En un contexto donde la regulación y la persecución de criptoactivos en Estados Unidos están lejos de ser uniformes, el caso contra Braden John Karony, ex CEO de SafeMoon, destaca por su persistencia a pesar de recientes instrucciones desde el Departamento de Justicia. El 7 de abril de 2025, Todd Blanche, Subprocurador General Adjunto del Departamento de Justicia (DOJ), emitió un memo que proponía una disminución en los esfuerzos de enjuiciamiento relacionados con activos digitales, reflejando una postura más permisiva hacia la industria cripto. Sin embargo, los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York anunciaron que seguirán adelante con el proceso judicial contra Karony, evidenciando que la política federal no ha cambiado de manera uniforme. El caso presenta a Karony enfrentando múltiples cargos graves que incluyen conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Según la acusación, entre 2021 y 2022, el ex ejecutivo habría desviado y malversado millones de dólares en tokens SFM, la criptomoneda nativa de SafeMoon, para beneficio personal.
Estas acciones tienen un alto impacto en el ecosistema cripto, ya que cuestionan la transparencia y la ética detrás de proyectos que captan inversiones millonarias con promesas de innovación y ganancias. Karony fue inicialmente acusado formalmente en octubre de 2023 bajo la administración anterior, y su equipo legal intentó retrasar el juicio argumentando que la política de regulación sobre criptoactivos podría haber cambiado bajo la presidencia de Donald Trump. Alegaban que el memo del DOJ reflejaría un cambio de paradigma que podría invalidar la base sobre la cual se sustentaban los cargos, en especial respecto a la consideración de ciertos tokens como valores. No obstante, el tribunal rechazó esta solicitud y ordenó que el proceso continuara, con inicio de selección de jurado programado para el 5 de mayo. Esta situación refleja una tensión latente entre reguladores, fiscales y la comunidad cripto, donde las definiciones legales de qué constituye un activo financiero y cómo deben tratarse están en constante evolución.
La postura del DOJ bajo Trump es percibida por muchos como un intento de frenar la regulación demasiado estricta que podría frenar la innovación, pero al mismo tiempo genera preocupaciones sobre la protección de los inversores y la integridad del sistema financiero. En paralelo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha adoptado una línea más suave bajo el liderazgo de Mark Uyeda, exigiendo menos litigios y promoviendo marcos regulatorios más claros y predecibles. El caso Karony ha atraído atención por ilustrar cómo incluso bajo un entorno regulatorio más indulgente, el sistema judicial no necesariamente abandona las causas con implicaciones claras de fraude. La continuidad de este proceso judicial puede enviar un mensaje importante a otros proyectos y ejecutivos del espacio cripto: la supervisión y la responsabilidad legal seguirán estando presentes, especialmente cuando se involucren grandes sumas y potenciales engaños a inversores. Además, esta controversia se produce en un momento en que el ecosistema cripto mundial está lidiando con la cuestión de la regulación efectiva, donde países de diversas jurisdicciones buscan el equilibrio entre impulsar la innovación tecnológica y proteger a los consumidores.
Los casos judiciales como este definen el marco jurídico práctico que guiara a las startups y a los inversores. La acusación señala que Karony habría realizado maniobras para desviar fondos desde el interior de la plataforma SafeMoon, comprometiendo así el valor y la confianza en el token. Esto pone en evidencia uno de los riesgos más importantes dentro de las criptomonedas: la falta de control efectivo y la posibilidad de conductas ilícitas por parte de quienes tienen acceso privilegiado a los recursos. Mientras tanto, los defensores del ex CEO mantienen su posición de inocencia, argumentando que la redacción y enfoque de las regulaciones ha cambiado y que un juicio podría resultar en la invalidación de los cargos si el Departamento de Justicia respalda la nueva política. Sin embargo, la insistencia del fiscal John Durham en continuar con la investigación refleja la dificultad de cambiar el curso de procesos jurídicos que involucran delitos graves, aún en medio de cambios políticos y administrativos.
Es importante remarcar que Karony ha estado en libertad bajo fianza, con una caución de tres millones de dólares desde febrero de 2024, y ha negado todas las imputaciones. La preparación para el juicio contempla que ambas partes presenten sus argumentos con fuerza, y el resultado podría sentar un precedente en casos relacionados con gobernanza y manejo de criptomonedas por parte de líderes empresariales. Por otra parte, la controversia sobre la legislación y regulación de los activos digitales no es exclusiva de Estados Unidos. En todo el mundo, las autoridades han tenido que adaptar leyes y crear nuevas normativas. Esto hace que el caso SafeMoon sirva también como indicador de cómo podrían evolucionar las políticas públicas frente a las nuevas tecnologías financieras.
Finalmente, el seguimiento detallado de este proceso ayudará a delinear futuros estándares en la industria cripto, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad legal de los ejecutivos que manejan grandes fondos y a la clasificación de tokens dentro del marco regulatorio financiero. Para inversores y actores del mercado, la resolución de este caso aportará claridad y posiblemente nuevos requisitos para operar con transparencia y en cumplimiento legal. De esta forma, aunque el memo del 7 de abril parecía señalar un giro hacia políticas más laxas y permisivas para la regulación de las criptomonedas, la determinación de los fiscales en el caso contra Karony demuestra que la lucha contra las malas prácticas y posibles fraudes en este sector sigue siendo una prioridad para el sistema judicial estadounidense. El desarrollo y desenlace de este caso serán vigilados de cerca por el ecosistema global del cripto, afectando percepciones, inversiones y regulaciones en los próximos años.
