El día 28 de abril de 2025 quedará grabado en la historia reciente de España como fecha de un apagón eléctrico de magnitud insólita, un incidente que dejó a gran parte del territorio peninsular sin suministro, afectando tanto a España como a Portugal. La interrupción completa en el suministro eléctrico causó trastornos generalizados, desde la paralización del transporte hasta la afectación de viviendas y empresas, generando una preocupación nacional sobre la estabilidad del sistema energético y la capacidad de respuesta ante emergencias. Pese a la magnitud del corte y las consecuencias que este trajo, Red Eléctrica de España ha descartado que la causa haya sido un ciberataque, aunque el Gobierno mantiene una postura abierta y prudente, sin descartar ninguna hipótesis y anunciando investigaciones exhaustivas para esclarecer lo ocurrido. Este apagón refleja la enorme complejidad y retos a los que se enfrenta el sistema eléctrico español en un momento marcado por la transición energética y el debate sobre las fuentes renovables y convencionales. El incidente comenzó alrededor de las 12:33 horas cuando se registraron dos desconexiones súbitas de generación eléctrica en el suroeste de la península, concretamente en un área rica en instalaciones fotovoltaicas y otras tecnologías de generación como hidroeléctricas y centrales nucleares.
Estos eventos simultáneos de pérdida de generación detonaron un fallo en cadena que rápidamente desestabilizó la red de transporte eléctrica, causando su colapso total en cuestión de segundos. La red llegó a desconectar la interconexión con Francia, lo que aisló la península y llevó a un completo apagón sin precedentes. Estas desconexiones iniciales levantan muchas interrogantes: ¿qué causó la pérdida súbita de la generación? Y, ¿por qué no se activaron mecanismos suficientes para atrás para recuperar el balance y evitar la caída completa? El director de servicios para la operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha sido claro en comunicar que, según los datos preliminares, las causas no parecen relacionadas con actividades maliciosas externas ni errores humanos evidentes. También se ha descartado la influencia de fenómenos meteorológicos excepcionales en el momento del incidente. La atención se centra ahora en determinar si las instalaciones solares sufrieron una desconexión masiva posiblemente originada por variaciones en la tensión eléctrica que hicieron que los sistemas de protección se activaran automáticamente, desconectando estas plantas del sistema.
Sin embargo, la información definitiva dependerá del análisis que proporcionen los propios centros de producción. Aunque Red Eléctrica descarta un ciberataque, el Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, ha adoptado un enfoque más cauteloso y abierto a todas las hipótesis. Ha anunciado la realización de dos informes independientes, uno liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y otro en colaboración con autoridades europeas, para garantizar transparencia y rigor en la investigación. Además, se ha instado a que las compañías eléctricas y operadores asuman responsabilidades si se detectan negligencias o fallos en la gestión y el mantenimiento del sistema. Esta postura refleja la gravedad del incidente y el compromiso gubernamental en prevenir futuras crisis similares.
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación propia para profundizar en la posibilidad de que exista indicio alguno de sabotaje o interferencia externa, buscando descartar o confirmar definitivamente la versión del ciberataque. Esta investigación judicial se suma a la presión social y política que reclama respuestas claras y contundentes para restaurar la confianza en las infraestructuras críticas del país. La singularidad del apagón también radica en que fue total y afectó a toda la península, algo sumamente inusual dados los mecanismos de seguridad y cortafuegos que existen para aislar las fallas eléctricas y evitar impactos generalizados. La red eléctrica española, como otras a nivel mundial, está diseñada para contener perturbaciones en áreas geográficas limitadas y proteger el suministro general. Que el sistema haya caído en cascada hasta cero indica una vulnerabilidad inédita que merece especial atención.
La investigación debe esclarecer por qué los sistemas automáticos o manuales no logró contener esta ola de desconexiones. En cuanto a la recuperación del suministro, las operaciones fueron meticulosas y prolongadas, dificultadas por el hecho de haber arrancado desde cero, una situación extremadamente rara para un sistema eléctrico. El proceso comenzó con la búsqueda de fuentes de tensión estables en las fronteras con países vecinos, desde donde se energizaron zonas específicas en fases escalonadas. Se utilizaron principalmente centrales hidroeléctricas y ciclos combinados de gas para reiniciar la red, dado que son las más ágiles para estos arranques desde cero. Las centrales nucleares, al no ser tan flexibles, tuvieron un papel limitado en esta reactivación inicial.
Este proceso llevó varias horas, con la recuperación del 99% de la demanda alcanzada alrededor de las 7:30 de la mañana siguiente. El apagón ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la integración de energías renovables y convencionales en el sistema eléctrico español. En el momento del incidente, la generación renovable, especialmente solar y eólica, marcaban porcentajes altos, con casi 70% del mix eléctrico proveniente de estas fuentes. Sin embargo, estas energías no aportan “inercia” al sistema, un factor crucial para la estabilidad porque tecnologías como la nuclear, hidroeléctrica o térmica guardan energía cinética que ayuda a mantener la frecuencia y tensión estables ante perturbaciones. La baja inercia producida por las renovables pudo limitar la capacidad de respuesta del sistema ante la desconexión inicial.
Este fenómeno ha generado controversia política, con sectores pronucleares argumentando que la reducción progresiva de la energía atómica ha debilitado la red y comprometido su resiliencia. Por su parte, el Gobierno mantiene la hoja de ruta para el cierre ordenado de las centrales nucleares activas, pero insiste en que este incidente no se debió exclusivamente a las renovables, señalando que la nuclear también sufrió pérdidas durante el apagón. La realidad es que el sistema eléctrico debe adaptarse para integrar un mayor volumen de renovables sin comprometer la estabilidad, un desafío técnico y estratégico de primer nivel. Además, la interconexión eléctrica con Europa sigue siendo un tema crítico. La península Ibérica tiene una conexión limitada que reduce su capacidad para importar electricidad ante emergencias o exportar excedentes, afectando negativamente la seguridad energética.
La incidenta ha evidenciado la importancia de fortalecer estas interconexiones para dotar al sistema de mayor flexibilidad y robustez ante fallos locales o regionales. Por último, el apagón deja aprendizajes profundos sobre la gestión de infraestructuras críticas, la planificación en los procesos de transición energética y la necesidad de reforzar la capacidad de detección, reacción y recuperación rápida ante eventos extremos. La colaboración entre entidades públicas y privadas, la transparencia en las investigaciones y la comunicación clara a la ciudadanía serán claves para restaurar la confianza en el sistema y evitar la repetición de un desastre de estas dimensiones. En resumen, el apagón histórico que paralizó la península Ibérica a finales de abril de 2025 es un recordatorio contundente de los retos complejos a los que se enfrentan los sistemas eléctricos modernos. La investigación está en curso y aún hay muchas incógnitas por resolver, pero el compromiso de los operadores, autoridades y expertos es firme para transformar la experiencia en mejoras verdaderas que garanticen un suministro seguro, resiliente y acorde con los objetivos de sostenibilidad a futuro.
La estabilidad energética es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social, razón por la que España debe priorizar las lecciones aprendidas de esta crisis para fortalecer su sistema eléctrico y asegurar el bienestar de toda la población.
