La reciente orden de un juez federal para la liberación de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de posgrado en la Universidad de Tufts, ha captado la atención nacional e internacional por la manera en que expone tensiones entre la política migratoria estadounidense, la libertad de expresión y los derechos civiles. Tras permanecer seis semanas detenida en una instalación de inmigración en Luisiana, Ozturk fue arrestada abruptamente bajo la acusación de supuesta vinculación con Hamas, una organización catalogada como terrorista por el gobierno estadounidense. Sin embargo, la falta de evidencias concretas para sustentar estas graves acusaciones llevó finalmente a que la justicia ordenara su liberación inmediata. El arresto de Rumeysa Ozturk ha generado conmoción y controversia. La estudiante fue detenida mientras caminaba por una calle cercana al campus universitario, en un operativo que fue capturado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La actuación de los agentes, que abordaron a Ozturk de forma abrupta sin una explicación clara, provocó indignación entre compañeros, profesores y la sociedad civil. Esta acción amplificó el debate sobre el respeto de los derechos de los estudiantes internacionales y más ampliamente sobre el impacto de las políticas migratorias en individuos que simplemente ejercen su derecho a la libre expresión. Uno de los aspectos más destacables del caso es la decisión del juez federal William K. Sessions III, quien expresó que la detención continua de la estudiante “no era sostenible” y que podría tener un efecto intimidante para millones de personas que no poseen la ciudadanía estadounidense, limitando así sus derechos fundamentales. La magistratura señaló que el gobierno estadounidense no pudo aportar pruebas contundentes que justificaran la acusación contra Ozturk de constituir una amenaza a la seguridad nacional.
La única base presentada fue un artículo de opinión que Ozturk había coescrito para una publicación universitaria, donde pedía el reconocimiento de lo que describió como un genocidio palestino y abogaba por que la universidad se desvinculara de empresas con lazos directos o indirectos con Israel. La detención de Ozturk ocurrió el 25 de marzo y fue justificada públicamente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos con alegatos sobre supuestas actividades de apoyo a Hamas, sin detallar cuáles serían esas acciones específicas. Sorprendentemente, la estudiante nunca fue imputada de ningún delito formal. Esta situación generó una fuerte oleada de críticas hacia el gobierno, que algunos calificaron como un uso excesivo del poder y un intento de censura contra activistas con posturas políticas controvertidas. En particular, las críticas señalaron que la detención podría tratarse de una forma de represión política disfrazada de medidas de seguridad nacional.
Simultáneamente, el entonces Secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la revocación de la visa estudiantil de Ozturk, sugiriendo que su activismo político había excedido los límites permitidos para quienes ingresan al país con fines académicos. Rubio declaró que la visa se otorga para estudiar y obtener un título, no para convertirse en un activista social que causa disturbios en los campus universitarios. Sin embargo, dicha declaración careció de presentación de pruebas sólidas que demostraran un comportamiento disruptivo por parte de la estudiante. Este argumento político suscitó un intenso debate sobre dónde termina el derecho legítimo a la protesta y la libre expresión, y dónde podría empezar la justificación para restringir libertades personales. Durante la detención, Ozturk fue trasladada a un centro de detención de inmigrantes en Luisiana, lejos de Massachusetts, lo que dificultó aún más su acceso a asesoría legal y la participación cercana de sus familiares y comunidad universitaria.
La abogada de la estudiante presentó una petición para impedir que fuera transferida fuera del distrito de Massachusetts y cuestionó la legalidad misma de la detención. Aunque la petición fue aceptada por un juez local que ordenó notificación previa en caso de traslado, las acciones gubernamentales ya habían llevado a cabo la reubicación antes de que la orden fuera dictada. El contexto académico y personal de Rumeysa Ozturk es también relevante para comprender la dimensión del caso. Con 30 años, la estudiante cursaba un doctorado en el programa de Estudios Infantiles y Desarrollo Humano de Tufts. Además, había completado una maestría en la prestigiosa Teachers College de la Universidad de Columbia, fue becaria Fulbright y desempeñó labores de asistente investigadora en la Universidad de Boston.
Proveniente de Turquía, Ozturk contaba con una visa de estudiante F-1 que le permitía residir y estudiar en Estados Unidos. Sus amigos describieron que no participaba activamente en protestas en el campus y que su única acción política conocida era el artículo de opinión mencionado. Su arresto ocurrió mientras caminaba para reunirse con amistades para romper el ayuno durante el Ramadán, un detalle que añade una dimensión humana y cultural al episodio. Su hermano señaló que ella fue víctima de una “cacería de brujas” orquestada por la administración Trump contra aquellos que apoyan la causa palestina, enfatizando que Ozturk nunca adoptó acciones provocadoras ni agresivas. La respuesta de la Universidad de Tufts fue clara al indicar que no tuvo conocimiento previo del arresto y que no compartió información con las autoridades federales.
El mismo presidente de la universidad calificó la grabación del arresto de “perturbadora” y manifestó su esperanza de que a Ozturk se le garanticen sus derechos debido proceso. La comunidad universitaria reaccionó con una gran protesta, donde más de dos mil personas exigieron la liberación inmediata de la estudiante y expresaron solidaridad con ella. En el ámbito político y judicial local, la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, condenó el operativo calificándolo de “alarmante” y acusó al gobierno federal de “perseguir a una persona respetuosa de la ley debido a sus opiniones políticas.” Por su parte, la embajada de Turquía aseguró haber hecho contacto con el Departamento de Estado y el ICE, brindando apoyo legal y consular necesarios para proteger los derechos de su ciudadana. Senadores y funcionarios estadounidenses, como Elizabeth Warren, denunciaron que la detención forma parte de un patrón preocupante para limitar las libertades civiles y ejercer control sobre estudiantes internacionales con determinadas posturas.
El caso de Rumeysa Ozturk no es un episodio aislado. Se enmarca dentro de un contexto más amplio que incluye la detención de otros estudiantes internacionales involucrados en activismo pro-palestino, como Mahmoud Khalil, un estudiante de la Universidad de Columbia y ciudadano estadounidense. Khalil fue también arrestado y trasladado a Luisiana, enfrentando acusaciones similares de apoyo a Hamas. Funcionarios en la administración Trump habían anunciado la revocación masiva de visas para quienes consideren simpatizantes de grupos terroristas asociados a esa causa. La defensa legal de ambos jóvenes denunció una criminalización indebida de la protesta política y una violación de la Primera Enmienda que protege la libertad de expresión.
La situación ha expuesto una serie de interrogantes relevantes para la sociedad estadounidense y la comunidad internacional. En primer lugar, el equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto por los derechos individuales, especialmente en un país que se rige por principios democráticos y constitucionales. En segundo lugar, el papel que las universidades desempeñan como espacios protegidos para la libertad académica y el activismo político. Por último, cómo las políticas migratorias pueden afectar de manera desproporcionada a estudiantes y personas defensoras de causas políticas, poniendo en riesgo su derecho básico a expresarse y participar en la vida pública. El caso Ozturk ha generado además una reflexión necesaria sobre la transparencia y el debido proceso en las detenciones realizadas bajo la excusa de la seguridad nacional.