Minería y Staking

Reforma Urgente de las Leyes Cripto en Australia tras la Reelección del Gobierno Laborista

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Industry calls for urgent crypto law reforms after Australian election

Tras la reelección del Partido Laborista en Australia, la industria criptográfica demanda reformas legales inmediatas para potenciar la innovación, garantizar la protección del consumidor y evitar la fuga de talento y capital hacia mercados más avanzados a nivel global.

La reciente victoria electoral del Partido Laborista en Australia ha generado un clima de esperanza y expectativas dentro de la comunidad de criptomonedas y activos digitales. Con un triunfo contundente que les otorga cerca del 55% del voto preferido por dos partidos, el gobierno entrante se posiciona con una amplia base para implementar cambios significativos en materia de regulación cripto. La industria, que desde hace años espera un marco normativo claro y propicio, ha manifestado de manera unánime la necesidad de que estas reformas sean una prioridad indiscutible en la agenda legislativa del nuevo mandato. Durante la campaña electoral, el Partido Laborista y sus opositores, los partidos Liberal y Nacional, coincidieron en su intención de reformar la legislación cripto. Sin embargo, fue únicamente el Laborista quien se comprometió públicamente a presentar un proyecto de ley dentro de los primeros 100 días posteriores a la elección.

Este compromiso ha encendido las alarmas y generado un llamado a la acción inmediata por parte de actores relevantes del sector. El director general para Asia-Pacífico de Coinbase, John O’Loghlen, subrayó la responsabilidad del gobierno que regresa al poder para movilizarse rápidamente y constituir lo que denominó una "Crypto-Asset Taskforce" (Fuerza de Tarea de Activos Cripto) con la finalidad de acelerar la legislación que resguarde a los consumidores, fomente la innovación tecnológica y detenga la salida de talento y capital hacia otros mercados más avanzados. Asimismo, Joy Lam, responsable de asuntos regulatorios globales y legales para Asia-Pacífico en Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, reveló que han estado en contacto con funcionarios del Tesoro australiano desde finales de 2023, en conversaciones sobre un proyecto de ley que ahora demanda concreción y acción urgente. Según Lam, el tiempo es un factor crítico, dado que las discusiones y propuestas llevan años sin materializarse y, mientras tanto, otras jurisdicciones avanzan rápidamente en marcos regulatorios claros y definidos. Australia no está sola en esta carrera.

El Reino Unido acaba de divulgar su borrador normativo, los Estados Unidos continúan impulsando proyectos de ley sobre stablecoins, y la Unión Europea ya implementó su conocida regulación MiCA (Markets in Crypto-Assets). Estos movimientos dejan claro que a nivel global existe una transformación acelerada hacia entornos regulatorios que buscan equilibrar la seguridad de los inversores con la promoción de la innovación sostenible. En este contexto, la presión para que Australia actúe con celeridad se intensifica. El ministro de Finanzas australiano, Jim Chalmers, confirmó que se espera publicar un borrador de ley para consulta pública a lo largo de este año. La intención es que las reformas se introduzcan de forma gradual para minimizar el impacto y las posibles disrupciones en las empresas que ya operan en el sector.

Aunque el calendario original planteaba tener proyectos específicos sobre regulación de plataformas digitales de activos y modernización del sistema de pagos para finales de junio, voces dentro de la industria, como la de Joy Lam, manifiestan cierta incertidumbre respecto a que se cumplan esos plazos con precisión. No obstante, se mantiene el optimismo de que durante el año se produzcan avances significativos. En el ciclo legislativo anterior, la ausencia de medidas concretas por parte del Partido Laborista fue motivo de críticas y dudas. Sin embargo, algunos analistas sugieren que esta demora pudo haber resultado en una mejor base para la legislación, alejándose de la línea excesivamente restrictiva que adoptó la administración de Joe Biden en Estados Unidos, la cual consideraba a la mayoría de las criptomonedas como valores, imponiendo así fuertes limitaciones sobre las entidades bancarias que operan con criptomonedas. El enfoque de Australia en el desarrollo regulatorio ha evolucionado perceptiblemente desde las primeras consultas en 2023 hasta la publicación, en marzo de 2025, de la “Declaración sobre el desarrollo de una industria innovadora de activos digitales en Australia”.

En dicha declaración, el gobierno posiciona al régimen de Licencia de Servicios Financieros de Australia (AFSL, por sus siglas en inglés) como el pilar para la regulación de plataformas de activos digitales y stablecoins de pago. Este camino implica que la custodia segura de los activos del cliente por parte de proveedores centralizados será un foco principal, aunque aún se evitan las regulaciones directas sobre plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). La reutilización del marco AFSL ha sido recibida favorablemente por la industria, ya que aprovecha una infraestructura regulatoria conocida y evita reinventar procedimientos complejos. Para los reguladores, esta iniciativa traduce en un proceso más eficiente y comprensible. Paralelamente, el gobierno evalúa revisar el Marco Regulador Mejorado (Enhanced Regulatory Sandbox), diseñado para ofrecer un espacio seguro y libre de excesiva burocracia donde las startups de activos digitales puedan innovar sin obstáculos.

También se destacan las oportunidades que emergen gracias a la tokenización de activos, una tecnología creciente que permite representar bienes reales o digitales dentro de blockchains. Desde un punto de vista consultivo, la disposición del gobierno para atender las sugerencias de la industria denota una actitud receptiva que podría traducirse en políticas más acordes con las necesidades actuales y tendencias globales. Dea Markova, directora de políticas de Fireblocks, destacó el progreso en la preparación del marco regulatorio, apuntando a la disposición gubernamental para simplificar la complejidad ligada a las licencias para intermediarios cripto. Este avance es particularmente significativo para dar certidumbre y reducir riesgos legales para actores del ecosistema. Este movimiento normativo tendrá en cuenta también las propuestas del regulador de valores australiano ASIC, que en diciembre pasado lanzó su propio documento de directrices sobre regulación cripto (INFO 225).

La retroalimentación recibida en esta consulta pública contribuirá a moldear la legislación final. Uno de los aspectos más relevantes del borrador regulatorio es la diferenciación entre tipos de tokens y activos digitales. De acuerdo con las propuestas, activos como NFT, elementos dentro de videojuegos o memecoins quedarían fuera de la categoría de productos financieros o valores, mientras que stablecoins con rendimientos o tokens respaldados en oro sí serían regulados como valores. La problemática de las restricciones bancarias o “debanking” hacia empresas cripto también fue abordada. Joy Lam considera que la instauración de un marco claro de licencias ayudará a generar confianza en las entidades financieras, despejando los temores que muchos bancos tienen respecto a riesgos legales potenciales.

Sin embargo, podría ser necesario acompañar esto con disposiciones específicas para bancos que respondan a las características particulares del sector. Lo que está en juego para Australia es mucho más que simples adaptaciones regulatorias. Se trata de posicionarse en el mapa global como un país que no solo comprende el potencial disruptivo de las finanzas digitales, sino que actúa con rapidez y eficiencia para fomentar un ecosistema que atraiga inversión, talento y desarrollo tecnológico. La ventana de oportunidad es realmente estrecha debido a la velocidad con la que países de todo el mundo están moldeando su escenario normativo para no quedarse atrás. Los especialistas coinciden en que la reelección del Partido Laborista brinda una plataforma sólida para que las reformas sancionen un equilibrio entre protección del consumidor y libertad para la innovación.

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