En diciembre de 2024, El Salvador alcanzó un acuerdo crucial con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras más de cuatro años de conversaciones que estuvieron marcadas por tensiones y desacuerdos, particularmente debido a la adopción del bitcoin como moneda de curso legal por parte del país centroamericano. Este acuerdo abarca un préstamo de 1.400 millones de dólares que se distribuirá a lo largo de 40 meses, con la intención de fortalecer la economía salvadoreña, mejorar su balance fiscal y reducir la proporción de deuda frente al Producto Interno Bruto (PIB). Este convenio entre el gobierno de El Salvador y el FMI es el resultado de un esfuerzo continuo para replantear el modelo económico nacional y ofrecer un mayor nivel de confianza a los inversionistas internacionales que habían mostrado preocupación ante las políticas económicas implementadas durante los últimos años. La integración del bitcoin en la economía generó fricciones directas con el organismo financiero internacional, provocando rebajas en la calificación crediticia del país y una caída significativa en los precios de los bonos salvadoreños.
Sin embargo, la actual negociación refleja un giro hacia una política más conservadora y acomodada a las recomendaciones internacionales. El presidente Nayib Bukele, cuya gestión ha estado marcada por innovadoras pero polémicas iniciativas, ha mostrado disposición para ejecutar reformas significativas que apuntan a mejorar la salud fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. Entre las medidas adoptadas se destacan la recompra de bonos del gobierno a precios reducidos, el pago anticipado de obligaciones financieras y la reestructuración de la deuda de pensiones. Estas acciones han tenido un impacto positivo en la percepción del riesgo país y han creado un escenario favorable para la aprobación del préstamo por parte del FMI. Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la modificación en la postura gubernamental con respecto al bitcoin.
Mientras que en 2021 El Salvador sorprendió al mundo convirtiéndose en el primer país en adoptar esta criptomoneda como moneda oficial, ahora el pacto con el FMI establece que el uso de bitcoin será voluntario para el sector privado. Esta maniobra pretende reducir los riesgos asociados con la volatilidad de las criptomonedas y alinea la política financiera del país con las recomendaciones internacionales para preservar la estabilidad macroeconómica. Además, el gobierno ha acordado desarmar gradualmente su participación en la billetera digital estatal conocida como Chivo, que desde su lanzamiento ha enfrentado dificultades técnicas y una adopción muy limitada. A pesar de haber incentivado inicialmente el uso con promociones como la entrega de bitcoin gratis equivalente a 30 dólares, la penetración real en las remesas digitales ha sido diminuta, con estadísticas que reflejan un uso menor al 2% para esta modalidad. El acuerdo con el FMI no solo representa un triunfo diplomático y económico para El Salvador, sino que también abre la puerta a un periodo de estabilidad que puede fomentar la confianza de inversionistas extranjeros y estimular el crecimiento económico.
La mejora de indicadores como la inflación, la gestión efectiva de la deuda y las reformas fiscales son elementos que generarán un clima propicio para la inversión y el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. Asimismo, el pacto tiene implicaciones importantes para la percepción internacional del país. Con un historial reciente marcado por experimentos económicos poco convencionales, El Salvador busca reposicionarse como un destino atractivo para capitales, mostrando además su compromiso para cumplir con los estándares y políticas internacionales que garantizan la estabilidad financiera y la transparencia. La relación entre el FMI y El Salvador evidencia también los desafíos y complejidades que enfrentan las economías emergentes al intentar incorporar innovaciones tecnológicas disruptivas, como las criptomonedas, sin comprometer su estabilidad macroeconómica. El caso salvadoreño servirá probablemente como estudio de referencia para otros países que contemplan la integración de monedas digitales en su sistema financiero.
En resumen, el financiamiento otorgado por el FMI y las reformas asociadas conforman una hoja de ruta para que El Salvador supere sus dificultades financieras, reduzca sus niveles de deuda y mantenga un crecimiento económico sostenido. El compromiso del gobierno de Bukele con estas reformas es fundamental para asegurar que las ganancias en estabilidad y confianza internacional sean duraderas. De cara al futuro, se espera que la aprobación final de este acuerdo por parte del directorio ejecutivo del FMI consolide esta etapa de cambio y que el país continúe en el camino hacia una gestión fiscal prudente, una regulación adecuada del sector cripto y un ambiente favorable para la inversión y la inclusión financiera. El acuerdo entre El Salvador y el FMI marca un antes y un después en la política económica del país y representa un compromiso renovado con la estabilidad y el desarrollo sostenible, elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de su población y fortalecer su posición en el contexto global.
