Arizona está a punto de marcar un antes y un después en la integración de activos digitales en las finanzas públicas. El Proyecto de Ley Estratégico de Reserva de Activos Digitales, conocido como SB 1373, ha superado una etapa clave tras su aprobación en el Comité de la Casa el 17 de abril de 2025 y se dirige hacia una votación final antes de ser enviado para la firma de la gobernadora Katie Hobbs. Este movimiento legislativo destaca la voluntad del estado de abrazar las criptomonedas no solo como una innovación financiera, sino como una herramienta estratégica dentro de la administración pública. El proyecto establece la creación de un Fondo Estratégico de Reserva de Activos Digitales compuesto por criptomonedas y otros activos digitales recuperados a través de procedimientos criminales. La intención es que dichos activos, en lugar de quedarse inmovilizados o perderse, generen valor para el estado.
Así, la responsabilidad de administrar este fondo recaerá en el tesorero estatal, quien podrá invertir hasta el 10% del balance total del fondo en activos digitales durante cada año fiscal. Esta flexibilidad apunta a un manejo prudente pero dinámico que podría generar rendimientos interesantes y fomentar la inclusión de innovaciones financieras en la cartera estatal. Además de la capacidad de inversión directa, el tesorero estaría facultado para prestar activos del fondo con el propósito de generar retornos adicionales, siempre que no se incrementen riesgos financieros significativos para el estado. Este enfoque equilibra la prudencia con la innovación, permitiendo que el fondo opere como un instrumento activo dentro de la política fiscal estatal. No obstante, a pesar del progreso en la cámara baja, el futuro inmediato del proyecto no está garantizado.
La gobernadora Hobbs ha manifestado su intención de utilizar su veto para presionar a los legisladores, condicionando la aprobación de nuevas legislaciones a avances significativos en la financiación de servicios para personas con discapacidad. Esta postura ya ha resultado en el rechazo de 15 proyectos de ley recientes y es una señal clara del contexto político en el que se debate SB 1373. Paralelo a este proyecto, Arizona también está tramitando otro plan de ley ligado a activos digitales, el Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act (SB 1025). Este propone permitir tanto al tesorero como a los fondos de retiro estatales invertir hasta un 10% de sus activos disponibles exclusivamente en Bitcoin. Dicha iniciativa ya ha sido aprobada en el Comité de la Casa a principios de abril y espera igualmente su votación final.
La existencia de ambos proyectos en simultáneo muestra el interés y la pluralidad de enfoques del estado para integrar tecnologías basadas en blockchain. En el panorama nacional, Arizona se suma a una tendencia creciente donde gobiernos estatales exploran la incorporación de criptomonedas en sus reservas o finanzas públicas. Aunque Utah dio pasos similares en marzo, eliminó la provisión específica para reservas Bitcoin en la fase final. Por su parte, Texas y New Hampshire han reportado avances con proyectos de ley de reservas Bitcoin, siendo que el Senado de Texas aprobó dicha iniciativa en marzo. Kentucky también se distinguió recientemente cuando su gobernador firmó la Ley de Derechos Bitcoin, protegiendo a usuarios y operaciones de activos digitales.
Missouri sigue en proceso con una revisión de su propia propuesta de reserva Bitcoin. Este movimiento hacia la adopción institucional de criptomonedas también se refleja en el sector corporativo. Durante el primer trimestre de 2025, las compañías cotizadas incrementaron su tenencia de Bitcoin en un 16.1%, alcanzando un total aproximado de 688,000 BTC. El valor combinado de estas reservas superó los 56 mil millones de dólares, evidenciando una creciente confianza a pesar de la volatilidad del mercado.
Bitwise, administrador de activos digitales, reportó que el número de firmas con Bitcoin en sus balances creció de 67 a 79, destacando la entrada de 12 nuevas empresas en este mercado. La experiencia de Arizona puede marcar un precedente importante para otros estados y jurisdicciones, ya que por primera vez un fondo estatal contemplará formalmente activos digitales recuperados en el marco de procedimientos penales. Esto no solo implica un reconocimiento jurídico sobre la naturaleza y el valor de las criptomonedas, sino que también abre la puerta a estrategias innovadoras para el manejo de dichos activos en beneficio de las finanzas públicas. Sin embargo, la apuesta conlleva desafíos inherentes a la naturaleza volátil de las criptomonedas. El manejo cuidadoso del fondo, la evaluación constante de riesgos y la transparencia en la gestión serán claves para el éxito de esta iniciativa.
La posibilidad de invertir solamente hasta el 10% asegura que la mayoría de los recursos estatales se mantendrán en vehículos financieros tradicionales, ofreciendo un balance entre innovación y estabilidad. En el ámbito tecnológico y económico, la creación de un fondo estatal que incluya activos digitales incrementa la legitimidad y la normalización de las criptomonedas. Esto podría potenciar la llegada de inversión y desarrollo en el ecosistema local, fomentando la creación de empleos vinculados a blockchain, fintech y tecnologías emergentes. Por otro lado, la incertidumbre política en torno a la firma final del proyecto sugiere que aspectos sociales y presupuestarios seguirán siendo decisivos en la implementación. La gobernadora Hobbs ha puesto foco en la responsabilidad fiscal hacia sectores vulnerables, señalando un equilibrio necesario que los legisladores deberán encontrar para avanzar en ambas agendas.
En conclusión, Arizona está en la vanguardia del movimiento estatal para incorporar las criptomonedas en la gestión financiera gubernamental. La próxima aprobación definitiva del Proyecto de Ley Estratégico de Reserva de Activos Digitales consolidaría una nueva era de innovación pública que podría inspirar a otros estados y países. A medida que la regulación y la adopción de tecnologías blockchain se aceleran, el mundo observa de cerca cómo iniciativas como la de Arizona redefinen el papel de las criptomonedas en las finanzas oficiales y en la economía real.
