierten que la criptomoneda podría utilizarse para eludir tales restricciones, haciendo prácticamente imposible monitorear y controlar la fuente y destino de estos fondos. Agudizando el panorama, en abril de 2025, el Departamento de Justicia anunció el fin de las acciones penales relacionadas con criptoactivos que consideran mejor tratadas por reguladores especializados, además de la disolución del Equipo Nacional contra el Crimen en Criptomonedas.
Esta medida significa un relajamiento en la persecución judicial de posibles delitos financieros en el ámbito digital, aumentando las preocupaciones sobre la falta de supervisión en un entorno tan riesgoso. En síntesis, la entrada de Donald Trump en el mundo de las criptomonedas abre un debate crucial sobre los límites éticos y legales del uso de estos nuevos activos digitales en la política. La combinación de anonimato, falta de regulación estricta y la conexión directa con figuras de poder crea un escenario en donde el riesgo de corrupción, sobornos y financiamiento ilícito parece ser muy real. Si bien no hay denuncias formales ni investigaciones en curso que demuestren un manejo fraudulento o ilícito, el potencial para abusos está latente y la comunidad legal advierte sobre la necesidad urgente de una supervisión más rigurosa. El caso de la criptomoneda de Trump es un llamado de atención para legisladores y reguladores a nivel nacional e internacional.
Deben implementar políticas claras y mecanismos efectivos para garantizar la transparencia y la legalidad en el comercio y uso de monedas digitales, especialmente en contextos donde la influencia política y el acceso a los fondos pueden comprometer la integridad democrática y financiera. Mientras tanto, los ciudadanos, inversionistas y observadores deben mantenerse alertas y críticos ante las promesas y riesgos asociados con estos innovadores pero inciertos instrumentos financieros. La transparencia y la ética no deben ser sacrificadas en nombre de la innovación tecnológica o intereses personales, y la criptomoneda de Donald Trump ejemplifica a la perfección los desafíos y dilemas del mundo moderno en la intersección entre finanzas, política y tecnología.
