En una nueva fase de su administración, el presidente Donald Trump ha decidido retomar una iniciativa que busca reducir de manera significativa los precios de los medicamentos cubiertos por el programa Medicare. Este esfuerzo, conocido como la política de “nación más favorecida”, pretende vincular los precios que el gobierno estadounidense paga por ciertos fármacos con los costos mucho más bajos que se encuentran en otros países desarrollados. La propuesta aspira a utilizar las facultades administrativas para forzar una reducción en los gastos farmacéuticos, ofreciendo un enfoque directo para combatir uno de los temas más críticos en la agenda de salud pública: el alto precio de los medicamentos en Estados Unidos. Durante los últimos años, el costo de los medicamentos ha sido objeto de debate constante, especialmente en el contexto de Medicare, el programa federal que brinda cobertura médica a personas mayores y con discapacidades. La propuesta de Trump, que se espera que sea anunciada oficialmente pronto mediante una orden ejecutiva, tiene el potencial de causar un impacto profundo en el sistema, modificando la forma en que se negocian los precios y cómo las grandes farmacéuticas enfrentan la competencia internacional.
Este plan de “nación más favorecida” no es un concepto nuevo para la administración Trump. Inicialmente fue presentado en 2018 con la intención de implantar en su primer mandato un mecanismo que limitaría los precios de ciertos medicamentos a los niveles que pagan los países industrializados que tienen sistemas nacionales de salud con precios más bajos. Sin embargo, el proyecto se encontró con un feroz rechazo por parte de la potente industria farmacéutica y enfrentó barreras legales que impidieron su avance. Un juez federal frenó su implementación al determinar que la administración no había seguido los procesos adecuados. Posteriormente, la llegada de la administración Biden llevó a la retirada de esta política, dejando el tema en suspenso.
En esta nueva etapa, Trump ha estado presionando internamente a sus colaboradores para formular una estrategia sólida capaz de lograr una reducción profunda en los costos de las medicinas, aprovechando las atribuciones presidenciales y evitando la necesidad de una larga aprobación legislativa. Los detalles específicos del plan aún están en desarrollo y pueden cambiar previo a su anuncio oficial, pero la esencia se mantiene: establecer un vínculo entre los precios pagados en Medicare y los precios internacionales más bajos para ciertos medicamentos clave. Este enfoque representa una confrontación directa con la industria farmacéutica, que históricamente ha ejercido una gran influencia en Washington. Las compañías del sector argumentan que un recorte drástico en los precios limitaría su capacidad para invertir en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, lo que a largo plazo podría perjudicar la innovación y la disponibilidad de tratamientos avanzados. Sin embargo, desde la perspectiva de los defensores del plan, los altos precios actuales de los medicamentos son insostenibles para muchos estadounidenses y contribuyen a desigualdades en el acceso a la salud.
En semanas recientes, la política de precios de medicamentos ha ganado aún mayor protagonismo en el debate público debido a la creciente preocupación por la inflación y el impacto económico que enfrentan las familias estadounidenses. Trump, cuyo índice de aprobación ha sufrido por sus políticas comerciales y las tensiones en los mercados, busca con esta iniciativa recuperar apoyo popular mediante una propuesta que responda a una necesidad sentida por la ciudadanía. Es importante señalar que la propuesta inicial incluía un esfuerzo por introducir la política de “nación más favorecida” dentro de un “megaprograma” legislativo más amplio impulsado por los republicanos en el Congreso. Sin embargo, esta estrategia encontró resistencia incluso dentro del propio partido, dificultando su inclusión en la legislación. Ante esa coyuntura, la Casa Blanca opta por avanzar con la propuesta utilizando el poder ejecutivo, lo que podría propiciar un conflicto legal adicional con la industria farmacéutica.
La razón fundamental detrás de la idea es que en muchos países desarrollados con sistemas de salud regulados, los precios de los medicamentos son considerablemente menores debido a negociaciones centralizadas y regulaciones estrictas. Estados Unidos, en contraste, tiene uno de los mercados farmacéuticos con los precios más altos del mundo, en parte por la fragmentación del sistema y la falta de mecanismos de control similares. La política de Trump busca cerrar esta brecha, garantizando que el gobierno no pague más que en otros países comparables. Si bien la industria ha mostrado una fuerte oposición y anticipa que se emprendan batallas legales para detener la implementación, el movimiento podría establecer un precedente para futuros intentos de controlar los costos en el sistema de salud estadounidense. De concretarse y ejecutarse con éxito, se espera que la medida impacte positivamente a millones de beneficiarios de Medicare, quienes a menudo enfrentan dificultades para costear sus medicamentos.
