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El CEO de SafeMoon Invoca la Disolución de la Unidad Cripto del DOJ para Intentar Desestimar la Demanda

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SafeMoon boss cites DOJ’s nixed crypto unit in latest bid to toss suit

El CEO de SafeMoon, Braden John Karony, utiliza la reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de desmantelar su unidad especializada en criptomonedas como argumento principal para solicitar la desestimación de la demanda en su contra, que incluye cargos por fraude y violaciones regulatorias. La estrategia legal se enmarca en un contexto turbulento para SafeMoon, marcada por investigaciones federales, declaraciones de culpabilidad y problemas financieros.

En el dinámico y complejo mundo de las criptomonedas, las acciones legales contra figuras prominentes del sector suelen captar la atención tanto de inversores como del público general. Recientemente, el CEO de SafeMoon, Braden John Karony, ha realizado un movimiento legal significativo tratando de aprovechar un cambio estratégico dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para intentar desestimar la demanda que pesa contra él y su empresa. Esta demanda, presentada en noviembre de 2023, acusa a Karony y otros ejecutivos de SafeMoon de diversas irregularidades financieras, incluyendo acusaciones de fraude y malversación de fondos. Sin embargo, la nueva táctica de defensa apela a una directiva emitida en abril de 2025 por la Oficina del Subprocurador General Todd Blanche, la cual ordenó la disolución de la unidad especializada del DOJ encargada de la persecución de delitos relacionados con criptomonedas. SafeMoon, cuya historia ha estado marcada por un crecimiento explosivo y una serie de controversias, es un proyecto de criptomoneda que obtuvo popularidad rápidamente, pero también ha estado en el centro de una tormenta legal que involucra tanto al Departamento de Justicia como a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En noviembre de 2023, el DOJ y la SEC presentaron cargos simultáneos contra Karony y otros altos ejecutivos, entre ellos el creador original de SafeMoon, Kyle Nagy, y el director de tecnología Thomas Smith. Las acusaciones incluyen violaciones de leyes de valores, fraude electrónico y lavado de dinero, con la acusación de que retiraron activos valorados en cerca de 200 millones de dólares del proyecto y usaron fondos de inversores indebidamente. El papel del DOJ y su cambio de enfoque La decisión del DOJ es clave para la estrategia de defensa de Karony. En un memorando fechado el 7 de abril de 2025, el Subprocurador General Todd Blanche anunció la eliminación formal de la unidad especializada en delitos relacionados con criptomonedas dentro del Departamento de Justicia. Este memorando destacaba que el DOJ no se considera una entidad reguladora de activos digitales y dejaba claro que ya no perseguiría acciones legales o litigios que impongan marcos regulatorios al ámbito de los activos digitales.

Esta directiva interrumpe la persecución tradicional sobre casos que implican determinar si un token o activo digital debe considerarse un valor o una mercancía, aspecto crucial en el caso de SafeMoon. Karony, a través de su abogado Nicholas Smith, presentó una carta formal ante el tribunal federal de Nueva York presidido por el juez Eric Komitee, solicitando que este cambio en la política del DOJ tenga influencia directa en su caso. En el pie de página de dicha carta, Smith indicó que no hay un interés particular por parte de Karony en defender el carácter de valor de la criptomoneda involucrada, lo que significa que la demanda debería desacelerar o incluso abortarse bajo la nueva guía del DOJ. Este razonamiento pretende aprovechar el requisito de que el gobierno ya no buscará cargos basados en pruebas que exijan que el DOJ actúe como regulador o interprete leyes de valores respecto a las criptomonedas. En cambio, según el memorando, solo se procurarían cargos que puedan probarse sin caer en esta complejidad regulatoria, como el fraude electrónico.

Contexto legal y consecuencias para SafeMoon Desde que se presentaron las denuncias, el caso ha tenido movimientos significativos. En febrero de 2024, Thomas Smith cambió su declaración a culpable y admitió su participación en un esquema de fraude por valor de 200 millones de dólares. Por otro lado, Kyle Nagy permanece prófugo, posiblemente refugiado en Rusia, mientras que SafeMoon, la empresa, se declaró en bancarrota en diciembre de 2023, reflejando la fuerte crisis que atraviesa. Además, la firma sufrió un ataque informático en marzo de 2023, lo que complicó aún más su situación operativa y financiera. Aunque el hacker accedió a devolver aproximadamente el 80% de los fondos, la pérdida fue otro golpe considerable para la ya frágil posición de SafeMoon.

El intento de Karony para que se desestime la demanda representa un esfuerzo por cambiar las reglas del juego en un momento delicado para él y para su compañía. El argumento legal sostiene que la reorientación estratégica del DOJ muestra que el gobierno debe abstenerse de imponer cargas regulatorias tradicionales sobre activos digitales, lo que hace que las acusaciones basadas en tales regulaciones pierdan fundamento. Implicaciones para la industria cripto La disolución de la unidad antidrogas del DOJ en cuanto a criptomonedas señala un cambio significativo en la postura del gobierno estadounidense hacia este sector. En lugar de una regulación estricta y persecución agresiva, la política parece tender hacia una postura más mesurada y posiblemente favorable para el desarrollo tecnológico y financiero. Este hecho impacta no solo al caso SafeMoon, sino también a otras investigaciones y litigios relacionados con activos digitales.

La eliminación de esa unidad específica podría indicar un menor riesgo inmediato de acciones legales agresivas por parte del DOJ, aunque la SEC mantiene su postura regulatoria. De esta forma, se abre un escenario donde las decisiones judiciales futuras pueden tener impactos profundos en la regulación y supervisión del sector cripto. En conclusión, la maniobra legal por parte del CEO de SafeMoon, Braden John Karony, utilizando la nueva directiva del Departamento de Justicia, refleja las complejidades y las incertidumbres que aún pesan sobre el ámbito criptográfico. Su caso será un referente para entender cómo las instituciones legales y los actores del mercado interactúan dentro de un contexto en constante evolución. De confirmarse la desestimación basada en esta nueva directiva, se podría generar un precedente que modifique la dinámica de cómo las leyes tradicionales aplican a los activos digitales y cómo los litigios se sostienen en el futuro.

Mientras tanto, la industria y los inversores observan atentos cómo se desarrollan estos procesos, conscientes de que la definición legal, regulatoria y financiera del universo cripto sigue en plena transformación. SafeMoon y su liderazgo son un ejemplo claro de estas tensiones, donde innovación, riesgo y regulación se entrelazan en un escenario global que está lejos de estar consolidado.

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