En un hito histórico para el mundo financiero y tecnológico, el estado de Nuevo Hampshire se ha convertido en el primero en Estados Unidos en aprobar una ley que permite la creación de una reserva estatal en criptomonedas. La aprobación del proyecto de ley HB 302 representa un avance significativo en la integración oficial de activos digitales dentro de las prácticas financieras gubernamentales, marcando una pauta para otros estados y entidades públicas que buscan diversificar sus reservas e invertir en nuevas tecnologías financieras. La ley, firmada el 6 de mayo de 2025 por la gobernadora Kelly Ayotte, se instaurará formalmente 60 días después de su aprobación, permitiendo que el tesoro estatal de Nuevo Hampshire incluya no solo metales preciosos sino también ciertos activos digitales reconocidos, bajo estrictas condiciones de seguridad y regulación. Este paso es particularmente notable porque establece que solo los activos digitales con una capitalización de mercado superior a 500 mil millones de dólares pueden ser considerados para esta reserva, lo que actualmente deja a Bitcoin como el único candidato elegible debido a su amplio dominio y estabilidad dentro del mercado criptográfico. El impacto de esta legislación es doble: por un lado, abre un nuevo espectro para la gestión de fondos públicos con un enfoque hacia la innovación y la diversificación, y por otro, sienta un precedente en cuanto a la responsabilidad y manejo seguro de los activos digitales estatales.
Según reportes oficiales, el tesoro de Nuevo Hampshire maneja un fondo general que supera los 3.62 mil millones de dólares, lo que significa que hasta un 5% de esta cifra, es decir, aproximadamente 181 millones de dólares, podrían destinarse a inversiones en Bitcoin bajo la nueva ley. Una de las mayores preocupaciones respecto a la introducción de activos digitales en fondos públicos es la seguridad y la transparencia en su almacenamiento y gestión. La ley HB 302 establece medidas que obligan a que las criptomonedas sean almacenadas siguiendo normativas estadounidenses estrictas. Esto implica que las inversiones deben ser resguardadas en una de tres modalidades: una billetera multifirma controlada por el estado, un producto cotizado en bolsa aprobado dentro de Estados Unidos o un custodio confiable y regulado.
Esta regulación apunta a asegurar la integridad de los activos, minimizar riesgos asociados a la volatilidad o fraudes, y garantizar que los fondos estatales sean manejados con responsabilidad y clara rendición de cuentas ante los contribuyentes. La aprobación de esta ley ha sido recibida con entusiasmo por parte de varios actores en la comunidad cripto y financiera. Dennis Porter, representante de Satoshi Action, una entidad que participó en la creación del modelo legal, destacó que Nuevo Hampshire ha trazado un camino que otros tesoreros estatales pueden seguir para proteger el dinero de los contribuyentes al tiempo que diversifican sus reservas y adoptan las más seguras redes monetarias del planeta. Este aval resalta no solo el valor de la innovación financiera, sino también la confianza depositada en la tecnología blockchain y en las criptomonedas para ofrecer metodologías seguras y transparentes para el manejo de fondos públicos. Cabe destacar que la iniciativa en Nuevo Hampshire no ha sido un fenómeno aislado, ya que otros estados también están evaluando proyectos similares que promueven la inclusión de criptomonedas en sus tesoros estatales.
Sin embargo, no todos han logrado avanzar con la misma velocidad o aceptación. Por ejemplo, en Arizona, una propuesta conocida como el Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act, que hubiese permitido invertir hasta un 10% de los fondos estatales y de pensiones en criptomonedas, fue rechazada recientemente por la gobernadora Katie Hobbs. Mientras tanto, Florida ha aplazado indefinidamente dos proyectos de ley que buscaban establecer reservas en Bitcoin para el estado. Este escenario define a Nuevo Hampshire como pionero y líder en la exploración legislativa para integrar las criptomonedas en las finanzas públicas. El marco regulatorio estatal marca un importante precedente en un momento en que a nivel federal también hay movimientos por impulsar la aceptación de activos digitales.
En marzo de 2025, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a establecer una reserva estratégica de Bitcoin y una acumulación de activos digitales, lo que demuestra un creciente interés político y económico en la viabilidad de las criptomonedas como instrumento financiero oficial. El avance de Nuevo Hampshire no solo tiene repercusiones directas en el ámbito estatal, sino que también influye en la percepción de las criptomonedas como un activo legítimo y seguro para ser incorporado en políticas fiscales públicas. La sistematización de la inversión pública en monedas digitales podría incentivar a otros estados a seguir esta ruta, especialmente a medida que la necesidad de diversificación y protección contra la inflación y volatilidad económica se hace cada vez más clara. Además, la apertura a invertir en metales preciosos junto con activos digitales crea un enfoque híbrido que combina tradición y vanguardia, ofreciendo una estrategia equilibrada para la gestión de reservas estatales. Esto puede resultar atractivo para otros entes gubernamentales que buscan simultáneamente seguridad, estabilidad y crecimiento en sus inversiones.
En términos de mercado, la inclusión oficial de Bitcoin como reserva estatal podría estimular aún más la liquidez del mercado y promover la estabilidad de la criptomoneda más grande del mundo por capitalización. A medida que las instituciones gubernamentales adoptan criptomonedas, se refuerza la confianza general en estos activos, lo que puede traducirse en un mayor interés por parte de inversores particulares y corporativos. Sin embargo, la decisión de Nuevo Hampshire también abre un debate sobre los riesgos inherentes al mercado de criptomonedas, conocido por su volatilidad y la incertidumbre regulatoria que aún lo rodea. El marco legal estatal, enfatizando la seguridad, el almacenamiento responsable y la transparencia, busca mitigar estas preocupaciones, pero el monitoreo constante y la adaptación legislativa serán necesarios para asegurar una implementación efectiva y beneficiosa. Por otro lado, la ley también impulsa la discusión sobre la educación financiera y tecnológica de los encargados de administrar estos fondos y la población en general.
La comprensión de las criptomonedas, su funcionamiento, riesgos y beneficios, es fundamental para que esta adopción sea sostenible y exitosa en el largo plazo. En conclusión, la aprobación de la ley HB 302 en Nuevo Hampshire para la creación de una reserva estatal en criptomonedas representa un avance crucial en la evolución de las finanzas públicas hacia la integración de tecnologías disruptivas. Este movimiento no solo refuerza la posición de Nuevo Hampshire como un estado innovador y pionero en el manejo de activos digitales, sino que también delicadamente equilibra la innovación con la responsabilidad y seguridad necesarias para proteger los fondos de los contribuyentes. El futuro podría ver a más estados y países seguir esta ruta, construyendo un nuevo paradigma en la administración pública, donde las criptomonedas formen parte fundamental de las estrategias financieras estatales.
