En un esfuerzo sin precedentes por abordar uno de los temas más sensibles para los consumidores y el sistema de salud estadounidense, el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que promete una reducción significativa en los precios de los medicamentos en Estados Unidos, con recortes que podrían llegar hasta el 59%. Esta medida, anunciada el 12 de mayo de 2025, apunta a alinear los costos de los medicamentos en el país con lo que otros países desarrollados pagan, pues Estados Unidos históricamente ha presentado los precios más altos del mundo en esta materia, en ocasiones tres veces superiores a los de naciones como Reino Unido, Alemania o Francia. \n\nLa orden ejecutiva indica una iniciativa amplia y multifacética que no solo establece objetivos concretos y plazos estrictos para los fabricantes de medicamentos, sino que además contempla acciones adicionales en caso de que dichos objetivos no se cumplan en el tiempo estipulado. Se establece un plazo de 30 días para que las compañías farmacéuticas presenten un plan de acción para lograr precios comparables a los internacionales, y si no muestran “progresos significativos”, el gobierno se comprometió a tomar medidas más rigurosas, incluyendo la posibilidad de imponer tarifas y restricciones para forzar la reducción de precios.\n\nUno de los aspectos más innovadores de esta orden es la intención gubernamental de fomentar programas que permitan la compra directa por parte del consumidor de medicamentos a precios extranjeros, lo cual rompe con las formas tradicionales de adquisición y distribución.
De igual forma, la orden instruye a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a intensificar la vigilancia y acción contra prácticas anticompetitivas dentro de la industria farmacéutica, tales como acuerdos ilegales que impiden la entrada de medicamentos genéricos más baratos al mercado, una táctica que ha sido criticada durante años por elevar los precios para los consumidores.\n\nSin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversia y desafíos. Los expertos legales y analistas de la salud anticipan una ola de litigios porque la implementación de precios al nivel de la “nación más favorecida” podría chocar con las leyes vigentes en Estados Unidos, que limitan la importación directa de medicamentos desde el extranjero. La orden ejecutiva sugiere medidas que podrían exceder el marco legal actual, como la importación directa de medicamentos para el consumidor final, lo cual requerirá modificaciones legislativas o peleas legales en los tribunales.\n\nLa industria farmacéutica, representada por grupos como PhRMA, ha reaccionado con preocupación y rechazo, argumentando que la imposición de precios bajos extranjeros podría reducir la inversión en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos en Estados Unidos, además de afectar negativamente a la innovación médica y a la disponibilidad de medicamentos para los pacientes.
El CEO de PhRMA, Stephen Ubl, mencionó que los problemas reales en el costo de los medicamentos están relacionados con pagos insuficientes en otros países y la influencia de intermediarios que incrementan los precios en el mercado estadounidense.\n\nPor su parte, el presidente Trump defendió la orden ejecutiva afirmando que “todos deben pagar el mismo precio”, haciendo énfasis en que la disparidad actual es insostenible y afecta directamente al bolsillo de los estadounidenses. Hizo referencia a un caso anecdótico donde un amigo suyo pagó 88 dólares por una inyección para perder peso en Londres, mientras que en Estados Unidos el mismo tratamiento cuesta cerca de 1,300 dólares, revelando la enorme brecha en precios y el motivo principal para buscar este cambio radical.\n\nLas acciones en los mercados reflejaron cierta tranquilidad inicial, con las acciones de las principales farmacéuticas recuperándose y subiendo un día después del anuncio. Esto se debe a que la orden, aunque ambiciosa, no incluye un plan detallado de cómo se lograrán las reducciones específicas, lo que genera incertidumbre sobre su concreción real en el corto plazo.
