En los últimos años, Bitcoin y otras criptomonedas han dejado de ser una curiosidad para convertirse en un activo financiero de interés creciente para instituciones y grandes inversores. La demanda por parte de estos actores ha impulsado el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros relacionados con los activos digitales, lo que en teoría debería abrir las puertas a los bancos tradicionales para ampliar su oferta y acceder a nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, una serie de regulaciones prudenciales, concretamente las reglas de capital establecidas por el Comité de Basilea, están actuando como un obstáculo considerable, limitando la capacidad de las entidades bancarias para participar plenamente en este mercado emergente. El Comité de Basilea es un organismo internacional que establece recomendaciones y buenas prácticas para la regulación bancaria a fin de prevenir riesgos sistémicos y fortalecer la solvencia financiera global. En este contexto, las reglas actuales contemplan para las criptomonedas una asignación de riesgo sumamente alta, concretamente una ponderación del 1,250%, lo que significa que los bancos deben reservar un capital significativamente mayor para respaldar cualquier tenencia de Bitcoin no cubierta o sin protección.
Esta medida intenta mitigar el riesgo debido a la volatilidad y falta de garantías asociadas con los activos digitales, pero al mismo tiempo encarece considerablemente mantener estos activos en el balance. El resultado de esta regulación es que, para los bancos, sostener criptomonedas como Bitcoin se convierte en una propuesta económicamente no viable. El impacto en el precio del capital necesario y en la rentabilidad esperada hace que muchas instituciones prefieran mantenerse al margen, a pesar de que la demanda institucional es alta y creciente. Esta situación ha sido destacada por líderes del sector, como Arnab Sen, CEO de GFO-X, quien ha señalado que las regulaciones actuales prácticamente bloquean la participación bancaria en la intermediación de Bitcoin y los servicios colaterales que muchos inversores desean. Este escenario tiene varias consecuencias importantes para el mercado y la industria financiera.
Al quedar los bancos excluidos o funcionando con limitaciones, la actividad relacionada con criptomonedas se traslada en gran medida hacia plataformas no reguladas o intermediarios fuera del sistema bancario tradicional. Esto genera preocupación en términos de supervisión, transparencia y riesgos sistémicos que podrían afectar a la estabilidad financiera en el largo plazo. La ausencia de bancos también implica una menor integración de las criptomonedas dentro de los servicios básicos de pagos y custodia que estas instituciones ofrecen tradicionalmente. Es interesante observar que, pese a esta situación actual, existe un movimiento creciente entre reguladores y otros actores interesados para revisar las reglas prudenciales aplicables a las criptomonedas. La presión de la demanda institucional, junto con ejemplos de evolución favorable en ciertos marcos regulatorios (como la reciente derogación de SAB 121 en Estados Unidos que eliminó algunos requerimientos contables onerosos para custodios de criptoactivos), sugieren que se están dando los primeros pasos hacia una mayor inclusión bancaria en el sector.
Existen debates intensos sobre cómo debería medirse realmente el riesgo asociado con las criptomonedas. Algunos expertos plantean que, con una adecuada gestión y el uso de coberturas, el riesgo puede ser mitigado y, por ende, obtener una ponderación más baja que la actual asignada por el Comité de Basilea. Asimismo, la evolución de instrumentos financieros como los derivados y la creciente sofisticación en auditoría y custodia pueden crear un ambiente más seguro y transparente, facilitando un menor costo regulatorio para los bancos. La demanda institucional por Bitcoin y otros activos digitales continúa acelerándose. Encuestas recientes muestran que un alto porcentaje de inversores institucionales ya tienen exposición o planean asignar parte de sus carteras a estos activos durante 2025 y los años venideros.
Esta tendencia responde no solo a la búsqueda de diversificación y rendimientos, sino también a la creciente percepción de las criptomonedas como un componente legítimo y complementario dentro de estrategias de inversión balanceadas. Otro factor clave en la adopción futura de criptomonedas por parte de bancos es la evolución en productos financieros como los préstamos respaldados por activos digitales. Instituciones prominentes están explorando formas de permitir financiamiento a través de colaterales en Bitcoin, lo que abre nuevas oportunidades para que bancos participen activamente sin tener la propiedad directa de los activos en sus balances. A su vez, los cambios regulatorios globales seguirán moldeando el panorama. La colaboración entre países, la actualización de normativas y la incorporación de mejores prácticas internacionales serán vitales para encontrar un equilibrio que fomente la innovación y la seguridad.
Sin una revisión relevante a las reglas de capital, es probable que la exclusión de bancos del ecosistema cripto persista, limitando el potencial crecimiento y la integración del sector. En conclusión, las actuales normas capitalistas diseñadas para proteger los sistemas financieros están teniendo un efecto contraproducente en la inclusión de bancos en el emergente mercado de Bitcoin. A medida que la demanda institucional y el interés crecen, es imprescindible que reguladores y participantes trabajen conjuntamente en adaptar las políticas para que sean proporcionales al riesgo real y al contexto dinámico de los activos digitales. Solo así se podrá abrir paso a un sistema financiero más integrado, seguro y adecuado a las nuevas realidades tecnológicas y económicas.
