En el dinámico escenario político estadounidense, la participación de la industria de las criptomonedas ha cobrado un protagonismo inédito durante el ciclo electoral de 2024. Marco Santori, exdirector legal de Kraken, uno de los exchanges más reconocidos del mundo cripto, ha calificado las donaciones políticas realizadas por compañías del sector como un ejemplo tangible de democracia en acción. Esta afirmación invita a reflexionar sobre la profunda relación que existe entre el poder económico, la tecnología financiera emergente y la política electoral, además de plantear un debate sobre la influencia legítima de los actores del ecosistema digital en los sistemas democráticos tradicionales. Durante una entrevista exclusiva con Cointelegraph, Santori destacó que la incidencia directa de los votantes vinculados al mundo crypto fue un factor decisivo en las elecciones presidenciales de 2024, contribuyendo a un giro favorable para el entonces candidato Donald Trump y el Partido Republicano. Según sus declaraciones, el respaldo financiero que la industria de las criptomonedas destinó a campañas pro-crypto y políticas afines no representa un conflicto de intereses, sino más bien una manifestación clara de un grupo social que ejerce su derecho a defender sus intereses y valores en la arena política.
La idea de que las contribuciones políticas son sólo un problema cuando apoyan causas con las que no se está de acuerdo, y de que cuando son de un lado generan polémica, es un punto central planteado por Santori. Para él, dichas donaciones deberían verse como la esencia misma de la democracia, donde personas y grupos organizados participan activamente para influenciar las decisiones públicas. Esta perspectiva desmonta parte del estigma que suele asociarse con la financiación política, especialmente cuando proviene de sectores innovadores y disruptivos como el ecosistema cripto. Los datos respaldan estas afirmaciones. Según Public Citizen, una organización sin fines de lucro que monitorea la financiación de campañas políticas, la industria de activos digitales aportó más de 119 millones de dólares durante el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos.
Esta cifra representa casi la mitad de todas las contribuciones corporativas para campañas en ese año, un nivel de inversión nunca antes visto para este sector. Tal movilización no solo apunta a la presidencia, sino también a un importante número de candidatos al Congreso, demostrando un enfoque estratégico y de largo plazo para garantizar la presencia y defensa de los intereses crypto en las instituciones de gobierno. El impacto electoral también se reflejó en la habilidad para movilizar al electorado. Santori afirmó que el voto cripto representó entre el 4% y el 5% del total, una cifra suficientemente significativa para influir en resultados cerrados en varios estados. Estos votantes, motivados por un interés común en la innovación financiera y la protección de sus activos digitales, emergieron como una fuerza electoral con capacidad para inclinar la balanza en un panorama político sumamente competitivo.
Además, la participación de figuras académicas, como la profesora Tonya M. Evans de la Universidad Estatal de Pensilvania, que ya en septiembre de 2024 advertía que las elecciones se decidirían por márgenes muy estrechos, reforzó la concepción de que este voto podía ser decisivo. En paralelo al crecimiento del poder de voto, la industria crypto consolidó una operación profesional de lobby que durante los ciclos electorales pasados era inexistente o poco coordinada. El exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, reconoció que esta evolución en la estrategia política de las firmas digitales fue clave para que el Partido Republicano lograse asegurar el control de ambas cámaras del Congreso, así como la victoria en la presidencia. Este fenómeno evidencia que la influencia de las criptomonedas va más allá del ámbito tecnológico y financiero, incidiendo directamente en la configuración del poder político y las agendas legislativas.
Sin embargo, esta realidad también genera cuestionamientos sobre los riesgos y desafíos que implica esta nueva forma de participación política. Si bien Santori niega que exista un conflicto de intereses, argumentando que todo grupo social tiene el derecho de impulsar sus convicciones, expertos y críticos advierten sobre la necesidad de transparencia, regulación adecuada y mecanismos que impidan que el dinero influya desproporcionadamente en las decisiones políticas. El debate se centra en cómo equilibrar una democracia donde todos puedan participar activamente con la garantía de que las reglas del juego sean equitativas y no favorezcan a quienes cuentan con mayor poder económico. Otra dimensión importante es la percepción pública hacia el sector cripto y su involucramiento en política. Durante años, la industria ha enfrentado una imagen controversial que va desde la asociación con actividades ilícitas hasta la volatilidad e inseguridad regulatoria.
La inversión masiva en campañas electorales y la visibilidad de sus actores en la toma de decisiones políticas podrían contribuir a la normalización y aceptación social del sector, pero también somete a estas empresas a un escrutinio más exhaustivo por parte de medios, reguladores y la sociedad civil. En términos regulatorios, también se evidencian cambios a partir de este fenómeno. La participación activa y coordinada de la industria firmó una diferencia significativa en la caída o desaparición de demandas regulatorias contra criptoempresas durante el ciclo electoral. Esta realidad sugiere que la influencia política no solo sirve para defender intereses financieros inmediatos, sino que también puede moldear el entorno legal y regulatorio en el largo plazo, jugando un papel crucial en la definición del futuro del ecosistema digital. Es relevante considerar que el fortalecimiento del lobby cripto y su presencia política no siempre se traduce en causales claras o unívocas para la sociedad en general.
Por un lado, promueve la innovación financiera, amplía opciones de inversión y puede contribuir a una mayor inclusión económica y democratización del acceso a servicios financieros. Por otro, puede aumentar ciertos riesgos asociados a la especulación, la vulnerabilidad a fraudes, la concentración de poder en manos de pocos actores y la dificultad para controlar actividades ilícitas. En definitiva, el fenómeno de las donaciones de campaña provenientes de la industria crypto en las elecciones estadounidenses de 2024 es un claro reflejo del peso que esta tecnología y sus actores están ganando en las estructuras políticas tradicionales. La reflexión acerca de si estas contribuciones representan conflicto de intereses o simplemente democracia activa pone sobre la mesa la necesidad de construir marcos normativos y culturales que permitan la participación legítima sin comprometer la transparencia ni el equilibrio democrático. Las próximas elecciones y los procesos regulatorios servirá como un escenario para observar cómo evoluciona esta relación y si el sector cripto logra consolidar un modelo de participación política madura y responsable.
Mientras tanto, el caso estadunidense marca un precedente para otros países donde las criptomonedas y la política comienzan a cruzarse, visualizando un futuro donde lo financiero y lo político están más interconectados que nunca y donde los ciudadanos digitales tienen una voz cada vez más fuerte en la construcción del futuro social y económico.
